Cada vez más aislada, Rousseff perdió así su primera batalla en el juicio político lanzado lanzado por el evangélico y ultraconservador Eduardo Cunha, su archienemigo y Presidente de la Cámara de Diputados.
Una lista formada por opositores y disidentes de partidos aliados a Rousseff como el centrista PMDB obtuvo 272 votos, mientras que la promovida por aliados de la mandataria obtuvo 199. Una mayoría opositora de 39 diputados de un total de 65 integrarán la comisión.
La presidenta, que cuenta con apenas 10% de popularidad, es acusada de maquillar las cuentas públicas en 2014 y 2015 y de autorizar gastos públicos por decreto sin previa autorización del Congreso.
"Este es un pésimo comienzo para el gobierno", dijo a la AFP el experto en ciencia política Rubens Figueiredo, de la Universidad de Sao Paulo.
"Con la visibilidad de este proceso, es muy probable que el Congreso actúe en respuesta al deseo de la sociedad" brasileña de que Rousseff se marche, añadió.
La decisión de Cunha de recurrir al voto secreto para elegir a los miembros de la comisión desató discusiones, tumultos y conatos de peleas entre legisladores, algunos de los cuales quebraron urnas.
El hemiciclo de la Cámara fue atronado por gritos de "No al golpe" lanzado por los fieles a la presidenta, mientras los opositores contestaban "Fuera Dilma".
Coreando "Canta y no llores" un grupo de diputados opositores colocó una bandera de Brasil en el estrado de la presidencia. Otros desplegaron imágenes del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2010), padrino político de Rousseff, vestido como presidiario.
La comisión deberá recibir los descargos de Rousseff a las acusaciones de malas prácticas presupuestales formuladas por tres abogados. Luego por decisión mayoritaria, deberá resolver si recomienda al plenario rechazar el caso o proseguirlo.
El avance del impeachment (juicio de destitución) requerirá el apoyo de dos tercios (342 diputados) del plenario de la Cámara. Al oficialismo le bastan 172 diputados para frenarlo.
Rousseff ya había sufrido un duro golpe horas antes con la carta de su vicepresidente Michel Temer y líder del mayor partido de la coalición de gobierno, el poderoso PMDB, en la que dice que la mandataria ha sido tratado como "un vicepresidente decorativo" y que ella nunca confió en él.
Temer, un abogado constitucionalista de 75 años que debe reemplazar a Rousseff en caso de que sea apartada del cargo, sostuvo asimismo que la admisión del impeachment promovido por tres abogados tiene sustento legal.
La presidenta asegura que el impeachment es improcedente y dice ser víctima de "un golpe" a 11 meses de haber iniciado su segundo mandato.
Dieciséis gobernadores de un total de 27 le declararon su apoyo este martes. "El mecanismo de impeachment (...) es un recurso de extrema gravedad que solo debe ser empleado cuando hay una comprobación clara e incuestionable de actos praticados con dolo por el jefe de Gobierno que atenten contra la Constitución", dijeron en un comunicado divulgado por la presidencia.
El procedimiento de impeachment contra Rousseff "carece de esta fundamentación", añadieron.
El diputado Silvio Costa, afín al gobierno, aseguró que "esta es la oposición más irresponsable en la historia de Brasil" y estimó que los 199 votos conseguidos por la lista pro-gobierno, superiores a los 172 que Rousseff precisa para archivar el proceso en el pleno de la Cámara baja, "están probando que no habrá impeachment, porque ahí la votación será abierta" y no secreta.
Carlos Sampaio, el líder de los diputados del opositor PSDB, celebró no obstante el triunfo de la lista opositora. "Esta comisión tiene representantes de Brasil, personas que representan el sentimiento de la nación, no que representan al gobierno de la presidenta Dilma", festejó.
El Partido Comunista de Brasil, aliado del gobierno, dijo que ya recurrió a la justicia para invalidar la votación de la comisión.
Brasil enfrenta su peor recesión en décadas y el largo proceso del impeachment puede paralizar el país y agravar la situación económica.
Rousseff quiere que el Congreso suspenda el receso estival --fijado desde el 23 de diciembre hasta febrero-- para resolver el tema lo más rápidamente posible y evitar que crezca la insatisfacción popular tras el fin de las fiestas y las vacaciones.
Los partidarios del juicio político calculan que en plena recesión, pérdidas de empleo, inflación en aumento y escándalos de corrupción que no paran de ser investigados, la opinión pública posiblemente se volcará a las calles y terminará presionando a los legisladores a pronunciarse contra la mandataria.
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