La sustitución del magistrado del Tribunal Constitucional Alfredo Montoya se suma a las complicaciones que viven las negociaciones entre PSOE y PP para renovar un órgano constitucional. El magistrado, que ha renunciado este miércoles por motivos de salud, fue designado por el Senado, por lo que corresponde de nuevo a la Cámara Alta buscar un nuevo miembro para completar el Pleno del tribunal. Según advierten fuentes jurídicas a La Información este debate puede tener una cierta "vinculación" con la negociación para el desbloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ya que vuelven a entrar en juego las mayorías que buscan los grupos parlamentarios en el seno de la instituciones.
La renuncia de Montoya, que lleva de baja por enfermedad desde agosto del año pasado, llega en un momento en el que el mandato de cuatro magistrados del TC está caducado. Su renovación se espera que sea a mediados de septiembre, pues así lo ha fijado por ley las Cortes Generales, a través de una reforma legal que ha impulsado el PSOE. Se trata de la reforma de las competencias del CGPJ para que, aún estando en funciones -como lleva desde diciembre de 2018-, pueda designar a los dos magistrados que le corresponde, a lo que se ha añadido la obligación de realizar dicho nombramiento en un plazo máximo de tres meses desde que expiró el mandato anterior. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, ha convocado un Pleno el próximo 8 de septiembre, pero no ha garantizado que ese día se pueda llegar a un acuerdo, ya que se necesita la mayoría de 12 de los 19 vocales.
En principio, la salida de Montoya (propuesto en 2017 por el PP) no afecta a los planes del Gobierno de Pedro Sánchez de introducir en el seno del TC la mayoría progresista, ya que también tiene la potestad de nombrar a otros dos nuevos magistrados, para lo que se barajan nombres que ayudarán a romper la mayoría conservadora que existe ahora mismo. De ello dependerá las propuestas que haga el CGPJ, que en las últimas decisiones se ha mostrado dividido y que se encuentra en una situación de "hartazgo" por la situación de interinidad que se encuentra desde hace más de tres años, viendo cómo se queda al margen de las negociaciones del PP y PSOE para la renovación de las instituciones.
Normalmente el órgano de gobierno de los jueces elige un magistrado conservador y otro progresista para guardar el equilibrio de sensibilidades en el TC, si bien si esta tradición no se cumple y nombra a dos magistrados de 'tendencia' conservadora, el Gobierno no lograría la mayoría progresista buscada de siete magistrados frente a cinco y tribunal de garantías estaría en empate de bloques, cuyas deliberaciones podrían verse abocadas al voto de calidad del presidente que se nombre.
Es por ello que el debate sobre quién será el sustituto del magistrado Montoya coge fuerza. Según las fuentes jurídicas consultadas, la renovación de los magistrados que han dimitido "suele demorarse mucho y, en ocasiones, ni siquiera se ha producido". Añaden que el funcionamiento del órgano máximo intérprete de la Constitución no se vería perjudicado y prueba de ello es que lleva casi un año trabajando con un magistrado menos. El problema, subrayan las mismas fuentes, es la "enorme resistencia a que se cumpla la Constitución y se renueve el Tribunal Constitucional cuando toca".
Recortar la minoría
El Gobierno no tendría ninguna prisa en renovar al 'quinto' miembro del TC, ya que la mayoría del bloque progresista está garantizada, y si finalmente el CGPJ se 'rebela' le favorece que el Pleno esté compuesto por 11 magistrados, en vez de 12, para evitar los empates. No obstante, al PP sí que le interesaría cerrar este nombre lo antes posible para recortar al máximo la minoría del ala conservador del tribunal. En este sentido, las fuentes jurídicas apuntan que, pese a que "se requiere una nueva negociación", lo lógico sería que el partido que dirige Alberto Núñez Feijóo sea quien nombre a este nuevo magistrado, ya que se trata de un "reemplazo" y más ahora que 'se queda' con menos magistrados. Pero en cualquier caso, necesita que se someta a votación del Senado.
Por todo ello, no descartan que esta negociación se resuelva junto a las conversaciones para renovar el CGPJ, ya que también corresponde al Congreso y al Senado 'validar' el acuerdo que alcancen PP y PSOE, representados por el vicesecretario general Institucional de los 'populares', Esteban González Pons, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños. La 'discusión' para elegir a los nueves 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces se encuentra encallada desde 2018 y ambas partes se culpan de la falta de acuerdo. De hecho, las fuentes jurídicas consultadas advierten de que vistos los últimos acontecimientos no parece que vaya a haber renovación antes de que concluya la legislatura. No obstante, el hecho de que el PP pueda tener cierto interés en no perder un magistrado en el TC puede favorecer a que la mesa de negociación se reactive, dejando a un lado determinadas exigencias, a cambio de que el PSOE no le ponga inconvenientes en el Senado, según indican las fuentes consultadas.
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