La Camilo José Cela tira de una ley de 2011 para acotar el acceso a la tesis de Sánchez

"Una vez aprobada la tesis doctoral, la universidad se ocupará de su archivo en formato electrónico abierto en un repositorio institucional y remitirá, en formato electrónico, un ejemplar de la misma, así como toda la información complementaria que fuera necesaria al Ministerio de Educación a los efectos oportunos". Este artículo del Real Decreto por el que se regulan las enseñanzas oficiales de doctorado del año 2011 está en el origen de la polémica social y de la controversia jurídica en torno al acceso más o menos restringido a la tesis que proporcionó el Doctorado en Economía al hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A la luz de esa redacción caben pocas dudas de que el acceso a la tesis de Pedro Sánchez sobre las 'Innovaciones en la Diplomacia Económica Española' debería ser público y libre, y así ocurre de hecho con todas las tesis doctorales iniciadas con posterioridad al año 2011. El matiz es que Sánchez se matriculó en el Doctorado en el curso 2009-2010 y que el decreto vigente entonces no decía nada de eso del "formato electrónico abierto" y únicamente preveía su archivo en la Universidad y en las bases de datos del Ministerio de Educación, que hoy se llama TESEO y es de libre acceso para todo el que quiera.

Ese vacío legal, corregido en 2011, cuando se decidió que el conocimiento debía circular y que las tesis doctorales debían poder ser consultadas con total libertad, ha sido el sostén jurídico que ha enarbolado la Universidad Camilo José Cela para restringir el acceso al documento y eludir la supuesta obligación legal de tenerla disponible en formato electrónico. Fuentes de la Universidad argumentan que se han limitado a cumplir la ley y que ésta establecía en su momento que el nivel de acceso a una tesis la determinaba el autor.

La argumentación jurídica de la Universidad no es compartida, por ejemplo, por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que en una resolución fechada el pasado 30 de mayo requirió al Ministerio de Educación - entonces dirigido por Íñigo Méndez de Vigo - para garantizar el acceso de un particular que había solicitado una copia íntegra de la tesis doctoral de Pedro Sánchez tras constatar la imposibilidad de conseguirla a través del servidor de Teseo.

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Transparencia argumentó entonces que tanto el decreto que regula las enseñanzas de doctorado como la propia Ley de Transparencia, que tiene como principio básico permitir el acceso a toda la información disponible por parte de los organismos públicos, habilitaba la voluntad de un particular de disponer de una copia íntegra de la tesis doctoral del por aquel entonces líder de la oposición.

El Ministerio de Educación de Méndez de Vigo rechazó esa posibilidad bajo el argumento de que era únicamente la Universidad la que podría permitir el acceso a la tesis y que ésta había decidido restringirlo a partir de una serie de normas, principalmente el permiso previo del autor.

El asunto derivó en una resolución de Transparencia en la que obligaba al Ministerio de Educación a exigir una copia digital de la tesis de Sánchez a fin de ponerla a disposición del solicitante. Lo que ocurrió después es un misterio. La Información ha intentado seguir el rastro de la resolución de Transparencia a partir de consultas al propio Consejo, al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades - actual gestor del Teseo - y de la Universidad Camilo José Cela, y lo único en claro es que Transparencia considera cumplida la resolución, aunque en la Universidad admiten que el Ministerio nunca se puso en contacto con ellos...