El plazo de presentación termina el viernes.

La oposición reabre la batalla legal por los indultos en plena mesa de diálogo

Los equipos jurídicos de PP, Vox y Ciudadanos ultiman las demandas que formalizarán ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Los magistrados aún no han valorado si tienen legitimidad para recurrir.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, saluda al presidente de su partido, Oriol Junqueras, poco después de que los presos del procés hayan abandonado la cárcel.
La oposición reabre la batalla legal por los indultos en plena mesa de diálogo.
EFE

La oposición agota las horas para formalizar ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo sus demandas contra los indultos que el pasado mes de junio concedió el Gobierno de Pedro Sánchez a los nueve líderes independentistas condenados por sedición y malversación de fondos públicos. Unas duras alegaciones que PP, Vox y Ciudadanos presentarán con el objetivo de que los magistrados anulen la excarcelación y que reabrirá la batalla legal en el Alto Tribunal, ya que la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, tendrá que responder a todos los argumentos expuestos por las formaciones políticas. Todo ello sin perder de vista el panorama político que se presenta en los próximos meses, a la espera de que ERC y el Ejecutivo cierren el próximo encuentro de la mesa de diálogo de Cataluña, y en la que juega un relevante papel la negociación de los presupuestos generales del Estado. 

Los indultos se entendieron como un 'guiño' del Gobierno para "desjudicializar" el conflicto catalán y llevar su resolución a la vía política, tal y como solicitaban los sectores independentistas, y lograr así reactivar las reuniones bilaterales, cuyo primer encuentro tuvo lugar en 2020 antes de la pandemia por coronavirus. Así, la segunda mesa de negociación, liderada por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, tuvo lugar el pasado 14 de septiembre, si bien tan solo sirvió para retomar los contactos, pues se emplazaron a celebrar nuevas reuniones sin poner una fecha concreta para volver a sentarse a hablar. Por su parte, PP, Vox y Ciudadanos no aceptaron de ninguna manera los indultos a los ex miembros de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell; y los líderes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Por ello, a finales del pasado mes de junio, tras conocerse las nueve medidas de gracia aprobadas por el Consejo de Ministros, acudieron al Tribunal Supremo para anunciar sus recursos y solicitar que se suspendieran las respectivas salida de prisión mientras se resolvía el fondo del asunto, una petición que no tuvo éxito.

Los equipos jurídicos de las formaciones políticas se encuentra limando los últimos flecos de sus demandas contra los indultos, cuyo plazo para formalizarlas concluye el próximo 15 de octubre, según ha podido saber La Información. Los abogados analizan de manera pormenorizada cada uno de los puntos reflejados en los expedientes que el Supremo solicitó al Gobierno y que hace aproximadamente cuatro semanas les remitió para que pudieran argumentar por qué la decisión del Ejecutivo no cumple la ley y debe ser anulada. Se trata de un asunto muy “complejo”, apuntan fuentes jurídicas consultadas por este diario.

Por un lado, los magistrados no pueden entrar a valorar el fondo de los indultos. Es decir, la función del Supremo está limitada a comprobar si el Consejo de Ministros ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley de indulto de 1870, como son los criterios de justicia, equidad y utilidad pública; y sí el ‘perdón’ está suficientemente motivado o, por el contrario, se considera arbitrario. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que juzgó y condenó a los líderes independentistas, afirmó en su informe contrario a la concesión de las medida de gracia que no se daban ninguna de estas razones y que ninguno de los condenados habían mostrado ápice de arrepentimiento. Asimismo, también criticó que las solicitudes de indulto, planteada por terceras personas, pretendían corregir su sentencia a través del Gobierno. La Fiscalía también informó en contra, si bien estas opiniones son preceptivas pero no vinculantes.

Escasos precedentes

Por otro lado, la Sala de lo Contencioso-Administrativo tiene que analizar si los partidos políticos tienen legitimidad para impugnar en los tribunales las decisiones que son exclusivas del Gobierno, un asunto sobre el que existe escasa jurisprudencia. Uno de los casos que los magistrados podrían utilizar como base para resolver esta cuestión es el auto que dictó hace más de 10 años el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Lesmes, en relación a la petición de indulto parcial concedido en noviembre de 2011 al banquero Alfredo Sáenz Abad, condenado a tres meses de prisión y de inhabilitación por un delito de acusación falsa. El entonces magistrado del Supremo cerró la puerta a que las formaciones recurrieran los acuerdos del Consejo de Ministros al entender que la acción popular está limitada a determinados casos y que los representantes políticos no pueden escudarse para ello "en el simple hecho del cargo público que desempeñan".

El hecho de que Vox ejerciera la acusación popular contra los líderes independentistas en el proceso penal abrió un debate en la propia Sala de lo Contencioso-Administrativo sobre si tiene interés directo en los indultos y, por tanto, sí están legitimados para recurrirlos. Sin embargo, los magistrados de la Sala de lo Penal del Supremo entendieron que la acusación que ejerció la formación liderada por Santiago Abascal no le validaba para opinar contra la extinción de la pena de los líderes del 'procés', por lo que rechazó su informe.

Una vez que el Supremo reciba las demandas de PP, Cs y Vox, los magistrados darán traslado de los mismos a la Abogacía del Estado para que alegue lo que estime pertinente. Previsiblemente será en ese momento cuando los servicios jurídicos del Estado defienda que las formaciones políticas no tienen capacidad para llevar al Alto Tribunal las actuaciones del Gobierno. Las fuentes jurídicas consultadas explican que los jueces podrán estudiar este aspecto en cualquier momento de la tramitación de los recursos o esperar al dictado de la sentencia. De hecho, debido a la complejidad técnica que guarda la cuestión, su resolución podría elevarse al Pleno de la Sala si así lo considera necesario la mayoría de los miembros de la Sección encargada de analizar los indultos -la Quinta- o si lo ordena su presidente.

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