La UE empieza a negociar su pacto fiscal con la presencia de todos los países

  • Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron hoy a discutir los detalles del pacto fiscal acordado por los líderes comunitarios en una reunión en la que también participó el Reino Unido, a pesar de que Londres se negó a unirse a la iniciativa.

Bruselas, 20 dic.- Los países de la Unión Europea (UE) comenzaron hoy a discutir los detalles del pacto fiscal acordado por los líderes comunitarios en una reunión en la que también participó el Reino Unido, a pesar de que Londres se negó a unirse a la iniciativa.

Así lo confirmó uno de los representantes del Parlamento Europeo en la cita, Elmar Brok, en una comparecencia en la Eurocámara después del encuentro.

Tras la primera toma de contacto de hoy, el objetivo de los gobiernos es tener lista una propuesta escrita para el nuevo tratado el próximo 29 de diciembre, que sería analizada en una nueva reunión en la primera semana de enero, según indicó el eurodiputado alemán.

La meta final es que el texto pueda estar listo a finales de enero y sea firmado en marzo, para proceder a su posterior ratificación en cada uno de los Estados miembros firmantes.

El llamado pacto fiscal, que implica la redacción de un nuevo tratado europeo que afectará a los diecisiete países del euro y a otros nueve Estados miembros que han expresado su intención de sumarse- tiene como objetivo principal consagrar el equilibrio presupuestario en la UE.

El acuerdo entrará en vigor cuando nueve miembros del euro lo hayan ratificado -una mayoría simple de los 17 de la eurozona, según consta en un primer borrador- y será vinculante para cada Estado una vez haya depositado el instrumento, lo que significa que un país puede demorarse o retrasar este paso.

Los países que no comparten la moneda común pueden optar por someterse inmediatamente a las normas o esperar hasta que se incorporen al euro, que es el caso de la mayoría de los Estados que tienen previsto sumarse al acuerdo.

El texto incluye la "regla de oro" o freno de deuda, que los países firmantes se comprometen a incorporar en sus constituciones o legislaciones equivalentes.

El déficit estructural (sin incluir los gastos e ingresos de carácter cíclico) no debe exceder el 0,5 % del PIB al año y en el borrador consta, además, la obligación de que los países establezcan un mecanismo de corrección automático que se activará en caso de desviaciones significativas.

Además, el primer texto señala que "cualquier parte contractual que considere que otra parte contractual ha incumplido el artículo 3(2) puede llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE".

El dictamen del tribunal será vinculante y el país afectado deberá tomar las medidas necesarias para cumplir el fallo dentro del periodo establecido por la corte.

El Parlamento Europeo, sin mucha capacidad de influir al tratarse de un proceso intergubernamental, ya ha dejado hoy claras varias críticas y preocupaciones.

Entre ellas, sus dudas sobre la necesidad de un nuevo tratado.

"Está claro que la inmensa mayoría de lo aquí planteado podría hacerse con legislación secundaria", aseguró hoy el líder de los liberales en la Eurocámara, Guy Verhofstadt, que también participa como representante de la institución en las negociaciones.

Según Verhofstadt, los gobiernos optaron por un tratado "por razones políticas simbólicas" y eso crea el riesgo de que esa vía se convierta en la habitual cada vez que se busquen nuevos avances en la unión fiscal.

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