La memoria de la Fiscalía General del Estado certifica un dato cuando menos positivo. Pese a que todos los indicadores apuntaban a que durante la crisis económica la violencia en todas sus formas sufriría un repunte, los datos confirman una tendencia a la baja. El número de actos violentos permanece a la baja de forma constante desde hace 70 años. El único dato preocupante a este respecto se refiere a los delitos sexuales contra menores, que repuntan respecto al año pasado. En 2012 hubo 2.692 casos mientras que en 2013 la cifra ascendió a 2.859. Se trata de un hecho preocupante porque no olvidemos que estos casoso provocan alarma social.
Con estos datos, España se posiciona como uno de los países más seguros de la OCDE y su tasa de violencia se homicidios 0,7% mientras que la media está en 4,1%. Descienden un 10% las causas por homicidios y asesinatos
Los procedimientos penales por delitos abiertos en 2013 por los juzgados españoles bajaron un 2 % respecto al año anterior, especialmente los homicidios y asesinatos, que registraron una caída del 10 %, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, difundidos hoy.
En concreto, los juzgados incoaron en 2013 un total de 4.036.984 diligencias previas, especialmente de delitos contra el patrimonio, que acapararon un 66 % de los casos, seguidos de los relacionados con la vida y la integridad física, con una presencia relevante del 22 %.
El grupo de delitos contra la vida descendió en un 10 % (se incoaron 1.176 diligencias por homicidios y asesinatos frente a 1.307 en 2012), mientras que aumentaron en un 3 % los cometidos contra la integridad física, ya que se abrieron 722.195 diligencias por lesiones frente a las 700.126 de 2012.
Respecto a estas últimas hay que diferenciar entre las intencionadas (644.063), que aumentaron en un 1 %, y las cometidas por imprudencia (125.907), que lo hicieron en un 7 %.
La memoria explica que las muertes violentas intencionadas se encuadran fundamentalmente en peleas y reyertas, en violencia familiar, acompañando a delitos contra la propiedad y en ajustes de cuentas, al igual que las lesiones, aunque estas son especialmente frecuentes en actividades lúdicas y lugares de ocio, y se constata de forma habitual la ingesta previa de alcohol y drogas.Aumentan los delitos sexuales
Por otra parte, se incoaron 2.859 diligencias por delitos contra la libertad sexual contra menores, lo que supone un aumento respecto a los 2.692 de 2012, mientras que las correspondientes a los competidos contra mayores fueron 10.261, dos menos que en el ejercicio anterior.
En cuanto a los delitos contra las relaciones familiares la mayoría de incoaciones corresponde al impago de pensiones (26.356), que suponen un aumento respecto a las 23.661 del año anterior.
Los robos se mantienen, bajan las amenazas y coacciones y aumentan los secuestros
Las cifras de diligencias por hurtos, robos y robos con fuerza en casa habitada o local abierto al público se mantienen en 2013 respecto a 2012 con algo más de 780.000, 576.000 y 16.000, respectivamente, y las de robos con violencia e intimidación siguen superando las 90.000. La evolución de los delitos contra la libertad los analiza la Fiscalía basándose en la cifra de calificaciones de los fiscales, que a su juicio fija mejor su evolución. Dentro de estos delitos la mayoría fueron amenazas (5.365), si bien descendieron respecto a las 6.138 de 2012, seguidas de las 1.266 coacciones (cincuenta menos), 245 detenciones ilegales (dos más) y treinta secuestros condicionales (seis más).Anticorrupción duplica en un año sus querellas y denuncias
El número de escritos y denuncias presentados en la Fiscalía Anticorrupción aumentaron en casi 500 con respecto al año anterior, lo que supuso pasar de los 1.468 registros de entrada en el ejercicio de 2012 a los 1.940 en 2013.
Los datos reflejan un incremento de la cantidad de asuntos recibidos en la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que se mantiene estable desde el año 2014, sufriendo un mayor aumento entre los años 2012 y 2013, según recoge la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013.
Asimismo, se ha registrado un crecimiento en el número de registros de salida durante este periodo que ascendieron a 4.555 frente a los 5.907 del año 2012. También se incrementaron los procedimientos penales competencia de esta Fiscalía desde los 41 nuevos registros de 2012 hasta los 55 del año 2013.
En este sentido, también se observa un aumento del número de escritos de acusación o calificación que ha pasado de los 21 del año 2012 a los 35 en 2013, así como los escritos remitidos a otras fiscalías u organismos, 236 frente a 201 del año 2012.
En el lado opuesto, el número de escritos que fueron archivados se redujo desde los 129 del año 2012 a los 103 del pasado año, lo que rompe la tendencia alcista que se venía manifestando desde el año 2009 después de haber sufrido un fuerte descenso respecto a 2008.
