"El que comete infracciones graves tiene que ser expulsado de Alemania, sea cual sea su estatuto", dijo el miércoles el ministro conservador del Interior, Thomas de Maizière, a pesar de que hasta ahora ningún demandante de asilo ha sido implicado en las agresiones.
Para que un demandante de asilo pueda ser expulsado de Alemania, la ley establece que tiene que haber sido condenado a una pena de al menos tres años de prisión y que su vida o su salud no esté amenazada en su país de origen.
"Vamos a hablar para saber si hay que cambiar" estas reglas, indicó De Maizière, a pesar de que la ley cumple con las exigencias de la Convención de Ginebra y de la Convención Europea de Derechos Humanos.
El responsable de política interior del partido conservador de Baviera (CSU), Stephan Mayer, pidió por su parte este jueves en el periódico Die Welt que las expulsiones sean posibles con sólo una condena a una pena de prisión definitiva.
Una idea rechazada de inmediato por el partido socialdemócrata, socio en el gobierno de los conservadores de Angela Merkel. Su vicepresidente, Ralf Stegner, dijo a Die Welt que multiplicar las propuestas "no es una manera responsable de gobernar".
Stegner considera más urgente poner en marcha "acuerdos ya cerrados, por ejemplo para reforzar los efectivos de la policía federal".
Las agresiones sexuales y robos cometidos durante la noche de Año Nuevo han escandalizado a Alemania y propiciado las críticas a la política de acogida de migrantes del gobierno de Merkel.
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