Primero fue Cataluña, luego Baleares y ahora País Vasco y Navarra. Las comunidades autónomas están aprobando o anunciando -caso de Navarra- leyes medioambientales que superan en muchos puntos los objetivos adelantados por el Gobierno central en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Las autonomías aprovechan que tienen competencias exclusivas en urbanismo y en vivienda para avanzar en la introducción de las energías renovables e integrar el concepto de sostenibilidad energética en las políticas públicas. En el caso de Baleares, la ley autonómica ha chocado con la patronal del automóvil y con el presidente de la CNMC, José María Marín.
La Ley de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, publicada este mes en el BOE, es un ejemplo de cómo las comunidades están aprobando medidas que ni siquiera aparecen en los planes más recientes del Gobierno. Algunas de las aprobadas por el Gobierno vasco son más que ambiciosas.
Así, la norma prevé la exigencia de certificados de eficiencia energética a todos los edificios residenciales antes del 31 de diciembre de 2022; un 32% de energías renovables en los edificios públicos de todas las administraciones -ayuntamientos incluidos-, y que los nuevos edificios "o que sean objeto de reformas importantes" sean de consumo energético casi nulo.
Consumidor informado
La ley vasca también recoge un gran paso adelante para la figura del consumidor, con un papel activo para controlar su consumo. Objetivo, según la ley: que "la persona consumidora pueda contribuir activamente en el mercado y que esté informada de su consumo energético real, así como de sus costes con una frecuencia que le permita regular su propio consumo".
Las exigencias en materia de vivienda y rehabilitación de edificios van más allá también de la normativa vigente en el Estado, que en el caso del Código Técnico de Edificación data del año 2006 aunque el Gobierno de Mariano Rajoy elaboró un proyecto para su modificación en el año 2018. Está pendiente de modificación para adaptarlo a la Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética de los edificios.
El Gobierno del lehendakari, Íñigo Urkullu, va más deprisa. La ley recién aprobada incluye a las renovables a la hora de calcular la eficiencia energética de los edificios. Y para ello se acoge literalmente a la recomendación UE 2016/1318 de la Comisión Europea, de 29 de julio de 2016, que no es vinculante, pero que prevé la cobertura de entre el 50% y el 100% de las necesidades de energía de los edificios con renovables.
Cataluña y Baleares
La ley vasca de Sostenibilidad Energética sigue la estela de lo hecho por comunidades como Cataluña o Baleares. En ambos casos, la legislación autonómica ha ido más allá de la normativa estatal y en ambos casos se enfrentaron a advertencias y recursos. En Cataluña, el Gobierno que entonces presidía Puigdemont aprobó en agosto de 2017 una ley contra el cambio climático sin votos en contra de ningún partido (el PPC se abstuvo).
El Gobierno de Rajoy (PP) recurrió la ley autonómica que prevé cierre de nucleares e impuestos a los carburantes en octubre del mismo año. El Tribunal Constitucional la avaló -excepto en un artículo que prohibía el 'fracking'-, lo que abrió el camino a otras iniciativas como la de Baleares, que también ha sobrepasado las actuaciones del Ejecutivo central, aunque no sin ruido. La ley balear es pionera a nivel estatal y europeo al contemplar la prohibición de que los vehículos diésel circulen por las islas a partir del año 2025 y los de gasolina a partir de 2035.
Las restricciones aprobadas en las islas provocaron una denuncia de la industria del automóvil ante la Comisión Europea y el Ministerio de Economía. Según la patronal del sector Anfac, las medidas de la ley balear son "arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas", carecen de "respaldo técnico o científico" e incumplen el derecho comunitario. El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) también cargó contra la norma en una carta enviada al Parlamento autonómico en la que abogaba por "un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada", así como la aplicación de "medidas menos gravosas".
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