Todas las claves del caso ERE que pone contra las cuerdas al PSOE de Sánchez

El caso de los ERE de la Junta de Andalucía se enfrenta este martes a su día D, el de la sentencia, el momento más esperado y temido por los veintiún ex altos cargos del Gobierno autonómico que se sentaron en el banquillo de los acusados, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El fallo se conoce en plenas negociaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para formar un Gobierno de coalición progresista, y puede golpear al líder socialista. 

Casi nueve años después de que la jueza Mercedes Alaya, a raíz de su investigación sobre el ERE de Mercasevilla, abriese diligencias sobre un presunto fraude más amplio en ayudas de la Consejería de Empleo a empresas en crisis, y casi un año después de que acabase un larguísimo juicio oral, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha citado a todos los procesados a las 12.00 horas de este 19 de noviembre para comunicarles el fallo, según recoge Efe. 

El abanico de peticiones de condena por parte de la Fiscalía Anticorrupción es triple. La más suave es la de diez años de inhabilitación por prevaricación y la más dura, ocho años de cárcel por un delito continuado de malversación más 30 de inhabilitación. Hay otra de seis años de prisión y el mismo periodo de prohibición de ostentar cualquier cargo público.

Manuel Chaves pertenece al grupo de encausados a quienes los fiscales 'solo' acusan de prevaricar, frente a los seis años de cárcel y 30 de inhabilitación que solicitan para su sucesor, José Antonio Griñán, debido a su actuación como consejero de Economía y Hacienda (2004-2009). En la misma situación que Chaves están Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia; Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda; José Salgueiro, que fue consejero de Hacienda apenas tres meses; Antonio Vicente Lozano, ex director general de Presupuestos; y Francisco del Río, jefe del gabinete jurídico de la Junta durante siete años.

La petición de la pena más rotunda es para once encausados, entre ellos los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, el exconsejero de Innovación Francisco Vallejo y los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero y Juan Márquez. En ese grupo también figuran dos exviceconsejeros, Agustín Barberá (Empleo) y Jesús María Rodríguez (Innovación), además de los ex secretarios generales Lourdes Medina, Juan Francisco Sánchez y Javier Aguado, y un director general de la agencia IDEA, Miguel Ángel Serrano. En el grupo de Griñán, por último, están también la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el ex director general de IDEA Jacinto Cañete y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez.

Los 21 procesados están señalados por participar directa o indirectamente en el procedimiento específico aplicado durante casi una década para conceder ayudas a empresas en crisis, lo que supuso un coste de 680 millones de euros a las arcas públicas andaluzas sin que hubiera "ningún control" por parte de la Administración, según Anticorrupción.

El dinero investigado procedía siempre de la partida presupuestaria 31-L, definida como "fondo de reptiles" por Guerrero cuando declaró ante la Policía en el 2010, y fue repartido por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), luego renombrado como la agencia IDEA (Innovación y Desarrollo de Andalucía).

La sentencia será el fruto de cinco años de instrucción y de casi 700 horas de grabación durante el juicio, que empezó el 13 de diciembre de 2017 y concluyó el 17 de diciembre de 2018 tras 152 sesiones. Los magistrados Pilar Llorente, Encarnación Gómez y Juan Antonio Calle, que no estarán presentes en la entrega de la sentencia, también han debido revisar las pruebas documentales que obran en 14.276 folios, divididos en 38 tomos y siete de anexos.

El caso es de tal envergadura que el documento final tendrá unos 1.700 folios y el ponente se dedicó en exclusiva a su redacción a partir de febrero de este año, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) también liberó a sus compañeras de asistir a juicio durante un par de meses. De hecho, el presidente del TSJA, Lorenzo del Río, llegó a calificar esta sentencia como "la más difícil de la historia judicial de España".

La notificación del fallo se efectuará por medios electrónicos en la segunda planta del edificio de la Audiencia, en la sala de vistas habitual de la Sección Primera, aunque el de esta pieza principal de los ERE tuvo por escenario la de la Sección Tercera, dos plantas más arriba, debido a su mayor capacidad.

De los 22 acusados que llegaron a juicio después de que el juez Álvaro Martín y la Audiencia Provincial realizasen sendas cribas, el único absuelto de antemano fue Antonio Estepa, ex secretario general de Hacienda. Los demás, y con ellos toda Andalucía (y España), están pendientes de lo que un tribunal dicte sobre la honestidad o ilegalidad del Gobierno socialista de la comunidad autónoma, aunque la sentencia, tenga el signo que tenga, no será firme y admitirá recurso ante el Tribunal Supremo.