La oposición lusa lamenta que Cavaco Silva no enviase al TC el Presupuesto

Lisboa, 26 dic.- El Partido Socialista (PS), el principal de la oposición en Portugal, lamentó hoy que el presidente de la República, Aníbal Cavaco Silva, no enviase los Presupuestos del 2014 al Tribunal Constitucional (TC) para una apreciación preventiva.

"Todos los portugueses saben que cuando tenemos un problema más vale prevenir que remediar. Infelizmente, el presidente de la República no siguió esa máxima", declaró António Galamba, miembro del Secretariado Nacional del PS.

Con esta decisión del jefe de Estado -que tenía hasta el miércoles para enviar preventivamente el documento al TC-, los polémicos y austeros Presupuestos deberán entrarán en vigor el 1 de enero del 2014, excepto si, inesperadamente, decide no sancionarlos durante la primera semana de enero.

No obstante, como el pasado año hizo con los cortes en las pagas a los funcionarios y en ayudas sociales, Cavaco Silva podría promulgar el documento, pero enviar algunas leyes a la consulta del Alto Tribunal.

Para Galamba, era "deseable" que el presidente hubiese solicitado un parecer preventivo al Tribunal Constitucional, que hubiese evitado que la ley entrase en vigor en enero hasta que la corte se pronunciase.

En el último año, los trece jueces del Palacio Ratton (sede del Constitucional) ya han anulado varias medidas de ahorro aprobadas por el Ejecutivo conservador por valor de algunos miles de millones de euros.

La semana pasada consideraron ilegal un recorte en las pensiones de los funcionarios, cuyo cometido era ahorrar 400 millones de euros.

De este modo, el TC fuerza de nuevo al Gobierno a compensar esa cantidad con otras leyes.

Los Presupuestos lusos de 2014 agravan la austeridad un año más al incluir recortes en los salarios de los funcionarios y reducciones en las pensiones y en los gastos en Educación y Sanidad, y mantiene al mismo tiempo el alza de impuestos.

Según el Gobierno, el objetivo es reducir el próximo año el déficit en más de 1,5 puntos del PIB, hasta el 4 por ciento, tal y como exigen la UE y el Fondo Monetario Internacional, acreedores internacionales en el rescate financiero de Portugal.