Los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional ya han tomado posesión. Los miembros cuyo mandato caducó en 2019, entre ellos el hasta ahora presidente Juan José González Rivas, han recogido ya toga y pertenencias de sus despachos para dar paso a Concepción Espejel, Ramón Sáez Valcárcel, Inmaculada Montalbán y Enrique Arnaldo. Así, se daba por cumplida la renovación de este órgano constitucional. Ahora PP y PSOE tienen que terminar de afrontar otra difícil negociación, la relativa al Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), que el próximo 4 de diciembre cumplirá tres años en funciones y que desde el ámbito judicial se espera que se cierre antes de las Navidades.
Las vinculaciones políticas de los aspirantes parecieron empañar el pacto que el representante del Gobierno, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, alcanzaron el pasado 21 de octubre. Pero la aparición en prensa de las actividades pasadas de uno de los ya magistrados del órgano máximo intérprete de la Carta Magna llegaron a generar dudas en el Congreso de los Diputados, incluso en su nueva ‘casa’ durante los próximos nueve años, sobre su idoneidad para ejercer un cargo en el tribunal.
Enrique Arnaldo ha sido puesto en el punto de mira tras destacarse que ejerció la defensa del consejero madrileño del PP Enrique López en unas diligencias abiertas por un incidente de tráfico después de que la Policía le pillara conduciendo su moto sin casco y ebrio, motivo por el que presentó su dimisión como magistrado del TC. Asimismo, también se desveló su relación con el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, con quien aparece hablando en los audios del caso 'Lezo’, que se investiga en la Audiencia Nacional, sobre las gestiones que podría hacer para colocar a un fiscal general del Estado, en sustitución de Consuelo Madrigal, que fuera “bueno” y no perjudicara al expolítico en las investigaciones sobre el ático que éste tenía en Estepona (Málaga). Pero tampoco ha pasado desapercibido en distintos medios de comunicación las veces que se habría saltado las normas mientras ocupó cargos en la Universidad Rey Juan Carlos o como letrado de las Cortes.
Vetos a jueces afines
Distintas fuentes del órgano de gobierno de los jueces consultadas por La Información explican que el escándalo sobre la ‘cercanía’ de Arnaldo al PP y a exdirigentes imputados por corrupción han provocado un nuevo bloqueo de la negociación de los próximos 20 vocales del CGPJ. En este sentido, recuerdan que las conversaciones en los últimos tres años se han visto frustradas por los vetos que una y otra formación política han impuesto sobre jueces afines, si bien señalan que la polémica relacionada con el catedrático de Derecho Constitucional habría hecho que los socialistas no vean ahora motivos justificados para acceder a las exigencias del partido de Pablo Casado para no incluir en las listas a algunos de sus candidatos. Por su parte, fuentes políticas apuntan que no hay nada cerrado aún y rebajan las expectativas de que la renovación pendiente pueda alcanzar el éxito en las próximas semanas.
Una vez que Arnaldo, y sus compañeros, ha tomado posesión en el Tribunal Constitucional, este asunto ha quedado zanjado, por lo que las fuentes del CGPJ entienden que PP y PSOE se pondrán ya manos a la obra para llegar a un acuerdo definitivo y encontrar los sustitutos de los vocales en funciones. Así, subrayan que posiblemente después del puente de la Constitución, y como muy tarde en torno a las Navidades, se cerrarán los nombres para que no se vaya mucho más allá del tercer aniversario de la situación de interinidad en la que se encuentra el órgano de gobierno de los jueces.
Precisamente la situación de bloqueo del CGPJ veía su inicio el 19 de noviembre de hace tres años, cuando la revelación de un whatsapp truncaba el pacto cerrado entonces, y en fecha. El exsenador y exdirector general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, reenviaba un mensaje en un grupo que tenían los ‘populares’ en la Cámara Alta para responder a las críticas o dudas surgidas sobre la negociación llevada a cabo entre el exministro de Justicia Rafael Catalá y su sucesora, Dolores Delgado, actual fiscal general de Estado. El texto celebraba que el pacto permitiría “controlar la Sala Segunda desde detrás”, en alusión a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. La polémica que se generó hizo que el presidente de esa misma Sala, el magistrado Manuel Marchena, que había sido elegido como el sustituto de Carlos Lesmes en la Presidencia del CGPJ, renunciara a la oferta.
Labor "honesta, constante y discreta"
Aunque la tarea política en el TC ya ha terminado, los nuevos magistrados de este órgano seguirán bajo lupa en la etapa que ahora inician, y en la que en breves recibirán los primeros asuntos en los que tendrán que poner todo su conocimiento jurídico para fijar jurisprudencia y doctrina. El presidente del órgano de garantías saliente ha resaltado durante su discurso de despedida, pronunciado en la toma de posesión de los miembros recién elegidos, que la labor de todos los magistrados debe ser “honesta, constante y discreta” y debe estar lejos de la "crispación, crítica o estridencia". Cabe destacar que González Rivas tenía previsto subrayar la necesidad de que los integrantes del tribunal sean “ejemplo de virtud y decencia”, pero finalmente ha optado por pedir únicamente ejemplaridad para garantizar los principios constitucionales.
Este viernes por la tarde se celebrará la sesión del Pleno gubernativo del TC, el primero en el que participaran Espejel, Arnaldo, Sáez Valcárcel y Montalbán, para elegir, mediante votación secreta, al nuevo presidente del Tribunal Constitucional. Salvo sorpresas inesperadas, recaerá en Pedro González-Trevijano, cuyo mandato expira en junio de 2022, junto al de otros tres magistrados, cuyos sustitutos tendrán que ser escogidos por el Gobierno y por el CGPJ. Con este contexto presente, fuentes jurídicas consultadas por este diario explican que al Ejecutivo le interesa acelerar ya la renovación del órgano que preside Lesmes, ya que si éste para entonces sigue en funciones, y por tanto sin poder hacer nombramientos, la designación directa que le corresponde al Gobierno se podría ver bloqueada, y en consecuencia retrasar la sustitución de los puestos que ahora mismo ocupan magistrados del bloque conservador.
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