Las acusaciones en el procedimiento que sigue la Audiencia Nacional por la presunta caja 'b' del Partido Popular no dan por extinguida la responsabilidad del extesorero de la formación Álvaro Lapuerta en el presunto desvío de fondos del partido. Por ese motivo han solicitado a la Sala de lo Penal que tenga a los herederos del fallecido político como partícipes a título lucrativo por las ganancias que habría obtenido con la caja B de la formación.
De esta manera, la acusación que ejerce Izquierda Unida y otros colectivos en esta causa consideran que, aunque su responsabilidad penal está extinguida tras su muerte en junio del pasado año, no ocurre lo mismo en lo relativo a la parte económica. Por ese motivo se han pronunciado a petición del Ministerio Fiscal sobre este punto considerando que el magistrado al frente de la investigación, José de la Mata, debe preguntar a sus sucesores si han aceptado la herencia del exjefe de finanzas del PP para responder así por los 209.055 euros que éste obtuvo con la compra de acciones de Libertad Digital.
En el escrito presentado ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal y al que ha tenido acceso La Información, las acusaciones recuerdan que el magistrado que comenzó instruyendo la causa, Pablo Ruz, imputó el delito de apropiación indebida a Lapuerta después de que su sucesor Luis Bárcenas le señalara por haber avalado esta contabilidad paralela de la formación desde donde salieron los fondos para comprar acciones de Libertad Digital. Y, al hilo, recuerdan que las ganancias que obtuvo con este movimiento fueron a parar a sus herederos, de ahí que deban responder por estos hechos.
El magistrado investigó al que fuera tesorero del PP entre los años 1993 y 2008 por la compra de 1.270 acciones de este medio de comunicación con dinero presuntamente ilícito que luego revendió por 209.550 de euros. Si bien Lapuerta alegó en su interrogatorio en sede judicial que efectivamente compró acciones de Libertad Digital pero no con fondos de la contabilidad paralela del PP y que no llegó a ver ningún manuscrito de Bárcenas con anotaciones con pagos en B. Se trataron de unas declaraciones pronunciadas antes de que se le diagnosticara demencia sobrevenida, enfermedad por la cual se le exoneró del juicio de Gürtel primera época.
Este es una de las líneas de investigación abiertas en esta causa que se instruye en la Audiencia Nacional en la que también se ha indagado sobre el origen de los fondos con los que se costeó la reforma de la sede del PP en la calle Génova. Precisamente, la Sala preguntó recientemente al magistrado instructor si podía enjuiciar ya estos hechos concreto o si, por el contrario, debía esperar después de que el caso fuera reabierto a tenor de unas declaraciones de Francisco Correa en el juicio de la trama Gürtel donde apuntó que grandes empresarios pagaron importantes comisiones al PP a cambio de adjudicarse construcciones de obras públicas.
Espionaje a Bárcenas con fondos reservados
Igualmente el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 investiga en el marco de esta macrocausa la operación bautizada como 'Kitchen' costeada con fondos reservados y mediante la cual sustrajeron información sensible del PP al principal acusado de este procedimiento, Luis Bárcenas. Se trata de unas diligencias que también se instruyen, por otro lado, en la causa Tándem contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En su declaración en sede judicial el pasado mes de diciembre, Bárcenas admitió que su exchófer, el también imputado Sergio Ríos Esgueva, pudo haberle sustraído anotaciones y manuscritos que obraban en su poder precisamente en los años en los que comenzó a investigarse esta causa. De hecho incluso barajó tres escenarios en los que le habrían podido robar todo ese material siendo uno de ellos tras un vis a vis mantenido con su mujer Rosalía Iglesias mientras estuvo en prisión provisional por su implicación en la trama Gürtel.
El instructor por su parte solicitó con carácter de urgencia al Ministerio del Interior que le remitiera un informe con los pormenores de este operativo, negado en sede judicial por los máximos responsables del cuerpo policial de entonces. De esta manera el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska remitió un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 al que tuvo acceso este diario y en el cual se reconoció la participación en este encargo de agentes pertenecientes a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) así como a la Comisaría General de Información; esto es, la cúpula del cuerpo policial.
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