Las CCAA del PP cierran filas en el Senado frente a las críticas a la Lomce

Madrid, 29 oct.- La reunión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas ha servido hoy para que todos los consejeros educativos expresen en el Senado su opinión sobre la reforma educativa, que los populares han defendido para atajar el fracaso escolar frente a las críticas de la oposición.

Los consejeros del PP han afirmado que el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no invade competencias, no relega las lenguas cooficiales y se ha hecho con consenso, aunque han pedido a Educación que se asegure su financiación y flexibilice los plazos de implantación.

Por contra, las autonomías nacionalistas y socialistas se han mostrado partidarias de recurrir ante el Tribunal Constitucional una norma que, han argumentado, invade sus competencias.

Irene Rigau, consejera de Cataluña, ha destacado, sobre la enseñanza del castellano en su comunidad, que solo son 26 los casos judicializados de familias que exigen que la educación se imparta esta lengua, frente a 1,2 millones de alumnos.

La consejera vasca, Cristina Uriarte, ha recogido el guante lanzado por el ministro, José Ignacio Wert, para abrir un diálogo en el Senado para revisar el calendario de puesta en marcha.

Luciano Alonso, consejero andaluz, ha hecho referencia a las manifestaciones en la calle contra la Lomce y ha afirmado que "para emprender una reforma del calado que requiere la educación hay que estar a la altura de la ciudadanía que pide consenso".

La consejera de Asturias, Ana González, también se ha referido a las movilizaciones contra la reforma y al recorte competencial que supone.

El consejero canario, José Pérez, ha dicho que cuando se está reduciendo el déficit público, es "insostenible" que las comunidades asuman el gasto de la Lomce.

El consejero gallego, Jesús Vázquez, ha aplaudido la norma y ha señalado que se necesita "flexibilidad" para adaptarla "a la situación económica de cada una de las comunidades autónomas", una preocupación compartida por la consejera aragonesa, Dolores Serrat.

Por Castilla-La Mancha, Marcial Marín ha defendido que la Lomce no privatiza el sistema, sino que permite que coexistan enseñanza privada, pública y concertada, al tiempo que ha subrayado la necesidad de "una ley para los alumnos y no para hacer política".

Miguel Ángel Serna, consejero cántabro, ha afirmado que la reforma permitirá que la educación alcance "las cotas de excelencia que las futuras generaciones se merecen".

La consejera valenciana, María José Catalá, ha sumado a la defensa de la ley una crítica al debate: "Nos preocupa que en este debate se haya hablado más de estatutos que de fracaso en la educación".

Catalá ha considerado necesaria la ley por los datos de abandono escolar, al igual que la consejera extremeña, Trinidad Nogales, y el consejero murciano, Pedro Antonio Sánchez.

El consejero navarro de UPN, José Iribas, ha declarado que, pese a que no aceptan "cheques en blanco", acogen la mano tendida por Wert para el diálogo.

La consejera balear, Juana Camps, ha dicho que la Lomce respeta el modelo trilingüe puesto en marcha en su comunidad, mientras que la consejera madrileña, Lucía Fígar, ha defendido que no creará desigualdad, sino que es el actual fracaso escolar el que más ha afectado a las familias "más humildes".

Fígar también ha aplaudido las evaluaciones externas, aunque sean "incómodas".

La ronda de consejeros (solo ha faltado el de La Rioja) la ha cerrado Juan José Mateos, de Castilla y León, quien ha pedido una "financiación suficiente".