La población del Sinaí sufre la guerra contra el terrorismo

Marina Villén

El Cairo, 8 nov.- Las autoridades egipcias defienden contra viento y marea que las operaciones de seguridad en la península del Sinaí son la fórmula adecuada para erradicar a los extremistas, frente a otras voces que advierten de que las campañas que afectan a la población local son contraproducentes.

Tras el ataque terrorista que acabó con la vida de una treintena de soldados en el norte de la península el 24 de octubre, el presidente Abdelfatah al Sisi ordenó reforzar el contingente militar en la zona, y decretó el toque de queda y el estado de emergencia, además del desalojo de más de un millar de familias en la frontera con Gaza.

Todo ello en medio de un casi total hermetismo y sin permitir el desplazamiento de periodistas a la zona.

Para el activista del Centro Egipcio por los Derechos Económicos y Sociales Ismail Alexandrani, que ha realizado durante años trabajos de campo en el Sinaí, el régimen apuesta por "un plan de seguridad que está mal enfocado".

"No tiene sentido acusar a la frontera de ser la principal razón del terrorismo. El movimiento de armas se produce del Sinaí a Gaza y no al contrario", afirmó a Efe Alexandrani durante una entrevista.

Las autoridades consideran, por el contrario, que los túneles ilegales, que comunican ambos territorios en la localidad limítrofe de Rafah, han sido utilizados tanto para el contrabando de bienes hacia la Franja de Gaza, como para la entrada de extremistas en Egipto.

Esa es la principal razón que esgrime El Cairo para justificar el plan para el desalojo de Rafah y otras zonas de la frontera, que solo en su primera fase incluye la demolición de unas 800 viviendas situadas a menos de 500 metros de Gaza, con el fin de destruir los túneles que se ocultan bajo muchos de sus suelos.

La situación en esta región ha estado marcada, desde que en 1982 este territorio fue devuelto a Egipto por Israel, por la negligencia gubernamental y un vacío de seguridad, en parte debido al acuerdo de paz firmado en 1979 que estipulaba la desmilitarización de la zona.

Pero, tras la revolución que desbancó del poder a Hosni Mubarak en 2011, la situación se desbordó y El Cairo decidió enviar refuerzos ante los crecientes ataques yihadistas, que se intensificaron con el derrocamiento del islamista Mohamed Mursi en julio de 2013.

El abrupto terreno, el escaso despliegue tradicional de efectivos de seguridad y la falta de afinidad de gran parte de la población con el Gobierno central, al que acusan de discriminarlos, han favorecido, según los expertos, la expansión en el Sinaí de grupos yihadistas.

Desde el Centro de Estudios Estratégicos Al Ahram, el experto en asuntos militares Mohamed Kadri Said, no duda en subrayar a Efe la idoneidad de la estrategia de las autoridades e insiste en que "el desalojo era necesario en un cien por cien porque es un área sensible".

Alexandrani denuncia, sin embargo, que esta medida es "un crimen constitucional" que ha provocado una "crisis humanitaria", alegando que las entre 6.000 y 10.000 personas afectadas han sido forzadas de un día para otro a abandonar sus casas sin un plan real de asistencia.

Fuentes de la administración local consultadas por Efe señalaron que una segunda fase podría abarcar las viviendas situadas hasta a 1.500 metros de la frontera, lo que supondría la destrucción casi total de Rafah.

El jefe de las tribus de esta zona, Isa al Jarafin ha denunciado que la destrucción de zonas pobladas supone una discriminación hacia la población local.

Una fuente de seguridad reconoció a Efe que las autoridades no pueden permitirse perder el apoyo de las tribus del norte del Sinaí como los Sawarka y los Tarabin, buenos conocedores del terreno y cuya ayuda es fundamental en la lucha contra los yihadistas.

El analista de Al Ahram se muestra convencido de que las operaciones tendrán éxito, aunque reconoce que tomarán "un largo tiempo".

Una visión opuesta a la de Alexandrani, que prevé ataques "más sofisticados" del grupo yihadista Ansar Beit al Maqdis, el más activo e influyente, y cuyos miembros son mayoritariamente egipcios.

Said y Alexandrani coinciden en afirmar que aunque hay locales del Sinaí en las filas extremistas, la mayoría no comulga con estas ideas takfiríes; aunque el activista advierte de que las operaciones de seguridad pueden radicalizar a la población.

Las campañas de castigo colectivo lanzadas por los cuerpos de seguridad no son nuevos. Los arrestos masivos y arbitrarios fueron la norma en el Sinaí durante la era Mubarak, sobre todo tras los sangrientos atentados de 2005 en la localidad turística de Sharm al Sheij.

Según Alexandrani "hay cientos de víctimas inocentes y las operaciones son peores que con Mubarak", lo que no deja de favorecer el caldo de cultivo para que los yihadistas ganen adeptos entre una población castigada, pobre y sin expectativas, concluye.