Las asociaciones judiciales critican la reforma del poder judicial porque “aleja a los ciudadanos de la justicia”

Las asociaciones judiciales Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han hecho una valoración crítica y conjunta del Anteproyecto de Ley orgánica del Poder Judicial del Gobierno porque, entre otras cosas, “aleja a los ciudadanos de la justicia”.
Las asociaciones, que abarcan un amplísimo espectro ideológico de la carrera judicial, han emitido un comunicado en el que expresan sus críticas “con absoluto respeto institucional al Poder Ejecutivo y Legislativo” y dan a conocer su postura a toda “la sociedad española”.
La jueces entienden que la reorganización del sistema judicial en España, con la demarcación judicial provincial y la supresión de los partidos judiciales, “aleja a los ciudadanos de la justicia”.
Denuncian el incremento del número de aforados, “en lugar de proceder a la eliminación de muchos de ellos, como sucede en la gran mayoría de países europeos” y que cualquier modificación legal que afecte al aforamiento del Rey tras su abdicación “no puede ser utilizada para legitimar y acelerar una reforma claramente perjudicial en su conjunto para la independencia judicial”.
Las asociaciones coinciden con el informe de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo en que la reforma “dificultará la actuación de la jurisdicción criminal y no favorecerá la persecución de los delitos de corrupción”, con respuestas aún más tardías que en la actualidad.
Además, denuncian la limitación de la libertad de expresión de los jueces y de las asociaciones judiciales, que consideran “gratuita, innecesaria y sin justificación razonable” y aseguran que “refleja el deseo del legislador de un Poder Judicial silencioso y acrítico, públicamente inexistente y alejado de la ciudadanía”.
Insisten también en criticar “la supresión absoluta de la democracia interna y de la participación de los jueces en la elección de sus órganos de gobierno”, con la configuración de un sistema “presidencialista, jerarquizado y controlado por el Consejo General del Poder Judicial”.
Finalmente, explican que la jurisprudencia vinculante y las directrices de obligado cumplimiento “terminarán definitivamente con la independencia judicial, sometiéndola a los otros poderes del Estado”, transmitiendo a la sociedad la idea de que los jueces resuelven los casos bajo el dictado y la autoridad del CGPJ y, en último término, “del Gobierno que incide en el nombramiento de la mayoría de los vocales de aquel órgano”.