Las empresas, obligadas a 'desnudar' los sueldos para controlar la desigualdad

Los empresarios estarán obligados a llevar un registro de los salarios de sus trabajadores, desagregados por sexo, grupo y categoría profesional, para evitar la brecha salarial. El Consejo de Ministros acaba de aprobar un Real Decreto Ley que obliga a las compañías a contar con estas tablas salariales y permite a las trabajadoras (y a los trabajadores) acceder al registro para conocer los sueldos de sus compañeros.

Según ha explicado la vicepresidenta, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, durante su comparecencia tras el último Consejo de Ministros antes de la disolución de las Cortes, el Gobierno pretende incluir el concepto de "a igual trabajo, igual salario" y atajar una situación actual en la que "muchas mujeres no saben la discriminación salarial en la que se encuentran, porque no conocen las retribuciones del resto". 

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A partir de la inminente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este Real Decreto Ley, las empresas con más de 50 trabajadores que operan en España deberán realizar este registro de manera obligatoria. "El empresario está obligado a llevar un registro con los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de su plantilla, desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales, categorías profesionales o puestos de trabajo iguales o de igual valor", según consta en el texto que ha podido consultar La Información.

Además, los trabajadores tendrán derecho a acceder al registro salarial de su empresa y "cuando en una empresa con al menos veinticinco trabajadores, el promedio de las retribuciones a los trabajadores de un sexo sea superior a los del otro en un veinticinco por ciento o más, tomando el conjunto de la masa salarial o la media de las percepciones satisfechas, se presumirá que concurre discriminación salarial por razón de sexo, salvo prueba en contrario que lo justifique por motivos no relacionados con el sexo de los trabajadores”.

Pero no solo eso. El Ejecutivo ha extendido la obligación de contar con planes de igualdad a las empresas con más de 50 trabajadores, cuando ahora el nivel se sitúa en los 250 empleados. Si bien la presión de los empresarios, que consideran que esta medida, que incluye la realización de auditorías salariales obligatorias, es perjudicial para las empresas más pequeñas, ha arrancado al Gobierno un plazo de aplicación de tres años para estas compañías menores. Sin embargo, las empresas de más de 250 trabajadores estarán obligadas a auditar su brecha salarial de aquí a un año, según ha concretado la ministra.

La vicepresidenta ha explicado que, finalmente, se ha establecido este "camino de transición" para dotar a las empresas de un "periodo de adaptación razonable" a estas "circunstancias transformadoras de derechos". No en vano, se trata de un cambio normativo de gran relevancia al que algunas compañías, sobre todo las más pequeñas, podrían tener "muchos problemas para adaptarse", critican fuentes de la patronal que consideran que este tipo de medidas elevan los costes y perjudican la competitividad de las empresas.

Adicionalmente, pero en el mismo texto legal que busca atajar la desigualdad de género en el mercado laboral, el Gobierno ha dado luz verde a la equiparación de los permisos de paternidad con los de maternidad, de nuevo en un plazo temporal amplio. El permiso por paternidad pasará de cinco a ocho semanas ya en 2019, a 12 en 2020 y hasta 16 en 2021, equiparándolo así al de maternidad.

También se ha incluido otra medida, a juicio de Calvo, fundamental para atajar una brecha retributiva en las pensiones que ha cifrado en hasta el 40% (unos 370 euros). Se trata de la recuperación de la cotización de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia. Un colectivo formado mayoritariamente por mujeres que abandonan sus trabajos para ejercer estos cuidados y sufren una "discontinuidad en sus cotizaciones" que acaba por perjudicar la pensión de jubilación. 

En total, la responsable de Igualdad ha cifrado las dos medidas que suponen incremento del gasto para este año (la ampliación de los permisos de paternidad y la cotización de los cuidadores) "en torno a 610 millones de euros", una cifra que ha considerado "razonable y prudente desde el punto de vista presupuestario". Hay que recordar que, de acuerdo con los cálculos del propio Ejecutivo, la equiparación total de los permisos de los padres supone casi 1.300 millones de euros y la cotización de los cuidadores unos 315 millones de euros anuales.