Las Palmas de Gran Canaria, 27 mar.- La Confederación Canaria de Empresarios (CCE) observa con "suma preocupación" el proyecto reforma del sector eléctrico en las islas impulsado por el Gobierno central, porque cree que "compromete la seguridad del suministro" e introduce "dosis inasumibles de inseguridad jurídica".
En el caso de Canarias, la reforma del sector energético en los territorios extrapeninsulares incluye medidas como la de limitar las inversiones en generación a aquellos operadores que ya tienen una cuota superior al 40 por ciento y traslada la gestión de las centrales hidroeléctricas de bombeo y de las plantas regasificadoras a Red Eléctrica de España y Enagás, respectivamente.
Todas esas medidas impactan sobre Endesa, principal operador de Canarias, que se vería fuera de la gestión de las futuras plantas regasificadoras del archipiélago (proyecto en el que participaba) y se quedaría al margen de una obra que el Cabildo de Gran Canaria le había adjudicado en concurso público, la central de Chira-Soria.
La patronal de la provincia de Las Palmas advierte de que "los intentos de incrementar la competencia en los mercados a partir de procedimientos de expropiación forzosa, o la suspensión de derechos otorgados en concurso público, introduce dosis inasumibles de inseguridad jurídica", con el resultado de poner en "riesgo la viabilidad de costosas inversiones" y desincentivar "la inversión en infraestructuras de generación eléctrica en las islas". EFE
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