La paga extra de los funcionarios y la reforma sanitaria centran las quejas al defensor del pueblo

La supresión de la paga extra de los funcionarios, la renta activa de inserción y la nueva legislación sanitaria centraron la mayoría de las quejas de los ciudadanos a la Oficina del Defensor del Pueblo durante el pasado año 2012, según refleja la memoria anual de la institución presentada este miércoles.
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 280.592 expedientes, entre quejas (33.478), investigaciones de oficio (371) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (246.743).
En un año marcado por la recesión económica y la reducción presupuestaria, llegó a la institución un extraordinario número de peticiones de recurso de inconstitucionalidad contra normas que los ciudadanos consideran que vulneran sus derechos.
Tras estudiar detenidamente cada una de dichas peticiones, la institución consideró que algunas de las normas cuestionadas manifestaban, en ocasiones, no tanto problemas de constitucionalidad como de legalidad ordinaria.
Así, para mejorar la aplicación de algunas de estas leyes, el Defensor del Pueblo formuló numerosas recomendaciones, como las relativas a la paga extra de los funcionarios, la renta activa de inserción o la nueva legislación sanitaria.
El número de resoluciones formuladas a la Administración alcanzó una de las cifras más altas de la historia de la institución y superó el medio millar, hasta llegar a las 548, una cifra ligeramente superior a la de 2011. De ellas, 193 fueron recomendaciones, 200 sugerencias, 141 recordatorios de deberes legales y 14 advertencias.
Estas resoluciones y otras acciones de la institución han servido para corregir más del 70% de las actuaciones de la Administración puestas en entredicho por los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo.
Tal y como explicó en rueda de prensa la titular de la institución, Soledad Becerril, tras entregar el informe al presidente del Congreso, Jesús Posada, en 2012 el presupuesto de la Oficina del Defensor del Pueblo cayó un 4,5%, hasta los 14.492.900 euros, y está previsto que este año descienda un 3,2%, según acordaron las Cortes Generales.
PROBLEMAS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
En 2012, los problemas económicos y financieros han seguido siendo los protagonistas de las quejas que han enviado los ciudadanos a la institución. A esto se suma que los ciudadanos son cada día más exigentes con las administraciones y más conscientes de sus derechos y de la pérdida de servicios que con anterioridad habían recibido.
Los ciudadanos enviaron al Defensor del Pueblo 4.974 quejas relacionadas con asuntos económicos, iniciándose por parte de la institución 41 investigaciones de oficio y gestionándose 42 solicitudes de interposición de recurso.
Las principales actuaciones del Defensor en materia económica persiguieron reforzar la protección de los deudores hipotecarios y de los pequeños ahorradores. En opinión de la institución, las actuaciones emprendidas son positivas, pero insuficientes, por las limitaciones que se recogen para su efectiva aplicación.
Por ello, en noviembre de 2012 se efectuaron nuevas recomendaciones, entre ellas la conveniencia de elaborar un concepto jurídico del deudor de buena fe; regular el procedimiento de insolvencia personal, e insistir en la ampliación de las situaciones en que se extingue la deuda hipotecaria mediante la dación en pago del bien hipotecado.
El Defensor del Pueblo también investigó en 2012 la "deficiente" información facilitada por las entidades de crédito sobre las hipotecas o préstamos en divisas o el hecho de que, tras las ejecuciones hipotecarias, algunas entidades crediticias a las que se les sigue debiendo parte de la deuda dispongan de la totalidad del dinero que haya en las cuentas de sus clientes sin respetar el mínimo inembargable de salarios y pensiones.
Las quejas de los ciudadanos sobre la insuficiente transparencia de las entidades financieras también centraron la labor de la institución, destacando los numerosos escritos recibidos por la comercialización de participaciones preferentes y deuda subordinada sin la debida información a los pequeños ahorradores.
