"A mí me importa un comino la gobernabilidad de España". La frase más emblemática y a la vez la más inquietante de toda la votación de investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno fue pronunciada por una diputada (Montse Bassa) del que, paradójicamente, emerge como el grupo parlamentario clave para dar estabilidad política a la coalición de izquierdas que gobernará España durante los próximo años: Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). Su paso adelante -hacia la abstención- para permitir que Sánchez acceda por segunda vez a La Moncloa ha sido clave para ese ajustado 167 a 165 que ha certificado el alumbramiento del nuevo Gobierno de izquierdas y su visto bueno será una vez más necesario para que éste pueda poner en marcha la ambiciosa agenda política y social que ha dado a conocer los últimas semanas a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Los precedentes no son halagüeños. El pasado 13 de febrero de 2019 ERC dio la puntilla a la 'minilegislatura' de ocho meses de Pedro Sánchez al votar a favor de la enmienda a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado que con tanto esfuerzo habían sacado adelante el Gobierno socialista y Podemos. El voto en contra de los nacionalistas, entre fuertes presiones de Podemos para cambiar el sentido del mismo, liquidó la legislatura y fue la espoleta de salida para el 'rally electoral' que ha desembocado este martes 7 de enero de 2020 -dos elecciones generales después- en el primer gobierno de coalición de la democracia alumbrada en 1978.
En aquel momento, hace casi un año, ERC atribuyó su negativa a la falta de respuesta del Gobierno de Sánchez a sus peticiones de liberar a los políticos presos por el 1-O y de abrir el diálogo sobre la autodeterminación... Ayer, los políticos encarcelados tras el referéndum ilegal seguían el cárcel y el otro asunto se ha resuelto con una suerte de fórmula genérica para abrir una mesa de negociación para hablar sobre "el conflicto político en Cataluña". Un bagaje que ERC ha considerado suficiente para dar un primer voto de confianza a Sánchez. La pregunta es si será suficiente para dar su respaldo a unos Presupuestos Generales del Estado si ese compromiso genérico no se concreta en una fórmula aceptable para la formación republicana.
El asunto ha dejado de ser secundario tras constatarse en los debates parlamentarios de los últimos días la quiebra total entre el PSOE y Ciudadanos, también sin Albert Rivera y con Inés Arrimadas. La ruptura de los puentes entre ambas formaciones, que Arrimadas consignó en la sesión de investidura como una ruptura voluntaria de Sánchez con las fuerzas constitucionalistas, liquida el 'escenario alternativo' que se había diseñado en Ferraz para ganarse la abstención de Ciudadanos y abrir la puerta a un eventual apoyo puntual de la formación naranja a determinadas iniciativas para las que no pudiera contar con alguno o algunos de los socios que sí han respaldado su investidura.
Cerrada esa puerta y con una mayoría parlamentaria francamente precaria, en la que la pérdida de un solo voto puede hacerle perder la iniciativa política, el Gobierno de coalición de PSOE, Unidas Podemos y sus confluencias queda en manos de la formación independentista, que obtendrá un poder parlamentario solo equiparable al que tuvo en su día la CiU de Jordi Pujol con González y Aznar o el PNV en la última legislatura de Mariano Rajoy, recordada porque los nacionalistas vascos pasaron en cosa de tres meses de apoyar los Presupuestos del PP a expulsarlos del Gobierno en la moción de censura que aupó a Sánchez.
Cercanía en el programa económico
Las incertidumbres, no obstante, acecharán principalmente desde el flanco de la situación política en Cataluña, lo cual no es poco. En materia económica, las recetas de ERC cuadran a la perfección con las defendidas por Unidas Podemos, muchas de las cuales se han incorporado al acuerdo de Gobierno. Ambas formaciones abogan por la derogación de la reforma laboral aprobada por el PP en 2012 -un compromiso que también ha asumido Sánchez, pese a las reservas al respecto de su futura vicepresidenta económica, Nadia Calviño-, un incremento de la regulación o la defensa real del derecho a la vivienda.
Hay elementos, no obstante, que pueden suponer un permanente dolor de cabeza para el área económica del núcleo socialista del Gobierno. Uno de ellos también tiene que ver con la reforma laboral -uno de los elementos que marcará a fuego el devenir del futuro gobierno-. Unidas Podemos y PSOE se han puesto de acuerdo en aceptar la fórmula de los aspectos más lesivos, que por eso va mucho más allá de lo que planteaban los socialistas en su programa, pero es que ERC aboga por eliminar todas las reformas laborales, también la socialista de 2010....
En el marco laboral también abogan por hacer más estricta la regulación laboral para luchar contra la 'uberización' de la economía e incluso por reducir la jornada laboral sin pérdida de salario, una medida que provocaría una airadísima reacción de los empresarios y que parece difícil de digerir por un gobierno que tiene como vicepresidenta económica a Nadia Calviño. Otra medida que aparece como un 'campo de batalla' en el horizonte es la regulación del precio del alquiler, que Unidas Podemos y ERC defienden, pero que el PSOE ya se negó a adoptar en su momento.
Desde Ferraz se minimiza el problema. Se asegura que toda la negociación se ha concebido como un 'pack', que incluye apoyo a investidura y respaldo a los Presupuestos para evitarse los problemas del pasado. Los socialistas están convencidos de que el proyecto de Presupuestos del Estado para 2020, que aseguran está ya muy avanzado y que se alzará sobre la base del fallido proyecto de 2019, saldrán adelante y podrá presentarse a Consejo de Ministros en un plazo muy breve.
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