La rioja celebra la sentencia del tribunal de luxemburgo contra las vacaciones fiscales vascas

El presidente del Gobierno de La Rioja, Pedro Sanz, mostró este viernes su “enorme satisfacción” por la sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo que ratifica la ilegalidad de las ayudas fiscales vascas. A su juicio, supone que “la lucha de La Rioja contra las vacaciones fiscales se ha visto coronada con el más rotundo de los éxitos”.
La sentencia resuelve el recurso de casación interpuesto por las Diputaciones Forales Vascas contra una de las tres sentencias dictadas por este tribunal el 9 de septiembre de 2009.
En estas tres sentencias, el Tribunal de Primera Instancia (hoy Tribunal General) declaró la ilegalidad de los beneficios fiscales concedidos por los Territorios Históricos en la década de los años 90, y posteriormente las diputaciones forales interpusieron recurso de casación.
En la sentencia, el Tribunal de Justicia confirma íntegramente la sentencia de 2009, desestimando las alegaciones formuladas por las diputaciones forales y el Reino de España que intervino en su apoyo.
En el origen de las decisiones de la Comisión que enjuiciaron las vacaciones fiscales vascas se encuentran las denuncias que partieron de la Comunidad Autónoma de La Rioja; en concreto, y fundamentalmente, la formulada en octubre de 1997 por Pedro Sanz, con relación a las ayudas otorgadas a la empresa Ramondin por la Diputación Foral de Álava.
Al valorar la sentencia, el presidente riojano, que compareció en una rueda de prensa, señaló que “de nada ha servido, como demuestra la sentencia, la tardía intervención del Reino de España ya que no se han recogido los argumentos esgrimidos por la representante del Estado español, el esfuerzo infructuoso del Estado sólo ha servido para mostrar de nuevo la deslealtad del Gobierno de Zapatero hacia nuestra comunidad autónoma”.
La sentencia ratifica el carácter de ayuda de Estado de la exención y el Tribunal niega la infracción de determinados principios de Derecho comunitario (confianza legítima, seguridad jurídica, buena administración, igualdad) que alegaron los Territorios Históricos y el Reino de España para condicionar e incluso paralizar la obligación de recuperar las ayudas otorgadas por las Diputaciones.
El Tribunal de Justicia, para La Rioja, deja claro que en ningún momento la actuación de las instituciones comunitarias pudo infundir ningún tipo de seguridad en la regularidad de las ayudas y deja claramente sentado que deben ser íntegramente reintegradas.