El Defensor inició una investigación de oficio ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ante la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y formuló dos recomendaciones para reforzar la protección de los clientes de productos financieros y para crear un mecanismo de reclamación extrajudicial efectivo y en sede administrativa.
En opinión de la institución, la CNMV debería disponer de mayores competencias para proteger a los inversores y además se deberían adoptar medidas sobre la compensación de los perjuicios ocasionados a los inversores.
La institución ha investigado también de oficio el establecimiento de un arbitraje para los afectados por las participaciones preferentes de Bankia. Próximamente se hará público un informe sobre las actuaciones realizadas en torno a la venta de participaciones preferentes y en el que se aportarán nuevas recomendaciones.
SANIDAD, POLÍTICA SOCIAL Y VIVIENDA
En 2012 se tramitaron 6.743 quejas en materia de sanidad y política social. Además, se iniciaron 30 investigaciones de oficio y se gestionaron 530 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Sobre sanidad, las quejas que ha recibido la institución en 2012 tienen que ver con la reducción de prestaciones sanitarias, la exclusión de colectivos del ámbito de protección de la sanidad pública, la financiación de medicamentos y la supresión de centros de urgencia en atención primaria, entre otras.
A lo largo de 2012 se recibieron también numerosas quejas relacionadas con la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia.
Los ciudadanos plantearon problemas de demoras en la valoración y reconocimiento del grado de dependencia, así como en la determinación y asignación de las prestaciones o servicios a través del correspondiente programa individual de atención.
A finales de 2012 se iniciaron actuaciones con varias administraciones tras recibir quejas en las que los ciudadanos manifestaban su disconformidad con la revisión y disminución de las prestaciones económicas para cuidados de personas dependientes.
Especialmente preocupante para la institución son los casos de familias que precisan una vivienda con carácter urgente. Así, se recibieron quejas de familias que, afectadas por el desempleo de varios de sus miembros y tras ser desahuciadas, se ven abocadas a vivir en vehículos, cuando no en la calle, sin recursos económicos y con hijos a cargo.
A pesar de la supresión de la Renta Básica de Emancipación de los jóvenes (RBE) para nuevos solicitantes, aunque se mantiene para los que ya la tenían concedida, se recibieron un 73% más de quejas que en 2011.
En sus escritos, los ciudadanos mostraban su disconformidad con la supresión de esta ayuda y denunciaban demoras en el pago de la misma.
Con independencia de la tramitación de las quejas individuales por demora, se consideró oportuno iniciar una investigación de oficio con el Ministerio de Fomento para conocer las causas que han producido retrasos en los pagos y las previsiones de regularización de esta situación.
SEGURIDAD Y JUSTICIA
En 2012 se recibieron 4.740 quejas sobre seguridad y justicia, iniciándose 81 investigaciones de oficio y gestionándose 2.262 peticiones de interposición de recurso.
Las demoras judiciales provocaron 105 quejas, preocupando en la jurisdicción penal la duración "injustificada" de la fase de instrucción. Según el Defensor, en algunos casos se corre el riesgo de que las medidas cautelares puedan llegar a suponer una pena adelantada para los enjuiciados que, finalmente, sean absueltos. La institución considera que es necesario modificar el actual sistema procesal penal con el máximo acuerdo posible.
Los problemas de colapso en los registros siguen siendo motivo de queja. A finales de 2012, la institución recibió numerosos escritos de ciudadanos que mostraban su malestar debido a que se estaban resolviendo antes los expedientes de nacionalidad de 2012 que los de años anteriores. El Defensor está investigando la situación de los expedientes de nacionalidad de 2010 a 2012, pendientes de resolución.
En el caso de los "niños robados", se siguen recibiendo quejas de personas que han presentado denuncia judicial o policial y desean que el Defensor del Pueblo se interese por su tramitación.
