La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se ha plantado ante la Fiscalía Europea y ha declinado entregarle toda la investigación del contrato para la adquisición de mascarillas vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. De este modo, ha respaldado la competencia de la Fiscalía Anticorrupción en este asunto, al considerar que está relacionado con el comportamiento de una Administración pública y por tanto afecta "directa y esencialmente a intereses nacionales". Por otro lado, asegura que los delitos que se investigan nada tiene que ver con un supuesto fraude a la Hacienda europea. A todo ello añade que el hecho de que la Fiscalía Europea haya puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional su investigación no le obliga a ceder las pesquisas que inició, a finales de febrero, el jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sobre esta cuestión.
Estas son los principales motivos por los que Delgado ha confirmado la competencia de la Fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción para investigar si en la adjudicación pública para la consecución de 250.000 mascarillas en abril de 2020, por el importe de 1,5 millones de euros, a Priviet Sportive SL, empresa de un amigo de la familia de la presidenta madrileña, se cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación o negociaciones prohibidas a funcionarios. Sin embargo, la Fiscalía española no puede impedir a la europea que investigue si se hubo un uso indebido de fondos europeos, ya que es la competente para defender los intereses financiero de la Unión Europea. Por ello, según apuntan fuentes fiscales, habrá dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos, pero no sobre los mismos delitos.
Precisamente en esta cuestión se centra gran parte del decreto que ha firmado este lunes por la tarde la fiscal general del Estado. En él explica que la competencia para investigar el contrato en cuestión es de Anticorrupción, ya que se trata de esclarecer si la Comunidad de Madrid, como "administración prestacional de un servicio", hizo un "correcto desempeño de las actividades públicas". En este sentido, apostilla que las conductas penales que se investigan no tienen ningún tipo de relación con los hechos que trata de aclarar la representante española de la Fiscalía Europea, Concepción Sabadell, pues "no se encuentran indisociablemente vinculada con los delitos de fraude a la Hacienda Europea, malversación y cohecho".
Este aspecto es clave para no ceder íntegramente todas las pesquisas, pues el Reglamento Europeo establece que la Fiscalía Europea tendrá competencia para conocer tantos los "delitos que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión", así como "cualquier otro delito que esté indisociablemente vinculado" al hecho principal. Esto último es lo que ha descartado la Fiscalía General del Estado, encargada de dirimir las discrepancias que puedan existir entre ambos Ministerios Públicos.
Conflicto de competencia
El primer departamento en empezar a investigar el contrato vinculado al familiar de la dirigente madrileña fue Anticorrupción, que incoó diligencias preprocesales el pasado 23 de febrero tras las denuncias de PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos. Dos días después, el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude (SNCA) advirtió a la Fiscalía Europea que la adquisición por parte de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de mascarillas fue "financiada al parecer con fondos Feder". Es por ello que el Ministerio Público europeo reclamó, el pasado 1 de marzo, al departamento que dirige Luzón una copia de la investigación. No obstante, antes de mover ficha, el jefe de Anticorrupción pidió conocer los hechos denunciados por el SNCA, lo que le fue denegado por el organismo europeo, alegando que no podía "examinar" la competencia de la Fiscalía Europea.
Así, Luzón remitió el 10 de marzo una copia de las diligencias practicadas hasta la fecha, junto a un decreto en el que aseguró que la investigación que había iniciado "venía referida a conductas que afectan directa y exclusivamente a intereses nacionales, en la órbita del correcto funcionamiento de la Administración pública nacional, sin que apreciara base indiciaria suficiente en relación con los delitos de fraude y malversación". Un argumento que ahora ha sido recogido en el decreto de Delgado. Tras ello, seis días más tarde, Concepción Sabadell ejercitó el derecho de avocación, es decir reclamó toda la causa. Ello fue lo que motivó que Anticorrupción planteara un conflicto de competencia, que ha sido resuelto por unanimidad este lunes en la Junta de Fiscales de Sala, órgano consultivo en materia técnica de la Fiscalía General del Estado.
Anticorrupción notificó a la Fiscalía Europea que la investigación "afecta directa y exclusivamente a intereses nacionales".
A lo largo de ocho páginas, Delgado reconoce la competencia de la Fiscalía Europea respecto de los delitos contra la Hacienda de la Unión Europea, así como el cohecho y la malversación cuando perjudiquen o puedan perjudicar a los intereses financieros de la Unión. Sin embargo, destaca que Anticorrupción no pudo avisar de la posible malversación de fondos europeos, porque ese dato "no constaba" en su investigación, puesto que no tuvo conocimiento de ello hasta la primera advertencia de su homóloga europea.
Aún así, la fiscal general del Estado precisa que el Reglamento de la Fiscalía Europea establece que cuando ésta se encuentre investigando un comportamiento delictivo, la autoridad nacional deberá abstenerse, pero sí podrá indagando en los demás hechos cuando no estén relacionados con un daño a las arcas europeas. De este modo, insiste en la competencia de Anticorrupción para seguir investigando la adjudicación pública de la Comunidad de Madrid.
Designación de un "juez de garantías"
Por otro lado, Delgado afirma que el hecho de que la Fiscalía Europea haya puesto en conocimiento de la Audiencia Nacional sus actuaciones para la designación de lo que se denomina como "juez de garantías", "no transmuta la naturaleza de las diligencias de investigación" abiertas por Anticorrupción. Según precisa la fiscal general del Estado, la puesta disposición de la investigación europea al órgano judicial no tiene nada que ver con la obtención de la competencia, por tanto, de nada sirve . Fuentes jurídicas consultadas por La Información recuerdan que la Fiscalía Europea funciona como la mayoría de los Ministerios Públicos de países del entorno, que se encargan de dirigir las instrucciones penales y para ello necesitan la figura de un juez que supervise que no se dan posibles vulneraciones derechos.
No obstante, la investigación que ha asumido Luzón se encuentran en una fase preprocesal, es decir no está judicializada, pues trata de dilucidar si hay indicios de delito para presentar una querella ante el juzgado competente; o por el contrario descarta la existencia de una conducta reprochable penalmente. En España, se pretende cambiar el modelo de investigación para asemejarlo al resto de países y cumplir con una de las principales reivindicaciones del Ministerio Público. Para ello, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo emprendió el anteproyecto para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), pero de momento está paralizada, lo que significa que siguen siendo los jueces instructores los que llevan el peso de las investigaciones.
Futuras abstenciones
Con todo ello, la fiscal general del Estado ha rechazado dar todas las pruebas hasta ahora recabadas a la Fiscalía Europea, "sin perjuicio de lo que pueda resultar del transcurso de la investigación". En este sentido, apunta en su decreto que, de hallarse algún indicio relativo a los delitos que perjudiquen a la Unión Europea, "se atendrá siempre al principio de cooperación leal con la Fiscalía Europea". Así finaliza Delgado el decreto que ha redactado este decreto tras escuchar a la treintena de fiscales que conforman la Junta de Fiscales de Sala, cuyo criterio es preceptivo pero no vinculante.
La reunión que, ha durado unas dos horas y con la presencia de alguno de los fiscales por vía telemática, ha recabado el apoyo unánime a las tesis de Anticorrupción. No obstante, seis de los miembros de la Junta han solicitado a Delgado que en el futuro se abstenga de cualquier asunto que pueda afectar o esté relacionado con partidos políticos por su anterior etapa como ministra de Justicia, según han indicado fuentes fiscales a este diario.
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