La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de conseller de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías. Aceptó de un empresario un rifle a cambio de contratos, informa El Mundo.
Los agentes han desplegado una operación en Valenciaen la que se están produciendo diferentes registros, han informado fuentes conocedoras de la investigación. Las fuerzas de seguridad se ha personado esta mañana en las dependencias de la Conselleria de Gobernación y en el domiciliodel ex conseller.
Castellano ha ocupado diversos puestos de responsabilidad dentro del PP desde 1991 y ha sido conceller de Justicia, Sanidad o Gobernación. Hace unos días, aparecía abrazando a Rita Barberá tras los malos resultados del Partido Popular en Valencia.
La Policía ha detenido a ocho personas más junto a Serafín Castellano. El Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto (Valencia) es el encargado de dirigir esta operación. La causa ha sido declarada secreta, han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
La Policía ha desplegado a primera hora de este viernes la operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción. Se produce después de que laFiscalía especial contra la Corrupción y el Crimen Organizadopresentara una denuncia contra él a raíz de que un contratista denunciará que el delegado, entonces conseller de Gobernación,aceptó de un empresario un rifle a cambio de contratos, apunta el diario El Mundo.En primera línea política desde hace 15 años
Serafín Castellano, la eterna pieza del Gobierno valenciano que fichó el entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana en el año 1999 y que ha permanecido en primera línea política durante 15 años, ha acabado siendo detenido este viernes por agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía.
Su arresto se ha producido en un momento en el que estaba ocupando el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, puesto al que fue destinado el pasado mes de junio de 2014. Esta fecha puso fin a su etapa en el Gobierno valenciano, y desde entonces ha estado representando en la autonomía al Ejecutivo nacional.
Castellano, de 51 años, natural del municipio valenciano de Benissanó y licenciado en Derecho por la Universitat de València (UV), ha estado ligado casi toda su vida a la política. Con tan solo 27 años fue alcalde de su localidad, cargo que ocupó desde 1991 y hasta 1999.
De ahí ya pasó a hacerse un hueco en el Gobierno valenciano de la mano de Eduardo Zaplana, y supo mantenerse en primera línea política durante 15 años, a pesar de ser considerado como 'zaplanista', resistiendo con otros presidentes de la Generalitat como José Luis Olivas, Francisco Camps --a quien se le llegó a escenificar un "plante" por los afines a Zaplana-- y Alberto Fabra.
En esta larga etapa, Castellano, conocido por su afición a la caza y a la pilota valenciana, ha dirigido diversas carteras, como la de Justicia y Administraciones Públicas, la de Sanidad y la de Gobernación. En sus últimos días en el Consell unía en su departamento Gobernación y Justicia.
Este veterano de la escena política valenciana ha sido también diputado autonómico por Valencia desde la tercera legislatura y hasta su nombramiento como delegado del Gobierno. En el ámbito parlamentario ha tenido diferentes responsabilidades como portavoz del grupo parlamentario popular o ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana.
Asimismo, de 1995 a 1999 presidió la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y, en el seno del Partido Popular, ha sido coordinador general de PPCV, vicesecretario general de la Comunitat Valenciana, presidente provincial de Valencia y secretario general de los 'populares' valencianos.
Fue en junio de 2014 cuando el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, acordó, en una reunión mantenida con los presidentes provinciales y con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sustituir a Castellano al frente de la secretaría general del partido por la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig.
A partir de esa fecha pasó a ocupar el cargo de delegado del Gobierno en la Comunitat, sustituyendo a Paula Sánchez de León. Casi cuando iba a cumplir un año en este puesto, la Policía, sus subordinados, le han arrestado en una operación coordinada por Fiscalía Anticorrupción de Valencia y a requerimiento judicial.Salpicado por otros casos de corrupción
Castellano, en su trayectoria pública, se ha visto salpicado por otros presuntos asuntos de corrupción, que no han llegado a cuajar en su contra. Entre ellos, está el conocido como 'caso Taroncher', que finalmente fue archivado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cuando consideró que no se habían objetivado indicios de cierta consistencia o solidez sobre hechos constitutivos de infracción penal.
En este caso fue la Asociación contra la Corrupción la que interpuso la querella contra Castellano, su mujer, el empresario José Miguel Taroncher y la esposa de este último por presuntos delitos de prevaricación, malversación decaudalespúblicos, un delito de negocio y actividades prohibidas a los funcionarios y los abusos en el ejercicio de su función en relación a unas contrataciones supuestamente irregulares adjudicadas a Construcciones Taroncher por el exconseller desde los distintos departamentos por los que ha pasado en la Administración valenciana.
Esta misma asociación también le denunció siendo aún conseller por seis adjudicaciones que hizo a la empresa Over Marketing --investigada en el caso 'Palma Arena'-- y Comunicación S.L. por 2.981.358 euros en su etapa en la Conselleria de Sanidad, entre los años 2000 y 2003. El caso se judicializó en 2014 para investigar una posible malversasción en los contratos firmados entre Sanidad y la empresa, y se admitió una querella contra dos ex altos cargos de Sanidad --secretario general y director general de Recursos Humanos-- y una tercera persona cuya identidad no ha trascendido.
Según las denuncias formuladas sobre este caso por EUPV, la Generalitat adjudicó a esta empresa contratos por más de seis millones de euros entre 2002 y 2005"en adjudicaciones a dedo de contratos emnores o en concursos en que la ofertad de esa empresa no era la más barata".
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