La segunda regularización fiscal del rey Juan Carlos I apunta a una revisión total de todos los impuestos y obligaciones con Hacienda que haya tenido desde su fecha de abdicación, en junio de 2014, hasta la actualidad, en busca de regularizar cualquier error o posible ocultación que hubiera podido producirse de forma voluntaria y evitar con ello que se incurra en algún tipo de delito fiscal. El reconocimiento de la deuda que aflore en esas revisiones comunicadas al Fisco y su pago 'motu propio' alejan la sombra del delito fiscal de la actuación del Rey una vez que acabó su inviolabilidad. Se trata de una práctica avalada y recomendada en los últimos años desde la propia Agencia Tributaria, que una vez que comprueba que la regularización es “completa y veraz”, deja de indagar en la conducta del contribuyente en el año y el tributo concreto de que se trate.
Fuentes jurídicas cercanas al caso aseguran que la estrategia de los abogados del Rey emérito es la misma que en la anterior regularización: revisar todas sus actuaciones fiscales para adelantarse a Hacienda y realizar declaraciones voluntarias en lo que consideren necesario, pagando incluso la máxima cuota, con recargos e intereses, de forma que se exima de la responsabilidad penal al contribuyente. La legislación obliga a que esa regularización sea completa sobre el impuesto concreto y el año o los ejercicios contemplados, de forma que puede haber más pagos como el que se hizo en diciembre pasado, de más de 680.000 euros, o el que se acaba de hacer, de 4,39 millones. El primero fue por Sucesiones y Donaciones y se pagó a la Comunidad de Madrid, y el segundo se centra en el IRPF y se liquida en la Agencia Tributaria.
Fuentes de la inspección advierten de que en el caso de esta segunda regularización, para que el proceso sea "completo", Hacienda también debe comprobar el origen del pago total en especie que el monarca recibió, estimado en algo más de seis millones de euros, en este caso procedentes de la Fundación Zagatka, gestionada por su primo Álvaro de Orleans, tal y como ordenan el Código Penal y la Ley General Tributaria. En cualquier caso, una vez comprobados todos los términos sin encontrar otras posibles irregularidades, no cabe el delito fiscal por ese caso concreto, algo que, en el caso de la legislación española, bloquea que exista un posible blanqueo de capitales derivado de este tipo de actuaciones. Sin delito fiscal previo, no existe blanqueo.
Inspectores al servicio del Supremo
La regularización voluntaria tiene el efecto eximente de responsabilidad penal siempre que se haga antes de que haya una notificación de Hacienda previa o exista algún tipo de querella o denuncia interpuestas por el Ministerio Fiscal, la Abogacía del Estado o el representante procesal de alguna autonomía. En este caso, sobre el Rey emérito pesa una investigación abierta por el Tribunal Supremo, dado su carácter de aforado, a partir de las investigaciones que en su día hizo la Fiscalía Anticorrupción, de forma que no hay inconveniente para que siga haciendo regularizaciones.
Es más, esa Fiscalía cuenta con un equipo de inspectores de Hacienda en comisión de servicio (auxilio judicial) para indagar los posibles incumplimientos fiscales que surjan en los diferentes frentes abiertos: el caso de las comisiones del Ave a La Meca, el uso de tarjetas de crédito opacas de un empresario mexicano o el supuesto movimiento de fondos en el paraíso fiscal de Jersey (que desde el entorno del monarca se ha desmentido siempre), entre otras actuaciones. El fiscal jefe de Sala de lo Penal del Supremo, Juan Ignacio Campo es el que instruye esa investigación, de la que se tendrá que deducir si se abre un proceso y se llama a declarar como investigado a don Juan Carlos, o no.
El hecho de que el origen de la investigación contra Don Juan Carlos venga de la Fiscalía Anticorrupción y no de la Agencia Tributaria no es un asunto menor en el caso, como explica Ransés Pérez Boga, presidente de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. En condiciones normales si la Agencia Tributaria recibe una regularización de un contribuyente y tiene indicios de que puedan existir más deudas tributarias pendientes por su parte abre un procedimiento al contribuyente e inhabilita de este modo la posibilidad de ejecutar nuevas regularizaciones en el futuro. De este modo, una eventual segunda regularización del contribuyente no le eximiría de la posibilidad de ser denunciado por delito fiscal ante la Fiscalía.
En el caso de Don Juan Carlos, las actuaciones están siendo pilotadas desde la Fiscalía del Supremo, a partir de Anticorrupción, y el papel de la Agencia Tributaria se limita al auxilio judicial. "Mientras la Fiscalía no decida el procesamiento, para lo cual deberá tener indicios suficientes, el investigado puede continuar regularizando su situación fiscal y eludiendo su eventual procesamiento por delito fiscal, ya que no habrá una actuación previa", explica Pérez Boga. "Como Agencia Tributaria tenemos poco que hacer en este caso, sólo atender a las indicaciones que nos realice el fiscal".
Mientras el procedimiento procesal se desarrolla así, la estrategia de ir “con prudencia haciendo regularizaciones” del despacho de Javier Sánchez-Junco, que asesora al Rey emérito, es la más acertada, sobre todo de cara a evitar la alarma social que se genera cada vez que sale a la luz algún tipo de irregularidad. En ese contexto, el trabajo de los inspectores de Hacienda adscritos al caso pasa directamente a la Fiscalía, de forma que es muy complicado que la Agencia Tributaria pueda encontrar por su cuenta alguna vulneración que pueda ser notificada a las autoridades judiciales, algo que dejaría sin efecto otras posibles regularizaciones voluntarias.
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