La oposición reprocha a Margallo no haber negociado la ley de acción exterior

Madrid, 15 oct.- Los grupos de la oposición en el Congreso han criticado hoy duramente el proyecto de ley de acción exterior por considerar, entre otros aspectos, que invade las competencias autonómicas en esta materia, y se han quejado de la falta de consenso con la que llega al Parlamento.

Todos los grupos han pedido su retirada y su devolución al Gobierno, excepto UPyD, cuya portavoz en la Comisión de Exteriores, Irene Lozano, ha negado que haya injerencia en las competencias autonómicas e incluso ha lamentado que no haya más controles.

Para el PSOE, este proyecto ha estado imbuido desde el primer momento por el "espíritu de la imposición", ha dicho el diputado Alex Sáez Jubero, quien ha acusado al ministro de haber "ninguneado" a partidos, al cuerpo diplomático, al mundo académico y a otros sectores de la administración a los que tampoco ha consultado.

El texto, ha advertido, tiene "demasiados recuerdos preconstitucionales" y con él, el ministro pretende dirigir "una orquesta sin músicos" al no querer contar con las comunidades autónomas en la acción exterior.

Además ha criticado la "falta de compromiso" de la ley con el principio de rendición de cuentas en el Parlamento y es, en definitiva, un "paso atrás desde el punto de vista democrático".

Sáez Jubero ha advertido del "enfoque centralista y excluyente" de esta ley y ha lamentado la "desconfianza institucional que expresa hacia las comunidades autónomas", algo "inoportuno" en pleno debate territorial y que, por eso, va a generar "rechazo y desafección".

Sobre esta misma cuestión, el portavoz de CiU en este debate, Jordi Xuclá, ha señalado que la distribución de la acción exterior en los distintos niveles de la administración se ha desarrollado hasta ahora de forma razonable.

Xuclá ha asegurado que siempre se informa "con normalidad" al Ministerio de Asuntos Exteriores de los viajes y de las misiones autonómicas al exterior y se ha preguntado si la respuesta a la apertura de oficinas de las comunidades en el extranjero va a ser su cierre violento.

Además, se ha quejado de que el proyecto legislativo no haya entrado en que los distintos ministerios continúen nombrando a sus propios consejeros en legaciones españolas, muchos de ellos cobrando más que el propio embajador.

Joan Josep Nuet, portavoz de Exteriores de la Izquierda Plural, ha abogado por "un liderazgo internacional moderno, social, avanzado, pacífico y solidario".

En la polémica sobre las llamadas embajadas autonómicas, Nuet ha señalado que el Gobierno debería considerar la acción exterior de las comunidades como un complemento a la labor del Ejecutivo.

Debe garantizarse así -ha subrayado- que éstas mantengan un margen de acción "propio y diferenciado" en el ejercicio pleno de las competencias que les atribuyen sus estatutos de autonomía.

El portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha justificado el rechazo de su grupo al proyecto porque no están de acuerdo en que la acción exterior venga "impuesta" por el Estado y no se base en la distribución de competencias, sino en una jerarquía en la que la Administración central pretende estar por encima de las autonómicas

"Las comunidades autónomas no pueden ser meros sujetos pasivos de una estrategia fijada por el Gobierno central", ha dicho Esteban, quien también ha reprochado al Gobierno que no haya negociado ni una sola vez con los grupos parlamentarios el contenido de este proyecto.

El portavoz del PNV ha pedido al ministro que la ley no mantenga la obligación de comunicar los viajes al exterior para todos los altos cargos de una administración autonómica, incluidos viceconsejeros o directores generales, algo que en su opinión "raya en lo absurdo".

Desde el grupo mixto, los diputados Jon Iñarritu (Amaiur); Alfred Bosch (ERC) y Rosana Pérez (BNG) han coincidido en culpar al Gobierno de "invadir" las "legítimas" competencias de las comunidades en cuanto a acción exterior.

Iñarritu, incluso, ha dicho que esta ley es "una razón" más de la necesidad de avanzar hacia la creación de un estado vasco propio, y Bosch la ha considerado "una auténtica ofensiva de acoso y derribo a Cataluña", además de acusar al Gobierno de "obstaculizar, amenazar y presionar incluso a embajadores de estados soberanos" para que se pronuncien en contra del derecho a decidir.

Con esta ley, ha advertido, la Generalitat tendrá menos libertad de acción en el exterior que una ONG y el presidente Artur Mas tendrá menos capacidad de hacer proyección internacional que la alcaldesa de Madrid, Ana Botella.

Desde UPyD -el único grupo que no ha presentado enmienda a la totalidad- Irene Lozano ha confiado en que se mejore el texto final durante la tramitación parlamentaria, a fin de incluir medidas para que el Estado pueda corregir o acotar cualquier actuación que perjudique o perturbe la acción exterior.

España, según UPyD, debe tener "una sola voz en el exterior y no todas las voces que las comunidades autónomas quieran tener", y la última palabra debe tenerla el Estado.