La propuesta “en borrador” del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para ampliar a 35 años la base de cálculo para las pensiones, supone un “tremendo golpe bajo” que dilapida las recomendaciones del Pacto de Toledo y el trabajo que se ha realizado para sacarlas adelante en los últimos meses, según señalan varias fuentes de dicho pacto de diferentes formaciones políticas. Las 21 recomendaciones aprobadas el pasado mes de noviembre no marcan grandes cambios en los parámetros básicos de cálculo y, según aseguran quienes han estado en la negociación, nunca se planteó la ampliación del periodo de cálculo de la base reguladora a ese periodo, más allá de lo ya previsto en la reforma de 2011, según la cuál el cómputo pasará de 15 a 25 años en 2022.
Tanto en el seno del PSOE como en la mesa del diálogo social, en la que se están discutiendo en estos momentos las recomendaciones aprobadas en el Pacto sobre la reforma de las pensiones, se han mostrado muy sorprendidos por la aparición de ese borrador ahora, sobre algo que no había planteado en sus comparecencias ni en ninguna reunión el propio Escrivá. Tampoco desde el Ministerio de la Seguridad Social se ha producido un desmentido de su existencia por el momento, sino una única llamada a “la discreción” ante un asunto que afecta a tanta gente, en palabras del propio ministro durante un evento este lunes.
La propia ministra Portavoz y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha admitido de facto la existencia del documento al advertir que cualquier planteamiento de reforma debe hacerse en el seno del Pacto de Toledo, para reconocer después que lo único que hay por el momento son las recomendaciones aprobadas en el Congreso. Ese escenario supone un frente más en la guerra abierta que mantienen los dos socios de Gobierno, toda vez que desde Unidas Podemos se llegó a plantear la rebaja de ese periodo de cálculo, justo lo contrario de lo que ahora plantean desde el Ejecutivo.
Desde el entorno del Pacto de Toledo recuerdan que la opción de extender la base de cálculo a ese periodo de 35 años, incluso a toda la vida laboral, de forma progresiva, fue algo de lo que se habló en el primer Gobierno del PP con Mariano Rajoy, si bien se descartó por el fuerte recorte que podía suponer para las pensiones, sin asegurar la viabilidad del sistema. Durante los cuatro años que se ha tardado en llegar a las recomendaciones recién aprobadas, “es algo que no se ha puesto nunca sobre la mesa”, aseguran fuentes cercanas al proceso.
Lo más cercano que se ha tratado y aprobado es la necesidad de estudiar el impacto que tiene el paso de los 15 a los 25 años en el cálculo de la base reguladora que tendrá lugar dentro de dos años, sobre todo para colectivos como las carreras irregulares (muy afectadas por las diferentes crisis económicas) o en el caso de la brecha de género. Junto a ello, se encuadra la recomendación de acercar al máximo la edad real de jubilación (64,6 años en España) a la legal, que ahora es de 65 años y será de 66 a partir del próximo mes de enero. “Cada año que se amplíe esa media real y se acerque a la legal es un 1,2% del PIB de ahorro, unos 15.000 millones de euros”, advierten fuentes técnicas consultadas.
Las opciones de la reforma de 2011
Desde la Comisión del Pacto de Toledo aseguran que, según las recomendaciones aprobadas, el Gobierno no dispone de aval parlamentario para ir más allá del marco establecido por la reforma de pensiones aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2011. La norma abre un resquicio a la utilización de un periodo de cálculo para determinar la pensión que vaya más allá de los 25 años, pero lo restringe a las situaciones en que los futuros pensionistas hayan sufrido lagunas de cotización que vayan a erosionar la cuantía de su pensión futura.
La legislación aprobada en 2011, de hecho, permitía utilizar hasta los 28 últimos años cotizados para determinar la prestación de jubilación siempre que en el cómputo ordinario de los 25 últimos años de trayectoria profesional aparecieran periodos no cotizados. En esos casos la legislación vigente permite cubrir esas lagunas de cotización 'tirando' de las cuotas efectivamente satisfechas durante los 36 meses inmediatamente anteriores a ese periodo de cálculo de 25 años para cubrir hasta 24 meses de carencias.
La ley, no obstante, insta al Gobierno a evaluar "el impacto que sobre el cálculo de las pensiones tendrán las nuevas reglas de integración de lagunas para que, en función de los resultados de dicha evaluación se lleven a cabo las adaptaciones, modificaciones y cambios que resulten precisos para corregir las distorsiones que tal evaluación haya evidenciado", lo que abre un resquicio para introducir ese periodo de cálculo de los 35 últimos años para atenuar el posible impacto de esas lagunas de cotización.
Cierre a contrarreloj
Una de las cuestiones que peor ha sentado en el entorno del PSOE de la propuesta de Escrivá es que echa por tierra la negociación a contrarreloj que se ha realizado desde que estallara la pandemia, para tener las recomendaciones antes de que se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado. Es más, en esas cuentas públicas se marca el hito de pasar por primera vez dinero de los impuestos a financiar los gastos atípicos del sistema, algo que supone 14.000 millones el año que viene y hasta 23.000 millones en tres ejercicios, y que marca la evolución de su financiación a largo plazo.
Las negociaciones del Pacto de Toledo se tuvieron que cortar en el mes de mayo y junio, cuando se declararon los primeros casos de Covid en el Congreso y se paralizó su actividad presencial. Pero la presión marcada en julio y septiembre permitió elaborar las 21 recomendaciones el pasado mes de noviembre, como un hito desde la reforma del modelo de nueve años atrás.
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