Las claves para entender las posibilidades de mejorar la ‘Ley Sinde’ en el Congreso

  • Sólo el PP y varios grupos minoritarios de izquierda han presentado enmiendas parciales al proyecto de Ley de Economía Sostenible, en el que se incluye la polémica disposición sobre el cierre de páginas web. ¿Qué proponen estos grupos? ¿Qué posibilidades hay de que sus enmiendas salgan adelante? ¿Por qué los partidos grandes como PSOE, CiU o PNV no han presentado ninguna propuesta para mejorar el texto? Te explicamos todo lo relacionado con el proceso parlamentario que le espera a esta ley.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
Efe
Beatriz Toribio

En las próximas semanas comenzará a debatirse en la Comisión de Economía el proyecto de Ley de Economía Sostenible, donde se recoge la disposición adicional segunda –más conocida como ‘Ley Sinde’- que permitirá cerrar páginas web que atenten contra la propiedad intelectual.

Es el siguiente paso después de que el jueves pasado, el Gobierno lograra que se rechazaran las enmiendas a la totalidad de PP, CiU, UPyD, IU-ICV y Grupo Mixto que pedían la devolución del texto a La Moncloa. El apoyo del PNV y de Coalición Canaria fue clave para salvar este primer escollo parlamentario.

Ahora llega la hora de la verdad. Es en la negociación parlamentaria donde se juegan todas las bazas para mejorar la ley que más polémica ha generado en la Red, ya que de salir adelante tal y como ha planteado el Ejecutivo supondrá un serio varapalo para los derechos de los internautas.

Estas son las claves para entender el proceso parlamentario que le espera a esta ley.

-¿Qué partidos han pedido suprimir la ‘Ley Sinde’? Existe un rechazo generalizado entre todos los grupos de la oposición a la Ley de Economía Sostenible en su conjunto y de la disposición adicional segunda en particular. Pero son pocos los que han pedido la eliminación de la ya conocida como 'Ley Sinde'.

De los cinco grupos que presentaron enmiendas a la totalidad, sólo PP, UPyD y BNG hacían mención a esta polémica ley. Y en las enmiendas parciales –que son las que ahora se negociarán en la Comisión de Economía- sólo Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), por un lado, IU-ICV, por otro, y Nafarroa Bai han presentado textos en los que se pide la supresión de la disposición adicional segunda en aras de reformar la actual Ley de Propiedad Intelectual.

-¿Han presentado todos los partidos enmiendas para mejorar el texto? No. Sólo lo han hecho el Partido Popular y algunos grupos de izquierda, concretamente ERC,IU-ICV, NaBai y BNG. Coalición Canaria también ha presentado algunas enmiendas que afectan a la Propiedad Intelectual y a los derechos de los internautas, pero no están relacionadas directamente con la ‘Ley Sinde’.

Ni el Grupo Socialista los grupos de PNV y CiU han presentado enmiendas parciales a la disposición adicional segunda. UPyD tampoco ha presentado ninguna propuesta al proyecto de ley de Economía Sostenible. El grupo de Rosa Díez considera que es incongruente hacer propuestas a una ley que rechazan en su totalidad.

-¿Qué posibilidades hay de cambiar la actual redacción de la disposición final segunda? Pocas porque CiU y PNV, los grupos en los que el Gobierno se apoya para sacar adelante sus reformas más importantes, no han presentado enmiendas para mejorar la polémica disposición sobre el cierre de páginas web. Llama la atención sobre todo en el caso del PNV, ya que fue uno de los partidos que más se opuso a esta polémica norma y que junto con ERC y UPyD creó un frente para pedir una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual. Además se espera que el PNV sea un grupo clave para sacar adelante la Ley de Economía Sostenible tras el pacto alcanzado en los Presupuestos.

Los responsables del Grupo Vasco y del Grupo Catalán aseguran que harán todo lo posible para que la disposición adicional segunda no salga del Congreso tal cual llegó del Gobierno y confían en mejorarla en la negociación parlamentaria. Pero hoy por hoy desconocemos cuáles son sus propuestas para ello. Habrá que esperar a las enmiendas transaccionales que presenten en la Comisión de Economía.