En materia de ciudadanía y seguridad pública, la institución se ha volcado con la defensa de los derechos de las víctimas del terrorismo. Tras reunirse con las principales asociaciones, la defensora del Pueblo formuló recomendaciones al Ministerio de Justicia para que las víctimas del terrorismo cuenten con un tratamiento específico en el Estatuto de la Víctima.
En 2012 se recibieron 32 quejas por presuntos malos tratos policiales y 58 por trato incorrecto. Según la institución, al solicitar información a la Dirección General de la Policía sobre las actuaciones policiales, se ha constatado que, a pesar de que en algunos casos se han provocado graves lesiones a los manifestantes y en otros es evidente la desproporción en el uso de la fuerza, la actividad dirigida a determinar las responsabilidades en las que pudieran haber incurrido algunos funcionarios policiales ha sido escasa.
EMPLEO, EDUCACIÓN Y CULTURA
En materia de empleo, educación y cultura se recibieron 12.932 quejas, iniciándose 28 investigaciones de oficio y gestionándose 243.909 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad.
Este área aglutina el mayor número de peticiones de interposición de recurso de inconstitucionalidad. Tras la aprobación del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, miles de funcionarios y empleados públicos se dirigieron a la institución para mostrar su desacuerdo con la supresión de la paga extraordinaria.
El Defensor adoptó la decisión de no recurrir, pero recomendó que se pagara a los funcionarios y empleados públicos la parte de la paga extra correspondiente al periodo trabajado antes de la publicación del RDL, al considerar que esta parte correspondía a un periodo de trabajo ya realizado. Sin embargo, esta recomendación no fue aceptada.
En educación, la institución reclamó una revisión de los criterios para la racionalización del gasto público en el ámbito educativo. La futura ley reguladora del sistema educativo, en opinión del Defensor, debe incluir, además de un amplio acuerdo, las previsiones y medidas de financiación adecuadas para que su puesta en marcha y su desarrollo posterior queden garantizados.
MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
Las quejas relacionadas con medio ambiente y urbanismo se elevaron a 2.336 expedientes, abriéndose 23 investigaciones de oficio. El informe destaca una investigación sobre el aeropuerto de Castellón, ya inaugurado y sin actividad.
Con esta actuación, la institución quiere conocer, entre otros asuntos, la fecha en que podría estar operativo, la diferencia entre el coste presupuestado y el real de ejecución, el origen de los fondos (públicos y privados) y las desviaciones entre las previsiones del plan director del aeropuerto y la realidad.
En relación con las mediciones de contaminación atmosférica, se realizaron sugerencias para la reducción de tráfico rodado para limitar los episodios de alta concentración de dióxido de nitrógeno (NO2) que se dan en Madrid bajo ciertas condiciones meteorológicas.
Las investigaciones realizadas por problemas de ruido fueron las más numerosas en materia de medio ambiente. La institución propuso una campaña nacional contra el ruido, recogida favorablemente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En materia de urbanismo, se emprendieron también investigaciones motivadas por quejas sobre uso no racional del suelo, solares vacíos con bloques desocupados y urbanizaciones sin terminar, pisos vacíos, alumbrado público insuficiente, estructuras de hormigón, casas a medio construir y otras situaciones de marcado abandono, así como barreras arquitectónicas.
MIGRACIONES E IGUALDAD DE TRATO
Los problemas en materia de migraciones e igualdad de trato generaron 1.814 expedientes. El aumento de ciudadanos españoles que han emigrado en 2012 motivó un incremento de las quejas por la atención consular en países de la Unión Europea que los están recibiendo.
También se recibieron quejas de españoles que se encuentran recluidos en cárceles extranjeras. Muchas de estas quejas tienen que ver con la solicitud de traslado de estas personas a prisiones españolas.
En 2012 se presentó el informe monográfico 'La trata de seres humanos en España: Víctimas invisibles', donde se recoge el resultado de 61 investigaciones de oficio y 32 expedientes de queja, así como entrevistas con 59 víctimas.