La propuesta de Andalucía sobre desahucios no encuentra eco entre las CCAA

Madrid, 11 abr.- El decreto ley aprobado por la Junta de Andalucía para frenar los desahucios no ha encontrado eco en la mayoría de las comunidades, salvo en Canarias, y las gobernadas por el PP consideran que se tata de un titular "para contentar a determinada parroquia".

La consejera andaluza de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha planteado hoy al Ministerio de Fomento que convoque una reunión sectorial con todas las autonomías para debatir sobre los desahucios y poder explicar "con detalle" el nuevo decreto ley sobre la función social de la vivienda.

Aunque la medida, que prevé sanciones de hasta 9.000 euros a bancos e inmobiliarias que no alquilen sus viviendas vacías, no ha gustado a las comunidades gobernadas por el PP, sí ha tenido una buena acogida en Canarias, donde su presidente Paulino Rivero (CC) ha considerado que se trata de "un paso interesante", que está dispuesto a estudiar si tiene "viabilidad jurídica solvente".

También para el Defensor del Pueblo de Navarra, Javier Enériz, es "legítima" la expropiación de viviendas cuando hay "un incumplimiento en la función social de la propiedad", aunque cree que hay otras vías como la aplicación de la legislación concursal.

Enériz se ha mostrado sorprendido "por la bronca o discusión" generada y ha explicado que la expropiación forzosa está contemplada en una ley estatal y en muchas leyes autonómicas.

La crítica en las comunidades populares ha sido generalizada y en el caso de Castilla-La Mancha, el portavoz del PP en las Cortes, Francisco Cañizares, ha considerado que la Junta con el decreto sólo busca "el titular y contentar a determinada parroquia, más que a solucionar problemas reales".

El portavoz del Gobierno castellanomanchego, Leandro Esteban, ha dicho que esta iniciativa tiene una "carga demagógica importante" y ha recordado que su Ejecutivo ha aprobado actuaciones en materia de vivienda, como la reserva del 10 por ciento de las VPO a familias que han sufrido un desahucio.

El Gobierno de Extremadura ha advertido de que el decreto ley andaluz, en su opinión, vulnera el derecho a la propiedad y no tiene cabida dentro de las competencias de una comunidad autónoma.

A pesar de este rechazo de la Junta, Izquierda Unida -que con su abstención facilitó la llegada de José Antonio Monago a la Presidencia extremeña- ha manifestado que está dispuesta a proponer la medida andaluza en Extremadura.

También el Gobierno balear se ha manifestado en la misma línea y su presidente, José Ramón Bauzá, ha destacado que desde hace un año el Instituto Balear de la Vivienda paralizó los desahucios y, por ello, no hicieron "ostentación ni gala" sino que aplicaron la medida "con mucha prudencia".

Para el presidente de Madrid, Ignacio González, la medida andaluza pone en cuestión la defensa de la propiedad privada mientras que el de La Rioja, Pedro Sanz, ha abogado por la coordinación entre las comunidades y el Estado para paliar el drama de los desahucios porque "no puede ser que cada uno vaya por su lado".

En Castilla y León, el consejero de Fomento, Antonio Silván, ha dicho que propuestas como la de Andalucía son sólo "de cara a la galería" y ha precisado que se trata de planteamientos "grandilocuentes", que "pueden parecer portaaviones" pero luego se quedan en "botes de remos".

El Gobierno valenciano considera que el decreto ley sobre vivienda "es una receta equivocada" y una medida "inconstitucional" que va "en contra de la libertad de mercado".

Por su parte, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho que el decreto ley andaluz es una medida muy poco "inteligente" y típica "de otros países".

El portavoz del Gobierno de Navarra, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha valorado "la eficacia" de las medidas que lleva a cabo su Ejecutivo frente a otras que "quizá son de mayor alcance pero cuya eficacia todavía está por comprobarse".

País Vasco no ha querido pronunciarse sobre el decreto andaluz, si bien ha afirmado que el Ejecutivo de Íñigo Urkullu no se plantea, por ahora, la expropiación de pisos vacíos y lo que sí prepara es un protocolo para que ninguna persona desahuciada se quede en la calle.

En este marco y con la petición de la Junta de una sectorial, el Gobierno ha considerado que la respuesta al problema de los desahucios debe ser común y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha avanzado que estudiará el "encaje legal" del decreto andaluz.