La Universidad de Huelva pagará el sueldo mensual a 30 trabajadores a los que, sin embargo, no les permite reincorporarse a sus puestos de trabajo. Los salarios, que suman en torno a los 1.300.000 euros anuales, se asumen con cargo a los presupuestos universitarios.
Los empleados, que fueron despedidos a finales de 2013, llevaron el caso a los tribunales, y la Justicia obligó a la universidad a su readmisión, declarando nulos uno a uno dichos despidos. Sin embargo, por el momento, la institución no ha cumplido en su totalidad esas sentencias: les da de alta y les abona los salarios, pero no les permite reincorporarse a sus puestos, algo de lo que se les está informando mediante burofax. La razón que alude es que esas sentencias serán recurridas al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
La Asociación sindical Capítulo 6, que representa a estos trabajadores, ha denunciado que, si bien la medida se ajusta a la ley, "no es lo más ético y responsable", cuando se trata de "dinero de todos".
"Queremos que nos dejen trabajar, que nuestra incorporación se haga efectiva", ha afirmado el vicepresidente de la asociación, Carlos Casal, que no oculta su "incredulidad, rechazo y disconformidad" con la postura de la Universidad en este asunto. Los trabajadores prestaban sus servicios en distintas áreas como Publicaciones, Cultura, Posgrado, el Aula de la Experiencia o la radio universitaria, entre otras, encadenando contratos temporales. Sus despidos, según denunció en su día la asociación, constituyeron un ERE encubierto, aunque no fue reconocido como tal.
La asociación tiene previsto visibilizar la situación de estos empleados mañana, con motivo de la celebración del Día de la Universidad, y planean nuevas movilizaciones. De las 45 denuncias presentadas, 15 quedan aún pendientes de resolución, aunque se espera que las sentencias vayan en línea con las anteriores.
No obstante, los trabajadores advierten de que el proceso es largo y que podría aún demorarse en torno a un año, un tiempo que consideran insostenible, al tiempo que lamentan que el equipo de gobierno universitario prescinda de "un capital humano muy válido, que podría contribuir con su trabajo al mejor funcionamiento de la institución, y sobre todo cómo puede tomar este tipo de decisiones con dinero público, dinero que pagamos todos con nuestros impuestos".
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