La oposición se une contra la no actualización de las pensiones

  • Todos los grupos parlamentarios del Congreso salvo el Grupo Mixto se han unido hoy para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la no actualización de las pensiones.

Madrid, 26 feb.- Todos los grupos parlamentarios del Congreso salvo el Grupo Mixto se han unido hoy para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por la no actualización de las pensiones.

En dicho recurso, los firmantes PSOE, CiU, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV y UPyD recuerdan que el artículo 50 de la Constitución contiene un mandato, según el cual, "los poderes públicos, garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad".

Dicho mandato -que desarrolla el artículo 48 de la Ley general de la Seguridad Social- contempla las reglas para la actualización de las pensiones al final de año y su consolidación al año siguiente.

Estos partidos consideran que suspender la aplicación de esas reglas cuando ya se había consolidado el derecho a percibir la cuantía derivada de la actualización es contraria a "la irretroactividad" de las disposiciones.

En declaraciones a los medios, la portavoz parlamentaria del PSOE, Soraya Rodríguez, ha subrayado que para no actualizar las pensiones habría que haberlo anunciado un año antes y no esperar hasta el último momento y, sobre todo, "no mentir".

Ha recordado que el Gobierno, había dicho hasta una semana antes de aprobarse el decreto que actuaría conforme a la ley, pero finalmente no lo hizo y que, por ello, el PSOE reclama la aplicación "estricta" de la Constitución.

CiU es la primera vez que presenta un recurso de inconstitucionalidad, según ha manifestado su portavoz, Pere Macias, porque aplicar con carácter retroactivo el "no ajuste al coste de la vida de las pensiones" es de "suma gravedad".

El líder de la Izquierda Plural, Cayo Lara, ha acusado al Ejecutivo de haber quitado 4.000 millones de euros a los pensionistas y de haber vulnerado los artículos 9, 13 y 50 de la Constitución.

También ha considerado ilegal que se haya hecho de forma retroactiva y ha dicho que se podría haber resuelto utilizando el Fondo de Reserva de la Seguridad Social (la denominada "hucha de las pensiones") tanto para compensar la paga de 2012 como la actualización de 2013.

Para el portavoz de ICV, Joan Coscubiela, el Gobierno ha llegado "al límite" con esta decisión, ya que ha "engañado" durante la campaña electoral y también después, y se ha mostrado confiado en que el Tribunal Constitucional decida "de una vez por todas" que no se puede aplicar la medida.

El diputado del PNV Emilio Olabarría ha criticado el "engaño" del Gobierno por la "pretendida subida del 1 % de las pensiones", que supone una pérdida de poder adquisitivo del 1,9 %, porque no se aplica la cláusula de revalorización automática, tomando como referencia el IPC.

Olavarría ha explicado que la retroactividad se basa en que cuando los pensionistas han ido cotizando durante 2012 lo estaban haciendo también para la revalorización y "si se les priva, se les está expoliando una parte de su propia cotización".

El portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, ha recordado a los más perjudicados de la crisis, entre los que ha citado a jóvenes o afectados por los desahucios, y ha afirmado que muchos deben volver a vivir con sus padres.

En este contexto, no actualizar las pensiones supone una "agresión social más", ha recalcado, y ha añadido que es necesario preservar la cohesión social y que, para ello, "hay otras maneras".

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