La senadora socialista imputada por prevaricación pide archivar la denuncia

  • La senadora socialista Elena Diego pedirá el sobreseimiento de la denuncia por prevaricación contra ella que instruye el Tribunal Supremo porque no se considera responsable de los hechos en los que se le imputa, dado que se limitó a seguir las recomendaciones que le hizo el interventor municipal.

Madrid, 27 feb.- La senadora socialista Elena Diego pedirá el sobreseimiento de la denuncia por prevaricación contra ella que instruye el Tribunal Supremo porque no se considera responsable de los hechos en los que se le imputa, dado que se limitó a seguir las recomendaciones que le hizo el interventor municipal.

"Quería que se trajera este asunto al Supremo. Llevo tres años queriendo explicarme sobre esta denuncia que responde a una persecución pública contra mí y se centra en unos hechos en los que yo no he intervenido, porque simplemente me limité a firmar lo que me propuso el interventor municipal", ha declarado Diego a los medios de comunicación.

La Plataforma en Defensa de Villamayor denunció a la senadora socialista Elena Diego por unos hechos que podrían constituir un delito de prevaricación, supuestamente cometido cuando era alcaldesa de dicha localidad salmantina.

Los hechos investigados se centran en los contratos hechos a dos monitoras de cultura para el citado ayuntamiento sin que hubieran sido elegidas en el concurso promovido para cubrir esas plazas.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que la senadora ha reconocido hoy que hubo un contrato irregular, pero ha añadido que ella no intervino en ningún momento del proceso que se siguió para esos contratos.

Diego ha defendido que no conoció el asunto ni cuando estaba en el tribunal de selección, ni respecto a los informes técnicos y que solo llegó a sus manos cuando el interventor le comunicó que había habido una irregularidad en el procedimiento.

En ese momento, según Diego, el interventor hizo un informe de reparo, en el que informaba de que el procedimiento tenía una irregularidad administrativa que se subsanaba, y se lo pasó a la firma, lo que ella hizo y lo que ahora ha derivado en el presente procedimiento por prevaricación (adoptar una decisión injusta a sabiendas).

El Supremo se hizo cargo del caso sobre la senadora Diego después de la inhibición del Juzgado de Instrucción 3 de Salamanca, que desde 2010 investigaba la denuncia contra ella y contra la entonces concejala de Gobierno e Interior, Cándida Ejido.

Según la exposición razonada enviada al Supremo por el Juzgado de Instrucción, en agosto de 2008 la Concejalía de Gobierno e Interior del Ayuntamiento de Villamayor solicitó a la Alcaldía promover la contratación de monitores culturales y deportivos para desarrollar actividades de ocio y tiempo libre para el curso 2008-2009.

El 30 de septiembre de 2008, la Alcaldía acordó contratar a los nueve aspirantes propuestos por el tribunal calificador, pero un mes después la concejal de Gobierno, "solicitando la aprobación del expediente de nómina correspondiente al mes de octubre de 2008", incluyó junto a las nueve personas contratadas a otras dos más.

Una de ellas "ni siquiera había participado en el concurso de méritos" y la otra "tampoco era una de las nueve personas propuestas y contratadas, aunque había participado en el concurso".

La alcaldesa y hoy senadora dictó un decreto con fecha de 29 de octubre en el que acordó contratarlas como monitores, a pesar de que un día antes el interventor del ayuntamiento le entregó un informe "formulando reparo al acto de reconocimiento de obligaciones económicas" con respecto a esas dos monitoras, concluye la exposición razonada.

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