Seis asociaciones ha presentado en el Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella por prevaricación contra los seis magistrados del Tribunal Constitucional que votaron a favor de la legalización de Bildu y que permitieron su presentación en las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 mayo. Estas asociaciones consideran que se "extralimitaron" en su funciones y realizaron "una interpretación tendenciosa y absolutamente apartada de la doctrina constitucional y jurisprudencial".
Finalmente ha sido seis las asocaciones que han presentado esta querella, en un principio, la Fundación para la Denaes, el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, la Plataforma Ciudadana Hazte Oír, la asociación Voces contra el Terrorismo, Libertad e Identidad y el Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro.
En la querella, de 58 páginas, las asociones inciden en que esta "extralimitación" de los magistrados del Constitucional "ha sido constatada de forma clara y precisa por el resto de los magistrados discrepantes, ha quedado patente en sus votos particulares".
El abogado director de esta queralla, Joaquín Ruiz de Infante, afirma que estos magistrados, "en ningún momento, pueden entrar a valorar la prueba de manera individualizada y lo han hecho de manera sesgada e interesada".
Asegura que basan su acusación en la propia doctrina del Constitucional y del Supremo que "definen cuales son las funciones del Tribunal Constitucional" y que considera que han sido "invadidas por los magistrados" contra los que se querellan.
Ruiz de Infante apunta que las pruebas en las que basan su acusación son "las propias palabras de los magistrados" porque ya "hay una doctrina asentada por el propio tribunal que define cómo debe aplicarse la ley jurisidicccional por parte de los magistrados".
Además, en el texto de la querella, las asociones señalan que, ante el "escasísimo plaza de tiempo" con el que contaron los magistrados para llevar a cabo su labor, "es asbolutamente imposible que dicha labor se haya podido desarrollar sin que se hayan vulnerado las normas de procedimiento", por lo que se muestran seguras de que se "acreditará" que "la sentencia dictada por el Constitucional se encontraba, desde el inicio, pre-constituida".
Las asociciones piden a la Sala de lo Penal del Supremo que los magistrados acusados --Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez, Pablo Pérez, Adela Asua y Luis Ignacio Ortega-- declaren como imputados, mientras que los cincos magistrados que se opusieron a la decisición del Constitucional y realizaron un voto particular sean interrogados como testigo para "contrastar los hechos".
Una valoración "groseramente" contraria a la ley
Los querellantes consideran que estos magistrados "dictaron la sentencia del pasado 5 de mayo a sabiendas de su injusticia" y asegura que realizaron "una revaloración individualizada de la prueba, lo que es groseramente contrario a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y constituye una abusiva invasión de funciones jurisdiccionales".
"La resolución dictada es grave y manifiestamente injusta", aseguran estas asocaciones al tiempo que lamentan que la sentencia que permitió a Bildu presentarse en las elecciones del 22 de mayo "lesiona el sistema de división de poderes establecido en la Constitución Española".
En este sentido, subrayan que los magistrados contra los que se querellan han utilizado un sistema “muy particular desmenuzando los elementos probatorios".
"Los magistrados han utilizado los medios probatorios analizados por el Supremo de forma deliberadamente sesgada, individualizada, sin poner unos en relación con los otros, apartándose así de la propia doctrina del Constitucional, como ponen de relieve algunos de los magistrados discrepantes con su voto particular", recuerdan las asociaciones en su querella.
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