El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha dado a conocer el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo en términos de contabilidad nacional, así como los datos de déficit del Estado correspondientes a abril.
En los cuatro primeros meses del año el Estado ha registrado un déficit de 5.928 millones, un 22,2% inferior al registrado en el mismo periodo de 2017. En términos de PIB equivale al 0,49%, lo que representa una caída de 0,17 puntos porcentuales respecto a abril de 2017. Esta reducción del déficit público se explica por un incremento de los recursos del 9,4%, superior a incremento de los gastos del 5,6%.
El superávit primario del Estado, que excluye los intereses devengados, fue de 2.271 millones de euros, superior al superávit de 967 millones registrado en 2017. Los intereses devengados hasta abril de 2018 se reducen un 4,6% frente a los del año anterior, ascendiendo a 8.199 millones.
Los recursos no financieros han ascendido a 60.615 millones, lo que supone un incremento del 9,4% respecto a 2017. Los recursos impositivos, que representan el 89% el total, ascienden a 53.912 millones, lo que supone un aumento del 9,3%. Destacan el incremento del 11% del IVA, hasta los 26.719 millones, del 12% del impuesto sobre Sociedades, hasta los 7.473 y del 9,7% del IRPF, hasta los 10.991 millones.
Las rentas de la propiedad crecen un 35,6% impulsadas tanto por el mayor dividendo percibido del Banco de España, que asciende a 756 millones frente a 516 en 2017 como por las mayores rentas procedentes del domino radioeléctrico, que han sido superiores en 310 millones a las percibidas en el mismo periodo de 2017. En cuanto al resto de ingresos, las ventas de bienes y servicios aumentan un 11,8% y las transferencias recibidas de otras administraciones públicas un 10,7%.
Hasta abril los empleos no financieros han ascendido a 66.543 millones, cifra superior en un 5,6% a la de 2017. Esta evolución se explica fundamentalmente por la mayor aportación a la UE, que aumenta en un 25,7%, y el incremento de las transferencias a otras administraciones públicas en un 3,2%, a causa de las mayores transferencias a las Comunidades Autónomas que aumentan en un 9,2% como consecuencia, principalmente, de los mayores anticipos a cuenta de la liquidación definitiva de 2016, 1.046 millones, frente a los 244 millones de anticipo que se realizaron en 2017 a cuenta de la liquidación de 2015.
En sentido contrario se han comportado las transferencias a los Fondos de la Seguridad Social, que se han reducido un 12,3%, las transferencias a los Organismos de la Administración Central que descienden un 2,2%, y las transferencias a las Corporaciones Locales que disminuyen un 0,2%.
En cuanto al resto de gastos, destaca el incremento de los gastos de formación bruta de capital hasta los 3.255 millones frente a 1.426 millones registrado en el mismo periodo del año anterior. Las prestaciones sociales han aumentado un 3,4% hasta los 4.737 millones, de los cuales 4.083 corresponden a pensiones de clases pasivas que crecen un 4,1%. También aumentan ligeramente la remuneración de asalariados en un 0,3% y los consumos intermedios en un 1,6%.
Entre los gastos que descienden destacan los intereses, que se reducen un 4,6% y la ayuda a la inversión y otras transferencias de capital que descienden un 44,2% hasta los 183 millones. La evolución de esta partida se debe a que en 2017 se efectuó una aportación al ADIF Alta Velocidad de 187 millones, sin correspondencia en 2018.
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