El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama creó a principios de marzo una pieza separada para indagar en la financiación a clientes del Banco Popular para que participaran en la ampliación de capital que se aprobó en mayo de 2016 por más de 2.500 millones de euros. Una pieza que se ha mantenido en secreto poco más de un mes y que este mismo miércoles se ha alzado para dar acceso de las diligencias practicadas a las partes de su contenido. Según consta en la documentación, la Policía Judicial ha tomado declaración a más de 1.400 personas repartidas por toda España que pudieron participar o tener algún tipo de conocimiento sobre esta operación, que tuvo lugar justo un año antes de que la Junta Única de Resolución (JUR) acordara la resolución de la entidad.
Así consta en un oficio policial, con fecha del 21 de abril de 2022, al que ha tenido acceso La Información, en el que se informa del traslado de los interrogatorios a 1.417 testigos que se encontraban dentro de una "muestra marcada por los peritos" del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Unas declaraciones que, según subraya la Policía en su escrito, se han practicado "sobre el total de todas las provincias, más Ceuta y Melilla". Más de 100.000 inversores se vieron afectados por esta ampliación.
El juez Calama decidió formar esta pieza separada con el objetivo de recabar más datos sobre cómo se llevó a cabo la operación de financiación de clientes para facilitar su acceso a la ampliación de capital y si en ésta se incurrieron en irregularidades. Cabe recordar que dicha emisión de acciones es uno de los motivos por los que el anterior juez instructor del caso, Fernando Andreu, aceptó abrir una causa judicial en octubre de 2017 para conocer todas las causas que pudieron provocar la caída del Popular unos meses antes. De hecho, el actual magistrado instructor, José Luis Calama, advirtió en el auto por el que acordó ampliar el plazo de investigación otros seis meses más que ahora se centraría en conocer todos los detalles de esta operación. En concreto, lo que se pretende aclarar es si la Banco Popular "de forma deliberada" no restó la operación de financiación del capital regulatorio, ya que esta práctica en sí misma no es irregular, pero sí lo es contabilizar el dinero en las ratios de solvencia.
Así, tras recibir el pasado 9 de febrero un informe pericial de los expertos del Banco de España, que dieron por bueno el trabajo que hizo el departamento de Auditoría Interna de la entidad extinta sobre la financiación de clientes para que acudieran a la ampliación de capital, el juez Calama decidió la creación de una pieza separada para seguir investigando estos hechos. En tan solo nueve páginas, los peritos afirmaron que, de la documentación analizada, se deduce que en la "práctica totalidad de estas operaciones no se indica que el destino de la financiación sea la compra de acciones". Aún así, apuntaron que, entre el 25 de mayo y 30 de junio de 2016, un total de 14.229 clientes recibieron financiación por el total de 2.366 millones de euros y que "suscribieron acciones por 702 millones de euros".
"Investigación específica"
Los peritos advirtieron que la cantidad suscrita "no se puede tomar como el importe que Banco Popular hubiera debido deducir de su declaración de recursos propios computables", pues para ello habría que suponer algo "altamente improbable" como es que "todas las acciones compradas han sido financiadas". Aún así, el juez Calama puso el foco en esta cifra y motivó llevar a cabo una "investigación específica" y durante un breve tiempo secretas para evitar "interferencias que afectaran negativamente al buen fin" de las mismas. Ahora se conoce que las pesquisas estaban centradas en la declaración de personas vinculadas a dicha ampliación de capital.
Se da la circunstancia de que Ángel Ron, presidente del banco en el momento que se dio luz verde a esta operación, remitió hace unas semanas al juzgado un escrito en el que defendió que la entidad cumplió toda la normativa vigente a la hora de acometer la ampliación de capital por más de 2.500 millones de euros y que las últimas cuentas reflejaban una "imagen fiel". Para acreditar sus palabras, sus abogados solicitaron al magistrado Calama la práctica de una amplía batería de diligencias, entre la que se encuentra solicitar al Banco Central Europeo (BCE) numerosa documentación relacionada con la revisión de la calidad de los activos. Todo ello, después de que el juez de la Audiencia Nacional aceptara la petición de la Fiscalía Anticorrupción para que los peritos designados por el juzgado ampliaran un informe elaborado en abril 2019 con el objetivo de encontrar pruebas sobre la posible carencia de provisiones en ese momento en el banco.
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