Santiago de Compostela.- La asesoría jurídica de la Xunta concluirá hoy "con todo cuidado y detalle" el recurso que presentará ante el tribunal de Luxemburgo, que se sumará al que interpondrá ante el Supremo para que se suspenda el decreto del carbón, con el fin de ser escuchada ante una decisión que le afecta.
Así lo anunció esta mañana en rueda de prensa el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, quien se mostró convencido de que el Gobierno gallego está haciendo lo que tiene que hacer, que es defender los intereses de Galicia, y por ello advirtió al Ejecutivo central de que "si no quiere vernos de forma directa pues nos verá a través de los tribunales, que es lo que nos va a quedar", agregó.
Aludió de esta forma a las "reiteradas" solicitudes realizadas al Gobierno central para abordar este asunto "directamente" y lamentó que no haya habido el "mínimo respeto institucional a un gobierno legítimo" para poder concertar una reunión y hablar sobre un tema que "afecta a nuestras centrales" térmicas de As Pontes y Meirama.
Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa anunciaron ayer la presentación de recursos contencioso-administrativos ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo (TS) para que se suspenda este decreto aprobado el pasado viernes, y el sindicato nacionalista CIG adelantó también ayer que recurriría esta norma ante el TS, porque implica paralizar las centrales gallegas.
En este sentido, el conselleiro destacó que ayer el Ejecutivo central reconoció que "hay efectos" para Galicia con este decreto, por lo que mostró la disposición de la Xunta a "seguir luchando por este tema" con un recurso que pedirá la suspensión del decreto y que se planteará "con toda la seguridad y con toda la fuerza jurídica que seamos capaces", subrayó.
En cuanto al recurso ante el tribunal de Luxemburgo, que "hoy mismo ya se podrá tener preparado", argumentó el conselleiro, no implica la paralización cautelar del decreto, porque "está más enfocado a que la Comunidad Europea valore los efectos sobre una Comunidad (Galicia) que no ha valorado".
"Creemos que tenemos posibilidades", auguró.
El titular de Economía e Industria ha pedido "más seriedad" en este asunto al mostrar su "sorpresa" por la disparidad de cifras, pues el decreto establece un máximo del 15 por ciento para promover el consumo de carbón nacional, la Comisión Europea habla de un 9 por ciento y "el Gobierno hoy habla de un 6 por ciento".
Sin embargo, continuó, el cálculo realizado por la Xunta sobre la utilización del carbón nacional rondaría el 13 por ciento, lo que "llevaría indefectiblemente a que las centrales térmicas gallegas tuvieran que parar" -pues utilizan carbón de importación y el decreto prima la quema de mineral nacional-, aseguró.
"Es imprescindible plantear planes alternativos reales a las centrales y no dejarlo en el limbo de los justos", insistió Guerra, quien reiteró su petición de que "a los gallegos en ese sentido nos tiene que hablar en serio" y "decir cuáles son las soluciones a este problema que se ha creado por una decisión unilateral del Gobierno de España que no ha tenido en cuenta los intereses de Galicia".
Al hilo de ello, destacó que Galicia cuenta con centrales térmicas "más eficientes" y consideró un "contrasentido" que "ahora haya que producir con centrales menos eficientes" desde el punto de vista ecológico y del coste, por lo que advirtió de que "la factura la vamos a pagar entre todos".
Así, además de ser esto "todo lo contrario de lo que se ha querido hacer", supondría para Galicia que, de volver a generar energía con carbón nacional, tendría que comprar derechos de emisión.
Guerra, que calificó de "razonable" la posición de la Xunta, alegó que Galicia respeta la situación que se vive en toda España pero "no respetamos que no se nos respete", por lo que rechazó además comentarios desde otras autonomías, como de los socialistas de Asturias, por "decir que en Galicia no estamos siendo solidarios".
El conselleiro dijo también que "por supuesto" que se propondrá un acuerdo en el Parlamento gallego para defender esta posición y adelantó que habrá más reuniones con los ayuntamientos afectados para ver "cómo seguimos actuando conjuntamente", incluso con las centrales sindicales, precisó.
"Se trata de hacer valer los derechos que tenemos", concluyó.
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