La policía sitúa el "chivatazo" en el marco de la negociación con móvil político

Madrid.- El informe final de conclusiones de los investigadores policiales sobre el "chivatazo" a ETA enmarca el soplo que alertó a los terroristas de una operación contra su red de extorsión en el bar Faisán de Irún en 2006 en el "proceso de negociación" y dice que el móvil fue "político".

La Policía concluye que la filtración provocó que la red de extorsión de ETA pudiera ocultar sus medios y recursos a la acción policial, pero, además, señala que "lo más grave" es que "pudieron sustraer al conocimiento de los servicios policiales antiterroristas datos esenciales sobre la estructura, composición, procedimientos operativos y responsables del aparato financiero" de la banda.

El informe, adelantado por el diario El Mundo, y al que ha tenido acceso Efe, fue entregado ayer al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que imputa un delito de colaboración terrorista y revelación de secretos al entonces director general de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamiés y al inspector de la Brigada de Información de Álava José María Ballesteros.

Para sustentar la afirmación de que la naturaleza del móvil es "política" y que el chivatazo "se articula en el marco del proceso de negociación", la Policía recuerda que el 'interlocutor" que alertó de la operación policial al dueño del bar Faisán -Joseba Elosúa- hizo constantes alusiones al "proceso de negociación" que estaba en marcha en ese momento.

Además, resalta que el propio Pamiés ratifica en una conversación telefónica que el fin era "hacerle un favor a Gorka Aguirre" y que, finalmente, se consiguió evitar la detención de este "miembro relevante" del PNV.

Tras analizar las llamadas entre los imputados el día 3 y 4 de mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, los investigadores dicen que todas estaban "interrelacionadas directamente con los puntuales acontecimientos que se iban sucediendo en España y Francia" y que establecen una relación "causa-efecto" entre esos hechos, el jefe superior de Policía del País Vasco y el director general de la Policía.

En sus conclusiones, los investigadores policiales enumeran las consecuencias del "chivatazo", siendo la primera que se frustró un operativo contra ETA y su aparato de extorsión, impidiendo la detención de terroristas.

"A partir de ese día -continúa el escrito- la investigación sufre un 'apagón informativo', tanto en las líneas intervenidas como en los acontecimientos.

Otra consecuencia que destaca el informe policial es que se permitió que los 54.000 euros que el dueño del bar Faisán tenía previsto entregar al presunto etarra Cau Aldanur llegaran al aparato financiero de ETA en el curso de los 45 días que transcurrieron hasta su detención.

"Se impidió a las fuerzas de seguridad su aprehensión y con ello se favoreció que ETA dispusiera de esos fondos para seguir coadyuvando a financiar su actividad terrorista", indica la Policía.

Los investigadores concluyen que la persona que alertó a Elosua del operativo policial "es necesariamente un policía" porque la información que proporciona tiene un cúmulo de datos concretos y específicos, "de conocimiento restringido y únicamente al alcance de un limitado número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, responsables de la investigación y sus superiores jerárquicos".

El informe señala a García Hidalgo como la persona que ordenó el "chivatazo" al jefe superior de Policía del País Vasco, como demuestra una "cadena sucesiva de llamadas" realizadas en la noche del 3 de mayo de 2006 y la mañana del día siguiente.

El cese de García Hidalgo el 8 de septiembre de 2006 y la "sospecha" de que fuera consecuencia del "chivatazo" provocó que todas las personas investigadas adoptaran "medidas de seguridad contrarias a su costumbre habitual hasta esa fecha", como la utilización de teléfonos móviles de prepago para burlar los "pinchazos".

En una de esas llamadas, dos de los investigados intentaban tranquilizarse diciendo que "con el Baltasar no hay problema", en alusión al juez de la Audiencia Nacional.