El transporte municipal, en pie de guerra: teme pagar 1.000 millones más por IVA

Las empresas municipales de transporte público urbano están en pie de guerra contra Hacienda desde que hace unos meses comenzaran a abrirles inspección por el IVA de los últimos cuatro años. Hasta 2016 se consideraba que las aportaciones de las administraciones al transporte público permitirían cubrir el déficit del servicio, pero no bajar el precio del billete. No estaban obligados a gravar el 10% IVA, pero entonces la Agencia Tributaria cambió la forma de interpretar la ley.

Según los datos que maneja la Asociación de Transporte Público (ATUC), Hacienda ha abierto inspección a más de una decena de empresas municipales en los últimos meses y temen que la cifra sigue creciendo. El colectivo mueve anualmente de 5.000 millones de euros, de los que 2.500 millones se hacen cargo los ayuntamientos. Es decir, que la Agencia Tributaria podría reclamarles el 10% de esta cantidad, lo que elevaría el coste de los últimos cuatro años a 1.000 millones.

¿Pero quién debe pagar? Las empresas recibieron las subvenciones de las administraciones sin IVA, la cantidad que ahora Hacienda les reclama. Y algunos ayuntamientos no quieren saber nada cuando entienden que ellos siempre cumplieron con la ley.

“Algún ayuntamiento se puede negar a pagar y Hacienda va a ir contra las empresas. Eso va a ser un roto en las cuentas de alguna de ellas”, asegura Jesús Herrero, secretario general de ATUC. Y es que, a pesar de firmar actas en disconformidad, las sociedades han ido pagando o presentando un aval para hacer frente a unas inspecciones que han “seguido llegando en los últimos meses pese al cambio de la Ley del IVA en julio, en la que ha quedado clara la interpretación”, añade.

Tras la publicación en el BOE de dicha ley el 10 de noviembre, los operadores de transporte público urbano lograron solucionar el problema a futuro. Ya no tendrán que pagar el 10% del IVA. Ahora, esperan que la Dirección General de Tributos reconozca la retroactividad de la ley. “En casos anteriores los cambios de leyes tuvieron efectos retroactivos que beneficiaron a Hacienda. Ahora quieren que la ley no sea retroactiva”, critica Joan Prat, director general de la Asociación de municipios por la Movilidad y el Transporte Urbano (AMTU).

“Lo que no podemos entender es cómo nos pueden pedir el IVA de años anteriores si la ley no ha cambiado y a partir de ahora ha quedado claro que no tendremos que pagarlo”, resume Jesús Herrero.

De cara al futuro “la mejor opción no es subir el precio si estamos luchando para acabar con la contaminación en las ciudades”, asegura Joan Prat, porque “de aquí en adelante no habrá que pagar el 10% del IVA”, aunque no descarta que alguna de las empresas puedan reducir un 10% sus servicios de forma temporal para pagar las sanciones de Hacienda si las administraciones locales se desentienden de ello.