Las enmiendas del PP tienen pocas posibilidades de prosperar debido al distanciamiento con el Gobierno y el resto de enmiendas proceden de grupos minoritarios que no suelen ser clave en las negociaciones, a excepción de Coalición Canaria.

-¿Qué propone el PP en sus enmiendas parciales? El principal grupo de la oposición centra sus propuestas en la composición de la Comisión de Propiedad Intelectual, el órgano dependiente del Ministerio de Cultura al que se le da la potestad de denunciar páginas de Internet que atenten contra la propiedad intelectual. Los populares no piden la eliminación de este órgano pero sí que esté compuesta por cinco miembros y que éstos sean “reconocidos profesionales” en la propiedad intelectual y en sus repercusiones económicas. Por ello, proponen que sean nombrados por el Ministerio de Cultura a propuesta del presidente de la Comisión Nacional de la Competencia y de los ministerios de Economía, Cultura y Justicia.

Jose María Lassale, el potavoz del PP en la Comisión de Cultura, destaca que el principio que persigue su grupo con estas enmiendas es que “el levantamiento de cualquier IP esté condicionado a una previa autorización judicial” y que sea el juez quien tenga la última palabra. Además, el PP propone que que para dictar dicha autorización se “escuche al Ministerio Fiscal, a los prestadores de servicios de la sociedad de la información y a los usuarios”, añade.Por otro lado, también amplían las materias de arbitraje para los litigios que suelen enfrentar a usuarios y entidades de gestión. Otra enmienda se centra en el canon digital y establece un plazo de un mes para que el Gobierno remita un proyecto de ley de Propiedad Intelectual en el que se aborde la supresión de la citada compensación equitativa.

- ¿Qué pide IU-ICV? Además de instar a la supresión de la ‘Ley Sinde’, este grupo ha presentado varias enmiendas para que en la Comisión de Propiedad Intelectual  estén representados los internautas. Proponen que sea el Consejo de Consumidores y Usuarios quien elija a un representante de los usuarios. También se insta a que si se comente una actividad ilegal relacionada con la Propiedad Intelectual se corte esa actividad (blog o página web) y no el acceso de un usuario a la red telefónica.

Mejoras en la redacción a favor del peso de la autorización judicial previa al cierre de una página web y ampliar las garantías jurídicas en torno a las páginas de enlaces completan las enmiendas del grupo formado por Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds.

- ¿Qué propone ERC? También pide que se saque la disposición adicional segunda de la Ley de Economía Sostenible ya que, en palabras de su portavoz parlamentario, Joan Ridao, es “poco razonable” que se reforma una cuestión tan importante “por la puerta de atrás”. En una disposición transitoria piden que el Gobierno presente una reforma integral de la Ley de Propiedad Intelectual en el plazo de seis meses.

En caso de que la supresión de la disposición sobre el cierre de páginas web no se acepte, ERC ha preparado otra enmienda en la que se establece que sea sólo la Justicia ordinaria la que sancione cualquier conducta irregular y no un órgano administrativo, como propone el texto. Con esta propuesta, serán los Juzgados de lo contencioso-administrativo los que deberán autorizar el cierre de páginas web que ofrezcan al público obras y prestaciones protegidas sin autorización de su titular.

-¿Y el resto de grupos? Coalición Canaria y BNG son los otros dos grupos que han presentado enmiendas relacionadas con Internet. Las del grupo canario no proponen modificar la disposición final segunda, sino que se trata de enmiendas adicionales al proyecto de ley en contra del bloqueo del tráfico de datos y en favor de incluir obras sin necesidad de autorización del autor siempre que se trate de un fin sin ánimo de lucro. También han presentado una enmienda sobre las condiciones para la utilización de obras en dominio público.

El grupo nacionalista gallego centra su enmienda en que se escuche al "demandado" antes de interrumpir el servicio relacionado con la sociedad de la información o retirar contenidos que vulneren la propiedad intelectual.

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