Dos rebeliones. La del general Francisco Franco contra el Gobierno legítimo de la República en 1936 y la del Gobierno catalán para declarar la independencia de Cataluña en 2017. El pasado martes, el mismo día en que el Supremo daba los primeros pasos para arrebatar a la Audiencia Nacional la causa en la que ha encarcelado a ocho consejeros del Ejecutivo de la Generalitat, la instructora del caso, Carmen Lamela, justificó su competencia para investigar el procés invocando el caso de la Memoria Histórica abierto en 2008 por su excompañero, ahora expulsado de la carrera, Baltasar Garzón.
Lo hizo en el auto por el que confirmaba su admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía General del Estado contra Carles Puigdemont y el resto de sus consejeros. Cuatro de ellos -el exvicepresidente Oriol Junqueras, Raül Romeva, Dolors Bassa y Carles Mundó- a los que se sumaron el Mayor de los Mossos d'Esquadra ahora suspendido, Josep Lluís Trapero, y la superintendente del cuerpo Teresa Laplana, argumentaron que la Audiencia Nacional no era competente para juzgar el delito de rebelión, tal y como estableció el pleno de la Sala de lo Penal en un auto del 2 de diciembre de 2008.
"Delitos contra la forma de Gobierno"
Ese auto fue el que rechazó que el por entonces titular del Juzgado Central de Instrucción 5, Baltasar Garzón, fuera competente para investigar los crímenes cometidos durante los 39 años que duró la dictadura de Franco. Garzón justificó su competencia en ese caso porque la insurrección del dictador y las posteriores atrocidades de su régimen constituían, según el entonces juez, "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno...[y] delito de detención ilegal con desaparición forzada de personas, en el contexto de crímenes contra la humanidad".
El fiscal recurrió ese auto, que investigaba al propio Franco, a varios de sus ministros, generales y altos cargos de la Falange, y el Pleno de la Sala Penal, en un auto redactado por su entonces presidente, Javier Gómez Bermúdez, concluyó que, en realidad, los actos que investigaba Garzón, entre ellos el "alzamiento e insurrección armada contra el Gobierno legítimo" no suponían un delito "contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno", sino una "rebelión". "Pues bien", concluía la resolución, "el delito de rebelión nunca ha sido competencia de esta Audiencia Nacional".
Dos votos particulares
La decisión de la Sala no fue pacífica. Cuatro de los 17 magistrados que formaban parte de ella suscribieron dos votos particulares a favor del juez instructor. Uno de ellos validaba su competencia al considerar que esa concreta rebelión, la franquista, sí formaba parte de ese catálogo de delitos contra la forma de Gobierno competencia de la Audiencia, ya que perseguía "sustituir por otro el Gobierno de la Nación, cambiar la organización del Estado o despojar en todo o en parte al jefe del Estado de sus prerrogativas o facultades".
En su auto del martes, Lamela se agarra a ese voto particular y, por tanto, a la investigación de Garzón contra Franco abortada por la Sala en 2008, para justificar su competencia en la causa en la que ha decretado la prisión preventiva de medio Govern de la Generalitat. De su resolución, basada en argumentos técnicos, resulta una comparación del franquismo con el separatismo catalán. Y de algún modo rememora el caso que revivió las esperanzas de los familiares de miles de desaparecidos de encontrar sus huesos en alguna cuneta.
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