El Cairo, 4 abr.- La Cámara alta del Parlamento egipcio trasladará "pronto" la controvertida ley electoral al Tribunal Constitucional para que este examine si respeta la Carta Magna, informó hoy a Efe el portavoz del Partido Libertad y Justicia (PLJ).
El responsable del PLJ, brazo político de los Hermanos Musulmanes, Ahmed Subaya, aseguró que el Constitucional se pronunciará en un plazo mínimo de 45 días sobre la validez de la ley, aprobada ayer por la Cámara alta.
La ley ha estado envuelta en polémica desde su comienzo ya que los fallos en su tramitación -que no recibió la luz verde del alto tribunal- provocaron la suspensión de la convocatoria de elecciones legislativas por orden judicial el pasado 13 de marzo.
Tras esta etapa, la Cámara Alta o "Shura", dominada por los islamistas, ha vuelto a hacerse cargo de la ley y ha aprovechado para introducir algunos cambios rechazados por los opositores.
El nuevo texto conocido esta semana permite el uso de lemas religiosos en la campaña electoral a propuesta del partido salafista Al Nur y del PLJ, algo que antes estaba prohibido.
El presidente del Partido Egipto Fuerte, Abdelmoneim Abul Futuh, tachó esa decisión en un mensaje en Twitter de "inaceptable" y precisó que "el islam es un elemento común y no se puede convertir en una herramienta para conseguir votos".
Por su parte, el miembro de la Ejecutiva del partido islamista moderado Egipto Ahmed Aiz consideró que "el apego del PLJ a las consignas religiosas demuestra la gran preocupación de esa formación por la perdida de apoyo popular".
La primera versión de la ley electoral fue rechazada el pasado 18 de febrero por el Constitucional, que consideró que cinco artículos eran inconstitucionales.
La corte decidió devolver la norma a la Cámara alta, que actualmente ejerce todo el poder legislativo, para que enmendara esos artículos.
El conflicto surgió a raíz de que la "Shura" sacó adelante la ley sin volver a remitirla al Constitucional para que este diera su visto bueno, y el presidente Mohamed Mursi convocó los comicios.
Por ello, el pasado 13 de marzo, un tribunal administrativo ordenó suspender la convocatoria de las elecciones parlamentarias, cuyo comienzo estaba previsto para el próximo 22 de abril.
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