Durante este pasado año 2013, se presentaron en la Fiscalía Anticorrupción un total de 434 denuncias y se dictaron 18 sentencias (en instancia) en causas judiciales, todas ellas condenatorias. Asimismo, se interpusieron un total de diez querellas o denuncias derivadas de las diligencias tramistadas por esta Fiscalía Especial.La Audiencia Nacional registra más de un centenar de casos de delitos económicos
La Audiencia Nacional ha registrado un "importante aumento" en los casos económicos en 2013, cuando se iniciaron más de un centenar de procedimientos relacionados con este tipo de delincuencia, según la Memoria de la Fiscalía General del Estado de ese año.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional intervino en 2013 en los más de un centenar de procedimientos incoados relacionados con delitos de estafas, apropiaciones indebidas, blanqueo de capitales, alzamiento de bienes, delitos societarios, delitos contra el mercado o los consumidores y contra la propiedad intelectual.
Algunos de los casos que actualmente lleva esta Fiscalía son la operación Crucero, Viajes Marsans, Air Comet, Banca Cívica o el caso Neymar, en los que su principal prioridad es, según la memoria, "que las investigaciones finalicen en un plazo razonable" para evitar dilaciones "notoriamente perjudiciales" para los imputados.
Los seis juzgados de lo penal de la Audiencia incoaron en 2013 un total de 879 procedimientos (diligencias previas, procedimientos abreviados y sumarios) tanto económicos como de terrorismo y otros asuntos competencia de este tribunal, frente a los 970 de 2012.
La Fiscalía considera que este "ligero descenso" en el volumen total de procedimientos no es significativo y se debe a dos factores ya constatados en años anteriores.
Estos factores son la disminución de la actividad terrorista relacionada con ETA y su entorno y la limitación de la competencia de la Audiencia Nacional en los delitos de falsificación de moneda y tarjetas de crédito por parte de grupos criminales.
Los asuntos iniciados en 2013, explica la memoria, se repartieron entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que aglutinó 728 procedimientos, y las especiales como Antidroga y Anticorrupción.
El apartado de la memoria dedicado a la Audiencia Nacional destaca además el "progresivo incremento" de los delitos relacionados con el tráfico ilícito de personas por grupos organizados, tanto la trata de seres humanos como las redes de prostitución y corrupción y la inmigración ilegal. De este tipo de delitos se incoaron 28 procedimientos.
En cuanto a la jurisdicción penal internacional, la Fiscalía recuerda que la reforma de la justicia universal aprobada en marzo por el Congreso "no ha estado exenta de polémica en su tramitación y en su aplicación práctica".
Clasifica estos casos en dos grupos, los afectados por la reforma y los que seguirán su curso a pesar de ella, incluyendo en el primer apartado a siete de las 16 que contabiliza, concretamente los casos Tíbet y Falun Gong, Couso, Guantánamo, genocidio nazi, Irak-Irán y la Flotilla de la Libertad.En 2013 se concedieron seis indultos más que en 2012: un total de 47
La memoria también hace un recuento de los expedientes de indulto tramitados por esta Fiscalía el año pasado, que alcanzaron la cifra de 47, seis más que en 212, de los cuales sólo se concedieron parcialmente dos.La respuesta en lo Contencioso Administrativo está en 15 meses, en los penal, apenas seis meses
La Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2013, hecha pública hoy con motivo de los actos de apertura del Año Judicial presididos por el rey Felipe VI, indica que el pasado año se dictaron en España más de un millón y medio de sentencias y que la duración media de los procedimientos se sitúa ya en el umbral de los 12 meses.
El presidente del Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, dijo en presencia del rey Felipe VI que durante el pasado año se dictaron 1.571.391 sentencias por los distintos órganos judiciales españoles.
En ese período los distintos tribunales resolvieron más asuntos de los que entraron en registro. Entraron 8,6 millones de asuntos y se revolvieron casi nueve millones. Además, la duración media estimada de los distintos procedimientos se sitúa ya por debajo de los 12 meses.
Este éxito, que Lesmes atribuyó a la "laboriosidad" de los tribunales y juzgados, es motivo de "satisfacción" para la judicatura española que entre otros logros ha conseguido, dijo, que los tiempos de resolución de de recursos por el Tribunal Supremo estén a la "vanguardia" de los tribunales de casación europeos.
De hecho, destacó, la Sala de lo Contencioso Administrativo tiene un promedio de respuesta de 15 meses aún estando sometida a "importantes cargas de trabajo" y la Sala de lo Penal está " en el meritorio promedio de apenas seis meses en tiempo de respuesta".La Fiscalía pide ampliar las competencias de la Audiencia Nacional, entre ellos, materias de corrupción
La Fiscalía General del Estado propone en su Memoria anual ampliar las competencias de la Audiencia Nacional para que se encargue de más delitos relevantes, entre ellos los relacionados con la corrupción política de especial gravedad.
