Lunes, 15.10.2018 - 11:17 h
Al menos  hasta el verano

Las diferencias entre PSOE y PNV frenan la derogación de la ley mordaza

El PSOE quiere volver a la ley de la patada en la puerta pero el PNV no. Al enviar propuestas diferentes la tramitación y el acuerdo son complejos.

Manifestación contra la ley mordaza
Manifestación contra la ley mordaza.

Muchas protestas en las calles y pocos acuerdos en los despachos. El Congreso va a ralentizar la tramitación parlamentaria de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada 'ley mordaza' por sus detractores, ya que primero tendrá que unificar los textos presentados por el PNV y el PSOE y después constituir un grupo de trabajo que requerirá discusiones más pausadas. 

En septiembre de 2017, el Pleno del Congreso admitió a trámite dos proposiciones de ley distintas para acabar con la vigente Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el Gobierno del PP en su etapa de mayoría absoluta y recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Una iniciativa, del PSOE, propone eliminar toda la ley del PP y volver a la anterior legislación en la materia, que data de 1992 y que es la conocida como 'ley Corcuera' por el entonces ministros del Interior socialista o 'ley de la parada en la puerta' por el punto que acabó recurrido ante el TC.

La otra es una propuesta del PNV que modifica la ley vigente sin necesidad de retrotraerse a 1992 y que hasta el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se mostró dispuesto a aceptar como punto de partida. Desde que fueran tomadas en consideración por el Pleno del Congreso en septiembre, las dos reformas cayeron en un limbo y, semana tras semana, se fueron ampliando los plazos de presentación de enmiendas en la Mesa del Congreso.

Cinco meses después, el 27 de febrero se acabaron las prórrogas y todos los grupos parlamentarios debieron presentar sus enmiendas parciales a las dos proposiciones de ley, pero la tramitación no ha acabado de desbloquearse.

La Comisión de Interior del Congreso encargó un informe a los letrados para ver cómo tramitaba las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, dado que las iniciativas del PSOE y del PNV no son exactamente iguales, aunque hayan coincidido en el tiempo. El informe de los servicios jurídicos confirma que la tramitación no va ser tan sencilla como se pensaba.

El PSOE quiere volver a la ley Corcuera, el PNV, no

Los letrados han avisado de que, si los textos del PSOE y del PNV siguen su camino por separado, "puede dar lugar a incongruencias de procedimiento y de resultado, ya sea por reiteración de decisiones legislativas, lo que es contrario a un elemento principal de economía procesal, o por otra parte, lo que es peor, por posibles divergencias y contradicciones contrarias a la lógica jurídica".

Teniendo en cuenta que ese doble procedimiento "no parece el mejor método", los letrados apuestan por la "acumulación o tramitación conjunta" de las dos iniciativas con el objetivo de alumbrar "un texto resultante" que unifique los textos del PSOE y del PNV.

Por ello, aconsejan constituir dos ponencias paralelas, una sobre la derogación que plantea el PSOE y otra con la modificación que propone el PNV, para que se reúnen conjuntamente y propongan a la Mesa del Congreso la tramitación acumulada de un solo texto que unifique las dos proposiciones de ley y sus respectivas enmiendas, todo ello bajo una nueva denominación.

En la unificación de los textos tiene más que perder la proposición de ley del PSOE, ya que se remonta a la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 que ya ha sido derogada por la de 2015 y que a lo largo de estos 25 años ha sido ya ampliamente rebasada por los distintos cambios que se han producido en la legislación penal.

Con el aval de la Mesa del Congreso, que ya no será antes del 3 de abril, como muy pronto, se pondría en marcha ya una única ponencia de 13 diputados para trabajar a puerta cerrada en ese texto base que fuera común a ambas propuestas. "La tramitación se presume compleja", avanzan los letrados.

Antes de verano, imposible

Ese texto común, que no podrá resolverse en menos de tres o cuatro sesiones de trabajo ya que habrá que ir incorporando enmiendas de uno y otro origen, dará lugar a un informe que después se elevará a la Comisión de Interior para su debate. El dictamen de la Comisión, donde todo apunta a que abundarán las enmiendas transaccionales y pactos puntuales sobre la marcha, se pasará al Pleno del Congreso para su votación definitiva. Los grupos parlamentarios que no se consideran representados en el dictamen tendrán opción a elevar votos particulares, lo que aún prolongará más las negociaciones.

Y al final, y dado que se trata de una ley orgánica, el texto deberá ser aprobado por mayoría absoluta en el Pleno del Congreso, lo que implica reunir al menos 176 votos de diputados. Si se supera este umbral, la iniciativa de reforma de la 'ley mordaza' se enviará al senado para volver a empezar todo el trámite, esta vez en un contexto de mayoría absoluta del PP.

Así las cosas, y sabiendo que por medio habrá un debate presupuestario que tiene prioridad en la Cámara, fuentes parlamentarias apuntan a que la reforma, que no derogación, de la Ley de Seguridad Ciudadana no saldrá del Congreso hasta el verano, como pronto.

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