El próximo 27 de abril, un día antes de las elecciones generales, ocho autonomías -Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Extremadura, Madrid, La Rioja y Castilla y León- celebrarán de forma simultánea las oposiciones de auxiliar de enfermería, unas pruebas que llevaban años sin convocarse en algunas regiones y que ponen en juego 11.600 plazas que se disputarán más de 90.000 aspirantes. El acuerdo, al que al que a última hora se adherió Castilla y León y del que se han descolgado Murcia y Cataluña, tiene un claro objetivo: evitar el turismo de oposiciones.
Durante años, la celebración de las pruebas de una misma especialidad en días diferentes según la comunidad había generado la figura de un opositor dispuesto a la movilidad geográfica, que realizaba los exámenes allí donde se convocaban, y provocaba una competencia, en muchos casos desleal, entre las regiones por quitarse especialistas con convocatorias diferentes y condiciones de evaluación distintas. Ahora, de la mano del Ministerio de Sanidad y Bienestar Social y con el aval de los sindicatos priman las convocatorias conjuntas. En la última, la de celadores, 180.000 personas en una decena de comunidades se disputaron 5.000 puestos.
Pese a la coordinación entre las administraciones autonómicas, determinadas comunidades generan mayor efecto llamada, debido a las mejores condiciones laborales y económicas, y en otras la oferta supera con creces los especialistas y a la gente con titulación residente en la comunidad. Así, más de cien mil personas han solicitado presentarse a las oposiciones para 13.332 plazas en diferentes puestos del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) y la mayoría de los aspirantes son de fuera. Se trata de puestos pensados para convertir personal eventual e interino en indefinido y en esas condiciones apenas hay 28.000 efectivos en la comunidad autónoma.
En las limitadas Ofertas de Empleo Público de 2015 en Madrid, una de cada tres plazas plazas fue para profesionales de otras regiones, lo que supuso la expulsión de los interinos que estaban al servicio de las sanidad madrileña de los puestos pensados para darles estabilidad. El encaje de las piezas es complicado teniendo en cuenta las diferencias salariales, de horarios, de estabilidad y de carga de trabajo entre las comunidades, unos factores que hacen que algunas sean especialmente atractivas y otras, la última opción a la hora de opositar.
La postura de las comunidades
Las consejerías de las comunidades abogan por el diálogo y cada vez hay más convocatorias conjuntas, aunque siempre hay alguna Administración que se descuelga, lo que provoca pruebas con decenas de opositores aspirando a una sola plaza. El consejero de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, abogaba hace solo unos días por una mayor coordinación entre comunidades para que unas convocatorias anticipadas en determinadas regiones no provoquen una huida de talento de otras.
Mientras, el consejero de Sanidad de Castilla y León, Antonio Sáez Aguado también apostaba por el consenso desde una comunidad que se unió a la convocatoria del día 27, de la que en principio no era partidaria, "porque era la mayoritaria y beneficiaba a todos". La defensa de las pruebas conjuntas se fundamenta en esta región en el déficit de profesionales, sobre todo en el sector sanitario y en el área rural. La última propuesta de la Junta a los sindicatos para fomentar la movilidad ha sido impulsar incentivos económicos de hasta 6.000 euros para los médicos para que se desplacen a zonas de difícil cobertura, un aliciente que seguro no pasará desapercibido en otras CCAA.
La mayor oferta de empleo en décadas
La mayoría de las oposiciones de los próximos meses, en un año especialmente atractivo para los futuros funcionarios en el que ya se han convocado más de 100.000 plazas en los diferentes boletines regionales, será conjunta en buena parte de las comunidades según la especialidad. Coincidiendo con los comicios generales, autonómicos, locales y europeos, las diferentes administraciones han impulsado las ofertas de empleo que fueron congeladas durante la crisis. El objetivo ahora es renovar una plantilla envejecida y reducir la tasa de temporalidad.
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