La segunda ciudad grancanaria pide a la Justicia que le fije un plan de pagos

  • El pleno del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha aprobado hoy solicitar a la Justicia que le fije un plan de pagos, porque asegura que no puede seguir afrontando las sentencias que le obligan a satisfacer indemnizaciones millonarias por expropiaciones y al mismo tiempo cumplir la Ley de Estabilidad.

Telde (Gran Canaria), 10 abr.- El pleno del Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria) ha aprobado hoy solicitar a la Justicia que le fije un plan de pagos, porque asegura que no puede seguir afrontando las sentencias que le obligan a satisfacer indemnizaciones millonarias por expropiaciones y al mismo tiempo cumplir la Ley de Estabilidad.

En estos momentos, la segunda ciudad en población de Gran Canaria (101.300 habitantes) está obligada por varias sentencias a abonar más de 62 millones de euros por expropiaciones y tiene que afrontar una deuda con los bancos de alrededor de 125 millones.

Según la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ambos pagos son obligatorios, pero la situación del Ayuntamiento de Telde hace inviable satisfacerlos, por lo que se pedirá a la Justicia que determine qué se ha de abonar primero, según ha aprobado hoy el pleno con los votos a favor del equipo de gobierno (PP-CC-Ciuca), la abstención del PSOE y el rechazo del resto de grupos.

El portavoz del PP y concejal de Urbanismo, Francisco López, ha adelantado que, si la Justicia accede a su petición, el Consistorio "seguirá a pies juntillas" el plan de pagos que le establezca.

Por su parte, el portavoz de Coalición Canaria, Pablo Rodríguez, ha argumentado que no es hora de buscar responsables de la situación, sino de trabajar todos juntos para buscar soluciones, ya que ambos pagos atentarían contra la Hacienda Pública del municipio.

En contra, el portavoz de Más por Telde, Juan Francisco Artiles, se ha opuesto a emitir los informes sobre las finanzas municipales a la Justicia, pues considera que el análisis comienza en 2006 obviando lo ocurrido en la mitad de la primera legislatura de 2003-2007, que dio origen al "caso Faycán" de presunta corrupción, y pasa "como quien pisa cristales" sobre la legislatura actual.

Por su parte, el portavoz municipal del PSOE, José Alcaraz, ha explicado que esta medida es un "auténtico parche, un escape, más cuando no se tiene horizonte financiero claro", puesto que el gobierno actual (PP, CC, y Ciuca) "no dispone de un plan de acción o de pago, tan sólo cuentan con el plan de ajustes", el que impuso el Gobierno central con el Plan de Pago a Proveedores.

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