Los agentes de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional acudieron la tarde de este miércoles a la vivienda del exjefe de Seguridad de BBVA Julio Corrochano, justo un día después de que éste declarara en la Audiencia Nacional como imputado en el caso 'Tándem'. El motivo fue requisar un documento concreto: el protocolo de actuación entre del Grupo Cenyt, el entramado del comisario jubilado José Manuel Villarejo, y la entidad financiera, que le contrató a lo largo de 13 años para que prestara sus servicios de "inteligencia". Un 'modus operandi' que se basaba en evitar las comunicaciones escritas para garantizar la seguridad.
Así consta en el documento que la Policía se incautó, al que ha tenido acceso La Información, y que la defensa de Corrochano ha aportado junto a un escrito presentado ante el juez instructor este mismo jueves para expresar su queja por la reciente actuación policial. "La diligencia acordada y ayer practicada a nuestro juicio solo se puede calificar de desproporcionada y sin que se soportase con necesidad o utilidad de ningún tipo", indica la abogada del exjefe de Seguridad del banco, que además muestra su sorpresa por la inmediatez con la que la prensa tuvo conocimiento del registro realizado. "Supone (...) un daño intencionado y gratuito a la imagen y reputación de mi representado", añade.
El juez Joaquín Gadea, refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Manuel García Castellón, ordenó a la Policía la entrada y registro del domicilio de Corrochano para buscar un documento que la Fiscalía Anticorrupción interesó después de que el exjefe de Seguridad de BBVA tan solo se prestara este martes a contestar a las preguntas de su defensa. La declaración del exdirectivo del banco tuvo lugar a raíz de un escrito enviado al Juzgado el pasado mes de octubre en el que reveló por qué y cómo decidió contratar al Grupo Cenyt. Unas 'confesiones' que llegaron tras dos años imputado en la novena pieza de la macrocausa 'Tándem' y guardando silencio.
Apuntó a Francisco González
En su segunda comparecencia judicial -en la primera se acogió a su derecho a no declarar-, Corrochano se limitó ratificar lo manifestado en dicho escrito, en el que explicó que contactó con Villarejo en 2004 porque el expresidente de BBVA Francisco González le trasladó su preocupación por el intento de Sacyr Vallehermoso de asaltar el consejo de administración del banco. Fuentes jurídicas presentes en la declaración señalaron a este diario que el exdirector de Seguridad apostilló ante el juez que González le preguntó si conocía alguna compañía a la que contratar para intentar frenar la OPA lanzada por la constructora y que, pese a que ello no era competencia del departamento que dirigía, se encargó de buscar una empresa porque así se lo había pedido "directamente" el máximo responsable de la entidad financiera.
De este modo, Corrochano, que corroboró lo mismo que había declarado unos minutos antes el exconsejero delegado de BBVA Ángel Cano, trató de demostrar que, aunque la selección de las empresas de Villarejo fue una decisión suya, su contratación se hizo para cumplir una orden de un superior. En este sentido, quiso leer parte de otro documento que ya se encontraba "obrante en el procedimiento" para despejar cualquier duda sobre la interlocución con Cenyt y aclarar que BBVA estaba al tanto de todo ello. Así lo indica el escrito presentado recientemente por la abogada del exjefe de Seguridad, en el que señala que se trata de una fotocopia de un documento que el Grupo Cenyt adjuntó a una oferta de sus servicios y que es el que precisamente fue requerido por la Policía.
"Seguridad y confidencialidad"
En concreto, el documento, de siete páginas y con fecha de 13 de mayo de 2016, que se adjuntó a una oferta de "servicios de seguridad y entorno" durante un año y por el importe mensual de 50.000 euros, constata que "las comunicaciones electrónicas no constituirán un medio habitual de comunicación" entre Cenyt y BBVA, y que en caso de ser así, el intercambio de información estaría protegida por una "herramienta equivalente de encriptación de correos electrónicos". Así consta dentro del apartado relativo a la "forma de actuación", que comienza advirtiendo que "por motivos de seguridad y protección de confidencialidad y en la medida de lo posible todas las comunicaciones que incluyan datos sensibles de cualquier tipo se realizarán de manera verbal y directa entre el interlocutor de BBVA y el de Cenyt".
Por ello, "para garantizar la seguridad", se designó a Rafael Redondo, socio del comisario Villarejo y otro de los principales imputados de 'Tándem' que ahora mismo se encuentra en el banquillo de los acusados junto al agente encubierto, para que se desplazara "con periodicidad", y cada vez que la entidad financiera lo pidiera, a "la sede social de BBVA o donde se designe" para recibir u ofrecer la información o comentarios de los servicios contratados de "asesoramiento y asistencia ante situaciones de crisis cualesquiera (incluyendo secuestros, extorsiones, fraudes, amenaza reputacional, etc) en que se vean involucrados personas o activos de BBVA". En esta línea, Cenyt ofreció a rendir cuentas de su trabajo en el momento y en la forma ("oral o escrita, analógica o digital") que el banco requiriera, si bien fijó como condición que la entrega de informes o documentación se hiciera "en mano y sólo por parte de las personas ya mencionadas".
Así, para concluir, el grupo empresarial de Villarejo apunta que actuaría "siempre bajo la supervisión y directrices de BBVA" y subraya la "obligación" de realizar la actividad para la que había sido contratada "siempre dentro de la legalidad vigente, absteniéndose de utilizar para sus investigaciones medios materiales o técnicos que atenten contra cualquier derecho protegido". Este último punto es precisamente lo que ha provocado la apertura de una macrocausa judicial, que lleva ya cuatro años de recorrido, debido a las presuntas irregularidades cometidas por el agente encubierto y su entorno más cercano para desarrollar sus trabajos de investigación centrados en políticos, empresarios y periodistas, entre otros.
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