Las diputaciones piden poder renunciar al 26 % de sus competencias impropias

Valencia, 18 abr.-Las diputaciones provinciales aseguran que el 26 por ciento de sus competencias y las de los ayuntamientos no les corresponden y les "hipoteca económicamente", por lo que pedirán al Gobierno central la reubicación de las funciones impropias.

Ésta ha sido una de las conclusiones a las que ha llegado la Comisión de diputaciones, cabildos y consejos insulares de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), reunida hoy en Valencia y presidida por el máximo responsable de la Diputación valenciana, Alfonso Rus.

Los presidentes provinciales han elaborado un documento base con sus peticiones, que terminarán de elaborar el 3 de mayo para trasladarlo a la FEMP y que esta, a su vez, lo elevará al Ejecutivo central.

Rus ha explicado en rueda de prensa que ese documento, bautizado como "Declaración de Valencia", tiene como objetivo el fortalecimiento institucional y la modernización de las diputaciones, y propone realizar una reforma para que sean más eficaces y se dediquen, sobre todo, a la gestión de los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que aglutinan a 15 millones de españoles

Esos consistorios "no deben desaparecer", según Rus, y para ello necesitan el apoyo de las diputaciones, que son a su juicio las instituciones "más eficaces que hay a nivel nacional".

Según ha señalado, las corporaciones provinciales son las administraciones del Estado "con menos deuda" y también "las más directas y más baratas" y ha añadido que es "impensable" que su trabajo "pudiera hacerlo otra administración".

En este sentido, el vicepresidente de la FEMP y presidente de la Diputación de Zamora, Fernando Martínez, ha señalado que en el actual contexto económico "las diputaciones no son el problema, sino parte importante de la solución" debido al "magnífico papel" que juegan en la gestión de los pequeños consistorios.

Por ello, la "Declaración de Valencia" indica que la crisis ha colocado a las diputaciones en un escenario "en el que son cuestionadas", planteando incluso su desaparición "en base a un supuesto ahorro presupuestario, sin contar con que esas propuestas no se acompañan de estudios que identifiquen las consecuencias de su desaparición".

Asimismo, considera que las propuestas que plantean la "viabilidad de los entes intermedios" son "desconocedoras de la realidad", ya que la eliminación de las corporaciones "no implica necesariamente el ahorro de su presupuesto, dado que los servicios deben continuar prestándose".

A este respecto, Rus ha recordado que la mayoría del personal de las diputaciones es funcionario y que los políticos y asesores "solo representan el 1,5 por ciento del presupuesto" de las instituciones provinciales.

El presidente provincial también ha destacado el papel de las diputaciones para los municipios pequeños y ha apostado por ampliar los servicios que prestan a los consistorios y hacerse cargo, por ejemplo, del tratamiento de aguas residuales o de la gestión de los cementerios, "a cambio" de más financiación por parte del Estado.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de diputaciones y máximo responsable de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, ha recordado que las competencias "tienen que venir parejas con la financiación" y ha abogado por delimitar "claramente" las funciones de cada administración.

Además, ha reconocido que las estructuras de algunas diputaciones españolas "están obsoletas" y hay que "adaptarlas, mejorarlas y reformarlas a las demandas del siglo XXI", puesto que están "dando servicios que ya no tienen mucho sentido".

Para ello, la comisión ha acordado crear un grupo de trabajo que analice el gasto no competencial y de las duplicidades entre las administraciones para "avanzar en la racionalización, en la optimización del gasto, en la distribución equitativa de los recursos públicos y en la clarificación competencial". EFECOM

NAC/CHS