Nadie entiende nada. Y todos apuntan a una reforma: la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Un cambio que supuso la elección de vocales para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desde el Congreso y Senado, no por jueces y magistrados. Es decir, desde entonces los miembros del máximo órgano judicial han sido elegidos desde la política y, entre sus funciones más delicadas están, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Supremo. Este es el mayor motivo de politización que preocupa a los nuevos jueces salidos de una larga oposición. Jueces que empezarán su formación en la escuela judicial de Barcelona y temen ser etiquetados en el inicio de sus carreras.
Insisten: "El Poder judicial es el órgano de gobierno de los jueces y debería de ser elegido por jueces y magistrados. Ningún partido debe utilizar el CGPJ como un mercado persa", asegura un juez madrileño que aprobó hace unos meses. Recalca que la carrera de designación política no le afecta de momento, pero sospecha que pueda ser así. "Si quieres ascender en la carrera hay que tener cierta significación política, se observa en la Audiencia Nacional". Con 28 años y 6 de preparación en "la peor lucha contra uno mismo" recibió la noticia del aprobado entre aplausos de familiares pero con un terrible dolor de cabeza. Ahora tiene ganas de aplicar la ley, por encima de que el sistema tenga tintes imparciales o ideológicos. "La ley por encima de la ideología", zanja como máxima de la conversación con La Información.
Es la máxima recurrente, no solo de los nuevos jueces y fiscales, sino de organizaciones como la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación Profesional de Magistratura o NNGG Madrid. Desde la Asociación Francisco de Vitoria, uno de sus miembros, Carlos Viader, juez por lo Penal en Melilla desde 2014, explica que este sistema favorece la representatividad del poder ejecutivo al judicial, y que el relevo político ha acabado aplazando la reforma porque beneficia al partido gobernante de turno. "Se desdibuja la imparcialidad de los jueces. Claro que Podemos quiere poner jueces afines, porque tienen representación parlamentaria. Todos hacen lo mismo en la proporción que pueden".
La intromisión y polémicas se han podido ver en octubre en el intento de Unidas Podemos y PSOE de proponer una reforma de ley para la elección de los vocales del CGPJ. La razón: la necesidad imperante de un desbloqueo en la renovación de nuevos miembros. En la reforma, proponen que los vocales puedan ser elegidos por mayoría absoluta en la segunda vuelta, en lugar de con los 3/5 que recoge la ley actual, algo que, según José Luis Pantoja, abogado y secretario del Área jurídica de NNGG Madrid, encona la politización. "Así, un partido político con una mayoría simple podría conseguir un control de la Justicia. El gobierno se convierte en juez", acusa. Nada más salir la propuesta de reforma, el PP la recurrió, registró una iniciativa para que los 12 vocales fueran elegidos por jueces y amenazó con llevarla ante el Tribunal Constitucional y Europa.
El PP asegura que no habrá un acuerdo de renovación mientras siga en vigor la reforma y Unidas Podemos no se eche a un lado. Desde el PSOE, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha insistido el pasado lunes en un desayuno con Europa Press que la renovación del CGPJ está cerca, y que solo falta hacerla pública, acotando así las distancias con el PP. Por ahora, sigue el tira y afloja entre PSOE y PP para desbloquear el órgano judicial, a falta de nuevos nombramientos pendientes como unas seis plazas de jueces del Alto Tribunal, y la sustitución del actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, cuyo mandato está agotado desde hace dos años.
A esto se le suma un enrarecimiento por el hecho de que el Rey no haya acudido a la entrega de despachos de jueces en septiembre o la opinión generalizada de que la actual Fiscal General, Dolores Delgado, ha sido nombrada demasiado pronto. Como explica una recién aprobada a juez de 30 años: "El fiscal no debería ser alguien que ha estado en la política hace dos días. Se necesita un poco de tiempo para dar credibilidad, y no ayuda que haya sido ministra de Justicia hace relativamente poco".
Lo que afecta en las altas esferas acaba afectando a los pies del cuerpo. Como apunta Vivier: "Si el consejo no tuviera que elegir altos cargos, la politización entonces no tendría mayor alcance. Pero por lo que implica, tiene tentáculos largos". Los recién incorporados echan de menos una mayor distancia hacia el tercer poder, que acaba desembocando en un "estar en el punto de mira" y una "tensión" que no se nota en otras áreas como la notaria, sino sólo en judicatura. Como apunta la recién aprobada de 30 años, que prefiere mantenerse en el anonimato: "Para empezar, ningún político debería opinar de ninguna sentencia".
Como alternativa, los jóvenes que empiezan a ejercer para ser garantes de los derechos de todos los españoles echan una mirada al pasado. Que la reforma se replantee con el espíritu de la Constitución del 78. Lo ideal: 12 miembros del CGPJ elegidos por jueces y magistrados en activo, y los 8 restantes por el Senado y Congreso con mayoría de 3/5. "Así se instauraría un mayor contrapeso", afirma un recién salido de la oposición, que también se mantiene en anonimato.
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