El TSJ ha mostrado "que está por encima de la Asamblea y todo lo que diga la Asamblea va a pasar por este filtro, sin subordinación a ningún otro poder", dijo a la AFP el jurista José Ignacio Hernández.
Con ese panorama, desde la trinchera del Parlamento la oposición tratará de impulsar un cambio político a través de estas vías:
Se puede convocar por iniciativa de la Asamblea cuando el presidente cumple la mitad del mandato, lo que en el caso de Maduro ocurrirá el próximo 19 de abril, mediante firmas equivalentes a 20% del padrón electoral (de 19,5 millones de personas).
Para remover a Maduro en un revocatorio -elegido hasta 2019- se requiere el apoyo de al menos el mismo número de personas que lo eligieron en 2013 (7.587.532) más una, pero que además ese número supere a los votantes en favor de que permanezca en el cargo. También se exige la participación de al menos 25% de los inscritos en el registro electoral.
La recolección de firmas y huellas dactilares debe hacerse en tres días y el Consejo Nacional Electoral (CNE) -según la MUD regido por el chavismo- tiene 15 días para verificarlas, tres para convocar la consulta y tres meses para organizar la votación. El proceso podría demorar hasta siete meses.
Aunque la convocatoria del referendo no depende del parlamento, el revocatorio podría terminar en el TSJ si se impugnan las firmas o el resultado, por denuncias de fraude. Los recursos irían a la Sala Electoral y, de ser el caso, a la Constitucional, ambos órganos del TSJ.
La oposición anunció que impulsará una ley que regule el proceso de referendo, con la que buscaría flexibilizar lapsos y normas dictados por el CNE.
Con esta vía, la MUD buscaría "reducir el mandato presidencial" -lo que se refrendaría en una votación popular- y "lograr elecciones presidenciales este año".
La enmienda puede ser convocada por 30% de los integrantes de la Asamblea Nacional y debe aprobarse por la mayoría legislativa -que actualmente tiene la oposición-.
El referendo aprobatorio de la enmienda deberá convocarlo el CNE a los 30 días de la recepción formal de la iniciativa, y el presidente estará obligado a promulgarla en los diez días siguientes a su aprobación.
No obstante, la enmienda también podría rebotar en la Sala Constitucional, que tiene la facultad de interpretarla para eliminar sus efectos.
"Todos esos caminos pueden ser torpedeados por la Sala en un ejercicio abusivo de sus competencias", advierte Hernández.
Como otra vía para acelerar la salida de Maduro, la MUD también convocó a una gran movilización popular que presione por la renuncia.
"Depende de la voluntad del presidente, pero puede ser resultado de un disenso político (al interior del chavismo) o un acuerdo político" entre los dos bloques parlamentarios, comentó el abogado constitucionalista Juan Manuel Rafalli.
La MUD advirtió que si no resultan los mecanismos anteriores, el parlamento podría proponer con acuerdo de las dos terceras partes de sus miembros, un proceso constituyente.
El CNE debe organizar un referendo para decidir la convocatoria a una Asamblea Constituyente (que se aprobaría con la mitad más uno de los participantes).
El proceso de elección de constituyentes, la redacción de la nueva Carta Magna -que debe ser refrendada- sumada a la confirmación de los cargos de elección popular, puede tomar poco más de un año, según Rafalli.
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