Las CCAA esperan conservar un sector pesquero rentable después de la reforma

  • Las comunidades autónomas (CCAA) con intereses pesqueros defienden que la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) permita mantener la rentabilidad de su flota y conjugarla con las propuestas que prepara Bruselas encaminadas a proteger los caladeros.

Madrid, 6 jul.- Las comunidades autónomas (CCAA) con intereses pesqueros defienden que la reforma de la Política Pesquera Comunitaria (PPC) permita mantener la rentabilidad de su flota y conjugarla con las propuestas que prepara Bruselas encaminadas a proteger los caladeros.

El proyecto que presentará la Comisión Europea (CE) el próximo miércoles para revisar la PPC suscita interrogantes entre las autonomías, sobre todo relacionados con los fondos y con la distinción entre los diferentes tipos de flotas.

Entre estas autonomías hay una opinión generalizada favorable a diferenciar claramente las flotas industriales de las artesanales.

Galicia, principal región pesquera española, considera que la reforma, que la Unión Europea (UE) negociará este año y el próximo, es una ocasión "propicia" para cambiar sustancialmente el modo de gestionar los caladeros, según un documento en el que se explica la posición de la consellería del Mar de la Xunta gallega.

La Xunta estima que la inversión en la flota europea está estancada, porque el sistema ofrece "poca seguridad jurídica" a las empresas y por ello es necesaria una reestructuración en el menor plazo posible, con el fin de sanear la flota y garantizar que sea rentable.

Galicia tiene 4.760 barcos pesqueros y 1.238 auxiliares (por la acuicultura) y con 30.864 puestos de trabajo representa cerca del 65 % del empleo que genera el sector pesquero en España.

Una de las propuestas que baraja Bruselas es la idea de crear un mercado de transferencia de cuotas entre las flotas de un país, para barcos de más de 12 metros de eslora.

Autonomías como Galicia opinan que ese sistema es interesante pero no conviene a la flota pequeña de bajura y tanto el País Vasco como Asturias han pedido que se defina bien qué es un barco artesanal.

El viceconsejero de Pesca vasco, Jon Azkue, ha declarado a Efeagro que es bueno que coexistan sistemas de gestión de pesca, pero ese mercadeo de cuotas puede ser bueno para unos y para otros no.

Tanto Azkue como el director en funciones de Pesca de Asturias, Marcelino Menéndez, han reclamado que se combine una gestión de las pesquerías respetuosa con el medio ambiente, con medidas para garantizar la rentabilidad de los barcos.

Azkue ha apuntado que la "pelea" por la reforma va a ser "dura" y ha apostado por mantener la posibilidad de que no se pierdan ciertas ayudas a la reestructuración.

Asimismo, el consejero vasco ha defendido que en las decisiones sobre la gestión de las pesquerías se delegue más en los consejos consultivos regionales (RAC), en los que está representado el sector.

La flota vasca consta de 241 buques y en los puertos de Euskadi se desembarcan anualmente unas 78.000 toneladas de pescado o marisco.

Las autonomías del Mediterráneo (Andalucía, Murcia, Baleares, Comunidad Valenciana y Cataluña) tratan de consensuar una postura común para defender intereses específicos de sus flotas, que en algunos aspectos se diferencian de los navíos del Atlántico.

El conseller de Agricultura de Cataluña, Josep Maria Pelegrí, ha manifestado que las conversaciones entre estas autonomías continúan pero es difícil llegar a una postura común.

Pelegrí ha abogado por resolver las "amenazas" para el sector de la pesca y conservar la actividad de la flota, que en los últimos años "ha sido muy responsable" en la protección de los recursos.

Por su parte, Canarias, como región ultraperiférica, intentará dentro de las discusiones presupuestarias de la UE defender un trato específico para su sector, formado por 900 embarcaciones, la mayoría tradicionales, con una producción de 24.767 toneladas, por un valor de 60,36 millones de euros.

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