La pieza 9 del caso ‘Tándem’, relativa a los contratos del banco BBVA con el comisario jubilado José Manuel Villarejo entre 2004 y 2017, y por los que el agente encubierto habría recibido 10,2 millones de euros por labores de espionaje a empresarios, políticos y periodistas, encara ya su recta final. No obstante, antes de que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, acuerde el cierre de esta línea de investigación, algunos de los exdirectivos de la entidad financiera imputados están estudiando la posibilidad de pedir una segunda oportunidad para aclarar ante el juez su presunta implicación en los hechos.
Se trata de aquellos responsables del banco que, cuando fueron llamados a declarar como investigados por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, se acogieron a su derecho a no responder a las preguntas que les formularon, dado que las actuaciones en ese momento estaban sujetas al secreto de sumario. Ahora, una vez que ya el secreto no actúa --desde febrero de 2020--, y que los investigados conocen exactamente qué hechos se les puede atribuir indiciariamente, las defensas analizan la conveniencia de pedir voluntariamente una segunda comparecencia.
Según fuentes cercanas al caso consultadas por La Información, si el juez acepta celebrar estas comparecencias planteadas a última hora, su señalamiento no podría retrasarse mucho, ya que magistrado y fiscales estiman tener acabada la instrucción de esta pieza en otoño. Por el momento, fuentes jurídicas consultadas por este diario aseguran que la defensa de Eduardo Arbizu, ya ha decidido pedir declarar voluntariamente para explicar qué grado de participación tuvo en los contratos con Villarejo.
Arbizu fue responsable de Regulación y Control Interno de la entidad hasta el día después de que se imputara al BBVA como persona jurídica en esta causa. Durante la mayor parte de la etapa de Francisco González --también investigado-- al frente de la entidad bancaria, ejerció como director del área de servicios jurídicos. Su primera citación judicial en la novena pieza del conocido como caso 'Villarejo' tuvo lugar hace más de un año, el 19 de diciembre de 2019.
Ese mismo día también fueron convocados otros investigados como Juan Asúa, asesor del actual presidente de la entidad financiera, Carlos Torres; el que fuera jefe de Riesgos de la entidad Manuel Castro; y el ex responsable de los servicios jurídicos Eduardo Ortega. Todos ellos se acogieron a su derecho a no declarar amparándose en el secreto de sumario, al igual que ya habían hecho otros investigados.
'FG' negó relaciones con Villarejo
Estos cuatro responsables de la entidad bancaria en el momento de los hechos investigados acudieron a la Audiencia Nacional justo 24 horas después de que el que fuera presidente del BBVA entre los años 2000 y 2018, Francisco González, compareciera también ante el juez García Castellón y no pusiera impedimento alguno a contestar a todas las preguntas pese al secreto de sumario.
Durante las más de dos horas de su comparecencia, 'FG', como se le conoce en el mundo económico, negó haber tenido algún tipo de relación con la actuación de Villarejo. De hecho, a su salida de la sede judicial defendió ante los medios de comunicación "que el grupo BBVA y sus directivos siempre han trabajado de manera íntegra y ejemplar", sin perjuicio, "de que hubiera alguna conducta individual de carácter irregular" que él desconoce.
Cinco meses antes, en el mes de julio, el juez citó al ex consejero delegado del BBVA Ángel Cano, quien también se negó a declarar bajo el mismo pretexto, al igual que el ex miembro del consejo de administración de Garanti, filial turca de la entidad, Ricardo Gómez Barredo; el exdirector de Red Banca Comercial en la entidad Ignacio Pérez Caballero; el que fuera responsable de Finanzas Javier Malagón Navas; y los sucesivos responsables de seguridad del banco Nazario Campo Campuzano, Inés Díaz Ochagavía y Julio Corrochano.
Para este último, investigado por ser presuntamente el interlocutor del comisario jubilado con la directiva del banco, el juez de la Audiencia Nacional acordó la medida cautelar de libertad provisional bajo fianza de 300.000 euros, que abonó unos días después para evitar ingresar en prisión.
Las fuentes jurídicas consultadas no han podido confirmar si alguno de estos investigados se han sumado a la estrategia de Arbizu y ha solicitado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 una segunda declaración, aunque destacan que sus defensas sopesan hacerlo.
Una carpeta con facturas y contratos
Cabe recordar que Díaz Ochagavía ya compareció el pasado mes de marzo, a petición propia. Su declaración fue un tanto polémica, ya que en un primer momento informó al juez de que conserva un dossier con un documento 'excel' --una hoja de cálculo-- con todas las facturas relacionadas con el Grupo Cenyt, empresas de Villarejo, y con los contratos escaneados firmados. Según explicó la sustituta de Corrochano en el departamento de Seguridad, a raíz de unas noticias aparecidas en mayo de 2018, se creó un grupo de trabajo, dirigido por Arbizu y el responsable de Comunicación, Paul Tobin, para recopilar documentación sobre la contratación y los servicios prestados por el comisario jubilado.
Sin embargo, al día siguiente, la jefa de Seguridad del BBVA, siguiendo la recomendación de su abogado, comunicó que no entregaría la carpeta, pese a la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción de poder acceder a dicha documentación para comprobar si hay facturas o contratos no incluidos en el sumario.
El banco aclaró en ese momento que todo el contenido de dicho dossier es el mismo que ya obra en el sumario de la causa. Aún así, ello suscitó dudas en uno de los perjudicados de los espionajes del comisario jubilado en el marco de los contratos con BBVA, el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, que solicitó la entrada y registro del domicilio y despacho de Díaz Ochagavía. El juez rechazó esta petición y zanjó este asunto.
Discrepancias con el banco
Junto a Francisco González, el único que rompió desde el principio el silencio fue el exdirector de Riesgos y Recuperaciones Inmobiliarias del BBVA Antonio Béjar, que ha comparecido en sede judicial al menos hasta en cuatro ocasiones. En sus declaraciones aseguró que la entonces cúpula del banco tenía conocimiento de los encargos a Villarejo y apuntó a Corrochano --quien aparece en las grabaciones de las conversaciones del expolicía-- como la persona que ordenó contratar con el entramado empresarial del agente encubierto.
Asimismo, el que también fuera presidente de Distrito Castellana Norte (DCN) mantiene fuertes discrepancias con la defensa del banco. Béjar rebate que el informe 'forensic' realizado por PwC sobre los servicios abonados a Villarejo y los responsables de autorizar esos pagos le relacionaran con estas facturas. Por ello, insiste en que la actual jefa de los servicios jurídicos del BBVA, María Jesús Arribas, acuda como testigo a la causa para explicar esta documentación, algo a lo que la entidad presidida por Carlos Torres se opone alegando que ésta no puede aportar ningún dato, ya que no elaboró dicha información.
En cualquier caso, el abogado de Béjar ha conseguido que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordene al banco que le devuelva todos los correos corporativos y agendas para reforzar su defensa. El exdirectivo siempre se ha escudado en que siguió órdenes de Corrochano.
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