Barcelona, 4 feb.- El levantamiento del secreto de sumario del "caso Campeón", del que deriva la investigación de la trama ITV, precipitó en 2012 las detenciones de los empresarios implicados e impidió a la juez recabar más indicios sobre la presunta vinculación del secretario general de CDC Oriol Pujol con la red.
El 26 de marzo de 2012, la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona ordenaba a la Guardia Civil la detención de los empresarios Ricard Puignou -exdirector general de Menta ITV-; Sergi Pastor -exconsejero delegado de Applus- y Sergi Alsina -socio de Alta Partners, además del entonces número 2 de la Diputación de Barcelona, Josep Tous, y el subdirector de Seguridad Industrial, Isidre Masalles.
Los detenidos, que quedaron en libertad con cargos tras declarar ante la juez, están acusados de urdir una trama para amañar un concurso de concesión de varias licencias para talleres de ITV, aprovechando que su adjudicación estaba recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Al levantarse el secreto de sumario del "caso Campeón", la magistrada se vio obligada a ordenar las detenciones sin que los empresarios lograran obtener las adjudicaciones que presuntamente pretendían, y antes de lo que ella y el fiscal habían planificado, con el objetivo de recabar más información sobre la trama y su relación con Oriol Pujol a través de escuchas telefónicas.
Fueron precisamente las conversaciones intervenidas en el "caso Campeón" las que pusieron a la justicia tras la pista de la trama supuestamente corrupta, dado que algunas de las escuchas apuntaban a un posible tráfico de influencias en las ITV en Cataluña.
El fiscal Javier Rey envió en el verano de 2011 a los juzgados de Barcelona un escrito en el que apuntaba a la posible connivencia con la trama de Oriol Pujol, y el caso correspondió por reparto a la magistrada Silvia López Mejía, que de inmediato decretó el secreto de las actuaciones y ordenó las intervenciones telefónicas.
Sin embargo, el levantamiento del secreto del sumario del "caso Campeón", que sacó a la luz el escrito en el que el fiscal se refería a la presunta trama corrupta, obligó a la instructora a llevar a cabo las detenciones antes de lo planeado para recabar más indicios sobre los movimientos de la red.
Las detenciones impidieron mantener intervenidos por más tiempo los teléfonos de los imputados, con lo que la juez no pudo ahondar en la posible relación de Pujol con la trama.
Las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario, cuyo secreto se levantó en julio pasado, revelan que los empresarios imputados aludían en numerosas ocasiones a la capacidad de influencia de Oriol Pujol -al que se refieren con el nombre de Zumosol-, sin que conste que recibieran llamadas suyas.
De las escuchas y las tres reuniones que Pujol mantuvo con los empresarios -una de ellas documentada con fotografías en el sumario dado que los implicados ya eran objetos de seguimiento por los agentes-, la Agencia Tributaria concluye que desempeñaba un papel de "colaborador necesario" y encargado de aportar la "influencia política" necesaria a la red.
En otro informe, la Agencia Tributaria señala que Pujol tenía "participación accionarial indirecta" en el entramado de empresas que se lucró asesorando a Ficosa para la compra de la planta de Sony en Viladecavalls (Barcelona).
En esa operación, la esposa del líder de CDC, Anna Vidal, emitió informes de asesoramiento que Hacienda cree fraudulentos dado que no se corresponden con ningún trabajo efectivo.
La investigación sobre el caso de las ITV culminó con las detenciones, sin que llegara a consumarse el presunto trato a favor que perseguían los empresarios investigados.
El caso llegará al TSJC con pocos datos sobre los indicios que apuntan a Oriol Pujol, dado que la parte relativa a su intervención en la trama es la única que la juez instructora mantiene secreta.
La magistrada y el fiscal Anticorrupción Fernando Maldonado son, de momento, los únicos que han tenido acceso al informe que la instructora encargó a la Agencia Tributaria sobre los indicios que vinculan a Pujol con la trama, un dictamen que llegó a finales de 2012 y en el que el ministerio público basa su petición de imputación del dirigente de CDC.
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