Serios problemas para Pedro Sánchez y su propuesta para topar el precio del gas en la Península Ibérica. La llamada "excepción ibérica" se está encontrando con importantes escollos tanto internos, en España y Portugal, como externos, en el resto de la Unión Europea. Por eso en el Gobierno están empezando a encender las alarmas con respecto a una medida que consideran imprescindible para poder rebajar la factura eléctrica y en la que Moncloa y Transición Ecológica han puesto la mayor parte de sus esperanzas para atajar la inflación disparada. En el seno del Consejo de Ministros reconocen que a medida que avanzan los días la negociación con la Comisión Europea se complica más y más.
Diferentes fuentes, tanto internas del Gobierno como del sector eléctrico, reconstruyen para La Información cuál es el estado de situación en este momento de las conversaciones para poder adaptar el tope ibérico del gas. Existen tres niveles de resistencia a la propuesta de España y Portugal. En primer lugar se encuentra las dudas de la propia Comisión Europea. No tanto a nivel político sino más bien técnico. Y es que los servicios jurídicos que trabajan bajo las órdenes de la comisaria de Energía, Kadri Simon, no terminan de ver el encaje legal de la propuesta que han enviado los gobiernos ibéricos. El sistema planteado limitaría la exportación de electricidad a Francia mediante un modelo de doble casación del precio, uno para la energía consumida en España y Portugal y otra para la exportada al otro lado de los Pirineos. Se pretende así evitar que otros países puedan comprar electricidad subvencionada. Pero, pese a los intentos de los ejecutivos de Sánchez y Antonio Costa, en Bruselas no aceptan el encaje legal a este planteamiento y por eso la negociación se está complicando.
Esta situación está generando, a su vez, cierta intranquilidad en otros gobiernos. Esta es la segunda resistencia: doce países, liderados por Alemania, Países Bajos y los nórdicos, que consideran que la "excepción ibérica" marcaría un precedente peligroso en la UE. "Sería la primera vez que se legisla ad hoc para una situación particular", explican fuentes del sector.
En efecto, topar el gas en España y Portugal sería un hito y entre varios socios que se sentaron en el Consejo Europeo del mes pasado, como es el gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, no ven con buenos ojos adoptar una decisión así por un "problema político" que sufren dos países de la Unión. Sí, "problema político", porque Sánchez lo ha convertido en ello, al apostar por esta medida inédita para rebajar el precio del 'pool', para que baje el PVPC, para que, a su vez, baje la inflación. Los huevos de España se encuentran en esta cesta.
Estos países críticos se preguntan por qué el Gobierno español no han activado ya otros mecanismos para rebajar el precio de la energía y que no dependa de los vaivenes del gas. "Por qué no hacen como otros estados miembros de la UE y dejan de trasladar directamente el precio del 'pool' a la tarifa regulado". Portugal lo hace y no sufre los problemas de España cuando el precio de la electricidad se disparada, explican
El frente eléctrico se mueve en Bruselas
Esta pregunta es también planteada por las grandes empresas eléctricas, que están moviendo sus hilos en Bruselas para que este tope ibérico no fructifique tal y como está planteado por el Gobierno español. Son la tercera reticencia con la que se está encontrando la alianza ibérica. La presión es muy potente y está siendo capitaneada por Iberdrola y Endesa, la dos grandes perjudicadas. Junto con Aelec, la patronal del sector, conforman un tridente que está movilizándose. Lo hacen trasladando también sus dudas a Bruselas con datos, informes o conversaciones, según admiten fuentes de estas compañías. Todas las energéticas mantienen una interlocución constante con el equipo de Simson. "Si no nos escuchan en un foro, tendremos que ir a otro", apunta una fuente implicada en este frente eléctrico.
La presión está siendo capitaneada por Iberdrola y Endesa. Junto con Aelec, la patronal, conforman el tridente
El Gobierno ha detectado estos movimientos de las eléctricas para hacer naufragar el plan de Sánchez y Ribera, una situación que es un nuevo capítulo de la guerra eléctrica, que se está convirtiendo en una constante en esta legislatura. Por eso varios ministros han criticado con dureza al sector en las últimas horas. Lo hizo Sánchez y también Nadia Calviño.
Es importante diferenciar en este punto que en el sector consideran que la "excepcionalidad ibérica" no es tal porque, según valoran, los lusos han hecho los deberes y han aprobado los cambios legales necesarios. Afirman que se trata más bien de una "excepcionalidad española", de ahí que Moncloa y Transición Ecológica hayan puesto mayor voluntad en solucionar este problema que el Ejecutivo de Lisboa.
"No se puede arreglar el problema para generar otro, pedimos un poco de racionalidad", afirma el sector
¿Por qué las principales eléctricas se oponen al plan ibérico para el gas de Sánchez y Ribera? Porque los perjudicados serían los llamados "previsores", los clientes que firmaron contratos a precio fijo y de largo recorrido, que son a quienes se cargaría el sobrecoste del tope. Es una línea roja, ya que consideran que no pueden salir perjudicados esos "previsores". Así lo han puesto en conocimiento de Bruselas a través de estas acciones de presión. "Es como si a un cliente con una hipoteca a precio fijo le dices que ahora va a tener que pagar más", ejemplifican desde una de las grandes la problemática. En Portugal, la eléctrica EDP también ha expresado dudas similares. "Los problemas están igual identificados", indican las fuentes. "Las eléctricas lo que pedimos es que se tope todo el gas, no sólo los ciclos combinados", añaden. Una solución que no se encuentra sobre la mesa en este momento. "No se puede arreglar el problema para generar otro, pedimos un poco de racionalidad", concluyen.
El próximo lunes se cumple un mes desde que Sánchez consiguiera la "excepción ibérica" en el complicado Consejo Europeo de marzo. Un mes y las negociaciones, indican desde el Gobierno, no está nada clara, pese a que Ursula Von der Leyen garantizase la medida en público. La cifra de 30 euros/MWh se considera especialmente baja en Bruselas y ahora el rango que se está negociando al más alto nivel se encuentra más cercano a los 50-60 euros/MWh, siempre según fuentes del sector eléctrico ya que el Gobierno oficialmente prefiere no comentar nada de las conversaciones.
A esta situación hay que añadir las discrepancias internas que existen en el Gobierno de coalición. Yolanda Díaz está intentando que el tope se acerque más a los 30 euros/MWh iniciales pero son conscientes de que está complicado. Su equipo sigue negociando con el de Ribera que ese sobrecoste sea asumido por las eléctricas, con una minoración mayor de los llamados 'beneficios caídos del cielo'. El partido continúa abierto.
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