La Policía Nacional ha certificado al juez encargado de investigar al comisario jubilado José Manuel Villarejo que el escalafón no es de acceso público. Así se señala en un informe policial remitido al titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, que requirió esta información después de achacar al exdirector de Seguridad de Repsol Rafael Araujo, y al de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño, una actuación "negligente" por contratar en 2011 al agente encubierto sin antes comprobar su situación administrativa. También lanzó una crítica similar a Antonio Asenjo, exjefe del mismo área en Iberdrola.
En los casi cuatro años que lleva investigándose esta macrocausa, el juez de la Audiencia Nacional no ha tenido dudas de que Villarejo seguía constando como policía en activo durante la época en la que éste realizó diversas labores de investigación para grandes compañías del país, algunas de ellas del Ibex 35. Así lo destacó a principios de julio en sendos autos de imputación de Repsol y CaixaBank, por un lado, y de Iberdrola Renovables Energía, por otro, en los que atribuyó toda la responsabilidad de las presuntas irregularidades en los pagos al agente encubierto a los entonces responsables de los departamentos de Seguridad de dichas empresas por no haber comprobado el escalafón policial. En concreto, el magistrado que instruye el 'caso Tándem' reprochó a estos exdirectivos, que en su etapa profesional anterior habían sido policías, su actuación al considerar que "cualquier funcionario de la Policía" podía acceder con facilidad a dicha información, ya que se publica anualmente en la Orden General de la Dirección de la Policía.
Sin embargo, la defensa de Fernández Rancaño -comisario que abandonó el servicio activo en 2005- rebatió dicha afirmación, al asegurar que el escalafón "no era ni es de acceso público, sino que se encuentra restringido a los funcionarios en activo, requiriendo determinadas claves y contraseñas". En paralelo, en el marco de la línea de investigación centrada de la contratación de Villarejo por parte de Iberdrola, Asenjo presentó un escrito defendiendo los mismos argumentos. Así, en este contexto y abierto el debate, el juez instructor solicitó el pasado 22 de julio a la Policía Nacional que certificara la situación administrativa de José Manuel Villarejo entre el año 2007 en adelante. También requirió que informara del régimen de publicidad del escalafón y que aclarase "si los agentes que no están en activo pueden consultar esta orden".
Dicho informe policial con fecha del pasado 27 de julio y elaborado por la División de Personal, ya se ha incorporado a la causa en el marco de la pieza 21 de la macrocausa, la relativa a los contratos de Villarejo con Repsol y CaixaBank. Según indica el documento, al que ha tenido acceso La Información, el historial de Villarejo refleja que desde 1973 hasta 1983 se encontraba en "activo" y "prestando servicio". A partir de esa fecha pasó a estar en "situación de excedencia por interés particular", por lo que dejó de aparecer en el escalafón del personal en activo, hasta que reingresó en el Cuerpo en 1993, permaneciendo en él, en "situación de activo", hasta el 22 de junio de 2016 cuando se jubiló.
Acceso a través de la intranet
Asimismo, el oficio policial explica que hasta el año 2013, inclusive, se publicaba cada cuatro años en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Orden Ministerial por la que se aprueba el escalafón. No obstante, la norma sufrió varios cambios posteriormente, llegando a establecerse en el año 2016 que la publicación de dicha información se realizara anualmente. Entrando más en detalle, el informe subraya que las Órdenes Generales de la Policía Nacional, a las que hacía referencia el juez instructor, efectivamente recoge las correspondientes órdenes ministeriales, y además incluyen las resoluciones del Director General de la Policía, en la que se adjuntan los anexos del escalafón; y el comunicado de la División de Personal, en el que se indica cómo consultar dichos anexos. Pero todo ello se difunde "para conocimiento general de todos los funcionarios" en una intranet denominada 'Webpol', a la que "sólo se tiene acceso, en principio, por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, en activo y que dispongan de un ordenador en alguna de las dependencias de la Policía Nacional", precisa.
Hasta el año 2018, el escalafón se publicaba de "diferentes formas", ya que se difundía "en papel" en las Secretarías de las Dependencias y a través de la web de la División de Personal. El acceso a dicha documentación se hizo más "restrictivo" un año después con motivo de la nueva Ley de Protección de Datos, limitando dicha publicación a la red corporativa, a la cual solo pueden acceder los funcionarios con su carné profesional o con "claves individuales e intransferibles", concluye el informe de la Policía.
Este informe ha sido notificado a las partes en un momento en el que ni Repsol ni CaixaBank están siendo ya investigadas. El juez García Castellón acordó el archivo de la macrocausa con respecto a estas dos empresas tan solo 20 días después de imputarlas. También sacó del procedimiento al presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al de la Fundación La Caixa, Isidro Fainé. Una decisión que ha sido recurrida directamente por la Fiscalía Anticorrupción y el expresidente de Sacyr Vallehermoso Luis del Rivero (personado como perjudicado) ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A ello se suma que este mismo lunes, el magistrado ha acordado poner fin a la instrucción de esta vigésimo primera pieza separada, exonerando también a cuatro exdirectivos de ambas compañías que estaban siendo investigados.
"Autonomía para elegir a los proveedores"
Del mismo modo, el juez instructor ha propuesto juzgar, además de a Villarejo, a Rafael Araujo y Miguel Fernández Rancaño, y al subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de la petrolera Rafael Girona. En su auto, García Castellón ya no hace referencia a la falta de comprobación de la situación administrativa del comisario jubilado antes de acceder a su contratación, pero insiste en otorgar toda la responsabilidad de este negocio a los responsables de Seguridad. En este sentido, subraya que ambos directivos gozaban de "autonomía en la elección de sus proveedores, para aprobar el gasto, recibir la factura y aprobar su pago". Según consta en el sumario, el Grupo Cenyt, entramado empresarial liderado por el comisario jubilado, habría recibido 413.000 euros por lo que denominó 'proyecto Wine', cuyo objetivo era frustrar el pacto entre Sacyr y la petrolera mexicana Pemex para hacer con el control del Consejo de Administración de Repsol.
En cuanto a Iberdrola, esta línea de investigación sigue en curso, pues el juez instructor aún tiene pendiente llamar a declarar como investigados en la pieza 17 del 'caso Tándem' a su presidente, José Ignacio Sánchez Galán, y a su cúpula directiva en el momento de la contratación del agente encubierto. También tendrá que comparecer el representante de la filial Iberdrola Renovables Energía, imputada por establecer relaciones comerciales con Villarejo a partir de 2011 -año en el que se introdujo la responsabilidad penal de las empresas como personas jurídicas-, para presuntamente espiar a Eólica Dobrogea, sociedad suiza con la que la eléctrica española se había aliado para acometer proyectos en Rumanía.
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