Para la Fiscalía General parece imprescindible redefinir las competencias de la Audiencia Nacional para convertir este órgano en una institución judicial especializada, no sólo en la represión y persecución del terrorismo sino también de la delincuencia organizada de alto nivel y económico-financiera de mayor gravedad.
De esta forma, la memoria explica que la Audiencia Nacional se encargaría de la investigación y enjuiciamiento de delitos cometidos por organizaciones o grupos criminales cuando su ejecución afecte a dos o más provincias o su actividad criminal se desarrolle en todo o en parte en territorio extranjero.
Ello en delitos como los de falsificación de moneda y tarjetas bancarias, contra el patrimonio, extorsiones y secuestros, tráficos ilícitos de personas y seres humanos, de armas, explosivos y material nuclear, de inmigración ilegal, de redes de prostitución, corrupción de menores y blanqueo de capitales.
Agrega que el marco competencial de completaría con el conocimiento de los delitos de terrorismo, narcotráfico organizado, traición, rebelión, contra la corona, contra las altas instituciones del Estado, así como los cometidos contra el orden socioeconómico de "especial gravedad", incluyendo los ilícitos penales más graves relacionados con la corrupción política.
Aclara que el concepto de "especial gravedad" habría que definirlo en función del elevado número de perjudicados, del ámbito territorial de sus efectos o de la gravedad del perjuicio causado. Por otra parte la Fiscalía también propone la reforma de los delitos contra la flora y la fauna para que el legislador tipifique de forma expresa y clara el furtivismo.Es necesario tipificar el delito de suplantación de identidad en medios electrónicos
Para la Fiscalía es necesario tipificar estos comportamientos dada la potencialidad que ofrece Internet, con instrumentos como las redes sociales y los foros, para difundir información a una pluralidad de personas en cualquier lugar del mundo, lo que hace que cualquier conducta de esta naturaleza adquiera gran relevancia y pueda lesionar gravemente los derechos de los afectados.
Propone que el Código Penal castigue con una pena de seis meses a dos años de prisión o multa de seis a veinticuatro meses a quien suplante la identidad de una persona física realmente existente utilizando sus datos identificativos a través de Internet, medio electrónico o sistema informático en línea, de tal modo que genere error sobre la intervención en esos medios de la persona suplantada.
Asimismo, la Fiscalía considera necesario que España ratifique el convenio de La Haya de 2000 sobre protección internacional de adultos, del que ya es parte Francia, entre otros estados europeos, ya que establece mecanismos para la protección de personas con discapacidad que se encuentren en situación de desamparo fuera de su país.Crecen los delitos por impago
La Fiscalía refleja la tendencia al alza de los delitos de impago de pensiones, abandonos de familia y niños y quebrantamiento de los deberes de custodia así como de la conflictividad en el ámbito familiar ligado a la crisis económica.
Sin embargo, descendieron las correspondientes a sustracción de menores al pasar de 990 en 2012 a 797 en 2013.
Indica que los casos de sustracción de menores para su entrega a familias distintas a la propia experimentaron un progresivo incremento en los últimos años, si bien en 2013 se marca un punto de inflexión a la baja que achaca a que se ha clarificado el marco jurídico de los hechos y las posibilidades de prueba.
Por otra parte, advierte de que la cuestión de los matrimonios ilegales ha cobrado en los últimos años especial incidencia como problemática derivada de las oleadas de inmigrantes llegados a España.
Los procedimientos penales por delitos abiertos en 2013 por los juzgados españoles bajaron un 2 % respecto al año anterior, especialmente los homicidios y asesinatos, que registraron una caída del 10 %, según los datos de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado, difundidos hoy.
En concreto, los juzgados incoaron en 2013 un total de 4.036.984 diligencias previas, especialmente de delitos contra el patrimonio, que acapararon un 66 % de los casos, seguidos de los relacionados con la vida y la integridad física, con una presencia relevante del 22 %.
El grupo de delitos contra la vida descendió en un 10 % (se incoaron 1.176 diligencias por homicidios y asesinatos frente a 1.307 en 2012), mientras que aumentaron en un 3 % los cometidos contra la integridad física, ya que se abrieron 722.195 diligencias por lesiones frente a las 700.126 de 2012.
Respecto a estas últimas hay que diferenciar entre las intencionadas (644.063), que aumentaron en un 1 %, y las cometidas por imprudencia (125.907), que lo hicieron en un 7 %.
La memoria explica que las muertes violentas intencionadas se encuadran fundamentalmente en peleas y reyertas, en violencia familiar, acompañando a delitos contra la propiedad y en ajustes de cuentas, al igual que las lesiones, aunque estas son especialmente frecuentes en actividades lúdicas y lugares de ocio, y se constata de forma habitual la ingesta previa de alcohol y drogas.
